Diferentes comisiones del Senado llevaron adelante este martes una audiencia pública para tratar el documento referente al rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, iniciativa que pretende crear la Superintendencia de Pensiones.
Además de los legisladores, también estuvieron presentes representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Procuraduría General y del Banco Central del Paraguay (BCP).
Al inicio de la audiencia, Carlos Carvallo, presidente del BCP, explicó que el problema del sistema de pensiones y jubilaciones proviene de dos o más aspectos: uno es estructural y de diseño, y otro es de administración y de discrecionalidad.
“El primero de los problemas mencionados tiene que ver con la fragmentación y el diseño de gobernanza de las diferentes entidades que podría implicar problema a futuro de solvencia financiera, pero ese es un tema que implica, seguramente, reformas estructurales que exceden esta audiencia, y también el proyecto de ley que está en debate, pero que no por ello están ausentes de la realidad nacional”, explicó.
Carvallo dijo que el otro problema que intenta resolver parcialmente el proyecto de Ley es que el sistema se encuentra hoy desfinanciado, con baja cobertura, con profundas inequidades y con importantes debilidades en la gestión de los riesgos asociados a sus inversiones, “lo que genera también un riesgo para el cumplimiento de las obligaciones presentes, en algunos casos; y futuras, en otro”, advirtió.
El titular de la banca matriz resaltó que en la actualidad los recursos de más de 1 millón de personas no cuentan con supervisión, y que estas entidades tienen un patrimonio neto cercano al 10% del Producto Interno Bruto (PIB), con inversiones en torno a USD 3.400 millones en su mayoría concentradas en préstamos a afiliados y en CDA en bancos de plaza.
“Otro elemento es que las entidades hoy en día también realizan estas inversiones sin un marco general regulatorio, esa también es una realidad. La superintendencia no sustituye a los órganos de administración de las diferentes entidades, yo no estaría de acuerdo si eso fuera así, ni tiene ningún rol en la gestión de esos recursos”, aseguró, en otro momento.
Carvallo sostuvo que amerita la discusión sobre la necesidad de otorgar racionalidad financiera a la administración de los fondos, que tiene que estar basado en tres principios: seguridad, liquidez y rentabilidad. “Ninguno de los tres hoy se cumple de forma correcta”, reclamó.
También dijo que la regulación es una necesidad desde el momento en que la situación financiera de muchas de las cajas implica o implicará el aporte del dinero público de todos los paraguayos, para cubrir los déficits de forma a seguir honrando las pensiones de un porcentaje, hoy minoritario, de paraguayos, con el aporte de la mayoría que nunca se va a jubilar.
Recursos en riesgo
Por su parte, el viceministro de Economía, Carlos Javier Charotti, detalló que los recursos de 1,2 millones de personas no cuentan con una supervisión. Comentó que las entidades cuentan con un patrimonio neto de 9,5% del PIB y realizan inversiones cercanas a los USD 3.597 millones sin un marco general de regulación.
Enfatizó que con el proyecto de Ley no se modificarán las cartas orgánicas de las distintas cajas existentes, ni tampoco se cambiará el límite de edad para jubilarse o el monto de la jubilación. Además, recordó que los fondos de pensiones no pueden ser confiscados por el Estado y que los cambios no serán implementados de manera abrupta e inmediata.
No obstante, dijo que se busca velar por el cumplimiento de lo establecido en las respectivas cartas orgánicas; la superintendencia establece los lineamientos para las inversiones; proporcionará un marco adecuado y prudencia para la gestión de las inversiones.
“Se buscará en todo momento precautelar los recursos de los aportantes. La supervisión siempre está muy ligada a lo que sucede en el sistema financiero, es por eso que el BCP tiene un rol importante en la supervisión de los fondos de jubilación”, indicó.
Sector empresarial se muestra a favor del proyecto
Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), por su parte, expresó que desde el sector empresarial han presentado al Ejecutivo y el Senado una nota con observaciones que tienen que ver con precisar algunas cuestiones del proyecto de Ley que creen que son necesarias.
En este punto, citó que aquellas sugerencias tienen que ver con las funciones del superintendente, las funciones del directorio del BCP dentro del proyecto, las funciones del consejo, también lo que tiene que ver con las inversiones que son permitidas de los fondos de pensiones.
“También hemos hecho algunas acotaciones al tratamiento de los inmuebles que son activos importantes de los fondos de pensiones, trayendo aquello que se había trabajado en el pasado. Consideramos que con esos ajustes, el proyecto es razonable que sea aprobado”, afirmó.
Brindará un superpoder al Superintende
A su turno, la senadora Celeste Amarilla aseguró que con el proyecto se dará un superpoder al superintendente. Aseguró que el superintendente incluso tomará funciones del Congreso porque hay un artículo que señala que el mismo va a poder decidir sobre las leyes e interpretar las leyes. “Está tomando una potestad del Congreso, por un lado, y del Poder Judicial por el otro”, recalcó.
La legisladora mencionó que con el proyecto se quiere derogar la ley del Instituto de Previsión Social (IPS) “para que se pueda usar la plata de los fondos de pensiones, estamos hablando de USD 2.300 millones, más 1.100 inmuebles que totalizan más o menos USD 300 millones. El superintendente va a tener poder de vender eso que estamos protegiendo hace muchísimo, y va a tener posibilidad de vender”, dijo.
Otro punto que cuestionó es la elección del superintendente, que estará a cargo del BCP, que debe dar una terna al Ejecutivo para que este pueda elegir. “Va a tener autonomía administrativa, que es la más peligrosa, pero no va a tener autonomía política, porque va a depender del presidente del BCP y este a su vez del presidente de la República”, señaló.
Piden rechazo y archivo del proyecto
Por su lado, Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista, enfatizó que quieren que se rechace el proyecto de Ley, se lleve al archivo y se convoque a un debate nacional para discutir objetivamente el tema.
“Las autoridades nos mienten, dicen que no se va a modificar la carta orgánica y que no van a administrar nuestro fondo jubilatorio, pero el proyecto de Ley dice otra cosa. Inclusive, en menos de dos años tienen que adecuarse todas las cajas, sus normas, si se aprueba el proyecto de Ley”, afirmó.
Por último, manifestó que habrá un cambio del modelo del sistema y que se buscará privatizar e introducir la capitalización individual que, a su criterio, llevará a la miseria a los jubilados.
