Ya han pasado más de dos meses desde que el Ejecutivo promulgó la Ley de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones. El siguiente proceso es la reglamentación de la normativa para que pueda empezar a regir oficialmente.
Hasta el momento no se tiene novedades respecto a quién será el superintendente de Jubilaciones ni tampoco sobre los candidatos para integrar el Consejo de Seguridad Social.
No obstante, se espera que próximamente el Gobierno convoque a una reunión tripartita con representantes de empresarios y trabajadores para conformar el Consejo de Superintendencia de la Seguridad Social.
Es importante señalar que este organismo tendrá la autoridad de intervenir en casos de crisis. Desde esa promulgación y hasta la fecha han surgido dos grandes denuncias respecto a dos cajas, la Bancaria, que actualmente está siendo intervenida por el Banco Central del Paraguay, y la Municipal, que ayer miércoles la Comisión Permanente aprobó un proyecto de declaración instando al Ejecutivo la intervención de la misma.
Proyecto de declaración
Teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa la Caja Municipal, ayer la Comisión Permanente aprobó el proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a decretar la intervención de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal”, presentado por la diputada Rocío Vallejo.
La proyectista aseguró que existen muchas personas afectadas por la situación actual de la Caja Municipal, que aglutina a más de 260 municipios de todo el país; es decir, a las personas jubiladas y a los funcionarios activos que aportan actualmente.
“Tenemos una población afectada por la insolvencia por la que está atravesando la caja. El problema es que varios jubilados ni siquiera han cobrado sus haberes del mes de diciembre y es una situación muy delicada”, sostuvo la diputada. Asimismo, solicitó que el Poder Ejecutivo intervenga y controle, así como lo establece la Ley.
Según Vallejo, la situación actual de la citada Caja es “consecuencia de años y años de corrupción”. La parlamentaria mencionó que a pesar de las innumerables denuncias, la única vez en que se tuvo una sentencia fue en el 2010 contra un expresidente de la Caja por lesión de confianza por más de G. 1.700 millones.
La diputada sostuvo que la Constitución Nacional impone al Poder Ejecutivo la misión de realizar el control estatal de las Cajas Jubilatorias en el artículo 103.
“Ya hemos escuchado voces de la que la intervención no puede ser realizada, hace poco fue promulgada la Ley de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones que establece la intervención, si esa es la vía pido al Ejecutivo a través de la Comisión Permanente que aceleren los medios para poner en práctica esto, pero no puede seguir pasando un día más sin que se tomen acciones o se busquen soluciones”, enfatizó.
Además, indicó que las intendencias deben más de G. 130.000 millones a la Caja, solo la de Ciudad del Este debe más de G. 30.000 millones.
Por su parte, el senador Basilio Núñez sostuvo que es probable que este pedido de intervención no sea la única, teniendo en cuenta, según dijo, que la mayoría de las cajas, si no están en quiebra, están siendo mal administradas.
A su turno, la senadora Esperanza Martínez pidió que el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos sea convocado para discutir respecto al tema. “Hay un pedido reiterado que no tiene respuesta, y el temor es que el ministerio de Economía de nuevo tome el tema de la reglamentación de la Ley, que ya fue aprobada como una excusa para prolongar el tema”, manifestó.
Añadió que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) también debe hacer su parte porque existen cajas en donde las autoridades tienen mandato fenecido, por lo que se debe convocar a elecciones para la elección de nuevas autoridades.
“No solo tenemos que tener una intervención transitoria, tienen que (las cajas) tener nuevas autoridades que surjan de un proceso democratico. No se están produciendo los hechos políticos y técnicos para resolver, y está en la Justicia Electoral y en el MEF”, reclamó.
Por su lado, el legislador Dionisio Amarilla acotó que ante esta situación el Ejecutivo también debe acelerar no solamente la nominación del superintendente de jubilaciones y pensiones.
“Si se quiere regularizar que sea el órgano rector recientemente instaurado el que empiece a funcionar, pero en esta etapa corresponde lo peticionado por la diputada Rocio Vallejo”, concluyó.
