Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, la Cámara de Diputados resolvió por unanimidad aceptar el Decreto Nº 523 del Poder Ejecutivo, por el cual se objeta, totalmente, el proyecto de ley de desafectación de la finca 916, más conocida como Jardines de Remansito, ubicada en el distrito de Villa Hayes y que es propiedad del Ministerio de Defensa.
El Poder Ejecutivo explica que el proyecto se limita a declarar de interés social y desafectar del dominio privado la finca en cuestión, pero sin explicar o fundamentar cuál sería dicho interés social que justificaría la medida extrema de la desafectación. Indica que tampoco individualiza el problema social o el programa o política pública que se verían satisfechas con la desafectación.
“Si bien el proyecto de ley propone la desafectación de una superficie de más de 131 hectáreas, el mismo omite, totalmente, evidenciar las razones o motivos de interés social o público que justificarían la propuesta, lo que resulta, absolutamente, imprescindible en un proyecto de este tipo”, se expone textualmente en el documento que sostiene el veto.
En uso de la palabra, el diputado Pedro Ortiz Torres (ANR), presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, explicó que la comisión que preside emitió dictamen de aceptación del veto y solicitó el acompañamiento de la plenaria.
“Detectamos que no se ha cumplido, íntegramente, los requisitos establecidos en la ley para la desafectación de dicho inmueble”, expresó.
En el mismo sentido, la legisladora María Ida Cattebeke (ANR-Presidente Hayes), titular de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, expresó su total apoyo al veto total de la Presidencia de la República.
Por otro lado, varios parlamentarios coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos de control más eficientes, principalmente cuando se trata de regularizar invasiones de tierras pertenecientes al Estado paraguayo.
Tras las amplias intervenciones en el pleno, se tuvo en cuenta, primordialmente, que los bienes inmuebles del dominio del Estado, deben ser administrados y dedicados a la satisfacción de los intereses nacionales, y que la utilización racional de los recursos disponibles es un mandato constitucional.
Finalmente, por unanimidad, se aceptó la objeción total del Poder Ejecutivo, disponiéndose su remisión a la Cámara revisora (Senadores).
Es importante aclarar, sin embargo, que la remisión del documento a Senadores es al solo efecto de cumplir con la formalidad, teniendo en cuenta que para levantar un veto del Poder Ejecutivo, ambas cámaras deben coincidir en el rechazo.
Contrato de préstamo para intervenir la franja costera
También, el proyecto de ley que aprueba el financiamiento de un proyecto denominado “Resiliencia urbana en la franja costera de Asunción”, que implica la contratación de un préstamo suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por un monto total de hasta USD 105.000.000, fue sancionado por el pleno de la Cámara de Diputados.
El proyecto busca, esencialmente, contrarrestar la vulnerabilidad de Asunción a los impactos del cambio climático. Según la exposición de motivos, está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a saber: Igualdad de género; agua limpia y saneamiento; ciudades y comunidades sostenibles; y acción por el clima.
En su intervención, el diputado Daniel Centurión (ANR), vocero de la Comisión de Presupuesto, dijo que el proyecto se implementará, básicamente, en toda la costanera norte.
“Entre esas intervenciones, algo demasiado importante (es) que apunta a una cuestión social, que es la construcción de 750 viviendas sociales para el emblemático barrio Ricardo Brugada, más conocido como Chacarita, donde no solo se va a invertir en la construcción, sino en la dignificación de muchas familias en la reubicación”, resaltó.
Refirió, además, que se estará interviniendo todo el casco histórico en busca de su revitalización, lo que es un hecho histórico.
En el mismo sentido, el legislador César Cerini (ANR) comentó que es un proyecto donde están involucradas varias instituciones del Estado, lo que estaría dando una respuesta a un sector social para la recuperación de la costanera de Asunción.
“Esto estaría permitiendo mejorar las condiciones de vida de más o menos 600 familias de este sector; se está iniciando un trabajo importante, lo que generará muchos puestos de trabajo”, significó.
Finalmente, por amplia mayoría, el documento de ley fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.
Crisis Penitenciaria
También, en la fecha, la Mesa Directiva de Diputados, presidida por el legislador Raúl Latorre (ANR), se reunió con los ministros de Justicia, Ángel Ramón Barchini, y del Interior, Enrique Riera, quienes fueron invitados para debatir sobre el proyecto de ley “Que modifica los artículos 2°, 7°, 8°,9°, 10 y 11 de la Ley N° 5863/17, Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”.
La propuesta legislativa, conocida también como “proyecto de las tobilleras”, busca establecer un seguimiento a procesados con prisión domiciliaria o con órdenes de restricción, para hacer viable la ley, sin aplicación efectiva a la fecha, pese a los seis años de su promulgación y publicación.
“La Mesa Directiva tomó la decisión de reunirse con los ministros de Justicia y del Interior, con la intención de generar una sinergia para la solución de los problemas que son de conocimiento público; esta es una situación que requiere del esfuerzo de todos los sectores y, desde esa lógica, los colegas están muy interesados en acceder a mayor información para hacer los planteamientos correspondientes”, dijo el diputado Latorre.
Es importante mencionar que el Poder Ejecutivo, también presentó un proyecto de modificación de la misma ley, aunque difiere en algunos planteamientos.
En este sentido, la propuesta del Ejecutivo es que los dispositivos electrónicos sean costeados por los reos. “Así como está la ley, cada dispositivo tiene que pagar el Estado; en la versión del Ejecutivo, se le da la potestad al juez para que evalúe la situación de solvencia del afectado y si corresponde, que pague”, dijo al respecto el ministro del Interior, Enrique Riera.
“Así como el juez impone una fianza, va a tener la facultad de imponer el costo del pago del dispositivo; me parece una alternativa muy válida”, significó Latorre al respecto.
Añadió que las tobilleras terminan siendo más baratas que la manutención de los reos en el sistema penitenciario; y para aquellos que no puedan costear, el Estado se va a hacer cargo, de manera que tampoco haya una diferencia con base en el nivel socioeconómico.
Finalmente, el presidente de Diputados informó que se planteó la unificación de ambos proyectos, de manera a conseguir, prontamente, el control real en las penitenciarías.
“Lamentablemente, en el sistema penitenciario actual, no existe una rehabilitación efectiva, convirtiéndose, más que nada, en una escuela para la delincuencia”, lamentó.
