Tras un largo debate, el pleno de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que declara en situación de emergencia vial a todos los departamentos de la República, con el objetivo principal de que las instituciones afectadas reparen los caminos de todo tiempo.
En principio, el documento pretendía declarar en situación de emergencia vial al Departamento Central y facultar al Poder Ejecutivo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a gestionar los recursos necesarios para la rehabilitación de los tramos afectados.
Pero luego de la intervención del presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, Benjamín Cantero (ANR), el plenario optó por acompañar el dictamen de dicho bloque, que recomendaba extender la declaración a todos los departamentos.
La finalidad es mejorar las rutas y caminos que han quedado deteriorados considerablemente como consecuencia de las intensas lluvias.
La disposición faculta al Poder Ejecutivo – MOPC a gestionar los recursos necesarios para llevar adelante trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los tramos que quedaron intransitables.
Así también, faculta a realizar contrataciones directas de obras públicas o servicios con proveedores y contratistas – durante el periodo de emergencia vial -, cuyo objeto sea destinado a todo esto.
La declaración de emergencia es por el término de 90 días. El proyecto pasa al Senado.
Departamentos de la Región Occidental, en emergencia nacional
El proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia nacional a los departamentos de Presidentes Hayes, Boquerón y Alto Paraguay”, fue sancionado por la Cámara Baja y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Según la exposición de motivos, el proyecto surgió ante la grave situación que atraviesan actualmente los pobladores de los departamentos de la Región Occidental, por causa de la profunda sequía que afecta a la región y que ya ha causado incalculables daños económicos y sociales.
“Como representantes del pueblo nos solidarizamos con nuestros hermanos compatriotas chaqueños por el difícil momento que atraviesan y a través de esta propuesta pretendemos hacer uso de los mecanismos más urgentes y efectivos que nos confiere la Constitución Nacional; y con el acompañamiento de los organismos concurrentes en el marco de la Ley N° 2.615/2005, coordinar con diligencia y celeridad las acciones que puedan paliar de alguna manera la situación descripta”, argumenta la exposición de motivos.
La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y los organismos concurrentes por la Ley N° 2.615/2005 deberán adoptar medidas conducentes para cooperar con las comunidades indígenas, pobladores y productores de los departamentos que están en situación crítica, mediante asistencia técnica y crediticia oportuna. También deberán imprimirse medidas sanitarias y de asistencia social urgentes, según lo que se dispone en el proyecto.
Declaración de emergencia en Ñeembucú
La Cámara Baja también dio media sanción al proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia al Departamento de Ñeembucú”. Es importante indicar que la declaración de emergencia es por el término de 90 días; tiempo en el cual las instituciones y las autoridades nacionales y departamentales deben disponer de todos los recursos existentes para dar respuestas rápidas a las necesidades de la población de Ñeembucú.
La exposición de motivos indica que la naturaleza últimamente está castigando con dureza al departamento, y afecta las fuentes de vida de las familias más vulnerables, como la pesca, agricultura y ganadería.
Mayores sanciones por hurto
Por otra parte, la Cámara Baja también sancionó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 172 de la Ley Nº 1160/1997, Código Penal (persecución de hechos bagatelarios)”.
Esta iniciativa, conocida también como “Ley de las bolsoneras”, pretende que estas personas que cometen el delito de apropiación o hurto sean sancionadas con mayor severidad.
De acuerdo con la exposición de motivos, las “bolsoneras” son consideradas como una agrupación delictiva estructurada y que, dentro del comercio legal, representa el 50% de pérdida en ganancias anuales, según estudio realizado por la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (ASIMCOPAR).
Es importante destacar que el Código Penal, en su artículo 172 (que se pretende modificar), castiga la apropiación o hurto, pero si el valor de lo robado no supera el equivalente a 10 jornales (G. 1.030.000), no es perseguible de oficio, solo a petición de parte.
Para corregir esta situación, el proyecto propone reducir el monto mencionado de G. 1.030.000 a G. 530.000 (5 jornales), como una manera de obligar al Ministerio Público a iniciar la persecución penal a partir de un monto menor.
La modificación establece, igualmente, que en caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.
Ley Orgánica Penitenciaria
También, en su sesión de esta semana, los diputados aprobaron en general y postergaron por 22 días el estudio en particular del proyecto de “Ley Orgánica Penitenciaria”.
Esta iniciativa busca establecer una estructura orgánica con derechos, deberes, prohibiciones y garantías para el desempeño de las labores de los agentes penitenciarios.
Según la exposición de motivos, el proyecto tiene por objeto la profesionalización del agente penitenciario y establece la organización, funciones, fines, atribuciones del Servicio General Penitenciario (SEGEPE), con jurisdicción y competencia en todo el país.
Se establece que el SEGEPE es de carácter técnico, profesional y de estructura funcional, jerarquizada, que ejercerá sus funciones de acuerdo con las normas constitucionales, el derecho positivo nacional, y lo que establecen los derechos humanos.
Estipula, además, que se incorporará por única vez como agentes penitenciarios a los funcionarios, sean estos nombrados o contratados, operativos, administrativos y de servicio auxiliar, que dependan y presten actualmente servicios en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
El ingreso mensual del agente penitenciario se establece en un salario y medio, de 1 a 5 años, y hasta el equivalente a seis salarios mínimos con una antigüedad de 25 años.
