Giménez indicó que el decreto, emitido por el Ejecutivo a finales de junio, apunta a ordenar la venta de un tipo de combustible muy específico, que es el denominado búnker, que se destina a la carga de remolcadores y representa el 5% del volumen total de combustibles.
Explicó que al ordenar el sector se apunta a controlar mejor posibles evasiones impositivas que se podían estar dando dentro del mismo.
“Lo que se estaba haciendo era que algunos importadores estaban trayendo el combustible búnker, sin pagar impuestos, para la carga de remolcadores, pero en realidad estaban vendiendo al mercado interno, constituyendo esto una situación de evasión”, explicó.
Señaló que cualquier remolcador podía encontrarse en cualquier punto del río y cargar con una manguera a camiones cisterna y es por ello que el decreto establece que el combustible búnker que se importa al Paraguay se va a cargar solamente en los puertos que tengan un tancaje determinado, como una manera de controlar.
Explicó que este decreto se origina en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que detectó una inconsistencia entre el volúmen que se importa para cargar remolcadores y la declaración de los litros que se cargaba en los mismos.
“La DNIT, con ánimo de combatir la evasión, establece que se pueda cargar este combustible que no paga impuestos en lugares que tengan las condiciones de infraestructura para hacerlo y controlar mejor”, refirió.
Giménez aseguró que «esto no le obliga a nadie a tener que invertir en infraestructura, porque en el negocio del búnker hay muy pocos actores. “Son cuatro empresas de porte grande”, precisó.
En ese sentido, reconoció que le llama la atención y preocupa el tenor de las declaraciones de una marca líder del sector en Paraguay, como la firma Shell, cuyo representante advirtió que el decreto busca brindar condiciones de exclusividad a la petrolera estatal Petropar.
“Hay que separar el contexto de la recuperación de Petropar y esta medida en particular», dijo Giménez al ratificar que el Ministerio de Industria y Comercio tiene una responsabilidad y un control sobre las condiciones de competencia para que estas sean normales y «para que los privados actúen de manera ordenada y tranquila».
“La preocupación del MIC es que las empresas compitan en un ambiente justa y legal, y que no haya distorsiones por parte de los actores de esta mecánica de competencia”, aseveró el ministro.
