En la mañana de este lunes, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, anunció que el Ejecutivo firmó un decreto que establece la deducción del IVA entre un 30% a 50%. El comunicado se dio luego de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mantuviera una reunión en Palacio de Lopez entre sus colaboradores y referentes de gremios económicos e industriales, para analizar cuestiones tributarias.
Esta medida constituye una postura en contra del proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional, que pretende otorgar una deducibilidad del 100%. El Ejecutivo ya había anunciado el veto a esa iniciativa por considerar que la misma podría desnaturalizar el impuesto y promover la desigualdad.
“Creemos que es una medida prudente que considera el contexto económico pero también la realidad tributaria de nuestro sistema”, afirmó Huttemann, al tiempo de remarcar que la medida adoptada por el Ejecutivo es sensata, con miras a garantizar la sostenibilidad económica.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, aclaró que el decreto incorpora una serie de disposiciones que buscan beneficiar a los trabajadores independientes. Detalló que el documento contempla la deducibilidad de hasta el 30% de las compras relacionadas con los alimentos y bebidas no alcohólicas.
Igualmente, explicó que se incorporan los gastos de alquileres de oficinas, al igual que los servicios básicos como agua, luz y telefonía, en hasta el 50%; además de los gastos en salud personal, incluidos los medicamentos y tratamientos médicos del contribuyente, como también el pago de medicina prepaga.
Otros puntos que forman parte del decreto son mantenimiento, remodelación o refacción de la oficina; útiles, muebles y enseres de oficina, servidores, equipos informáticos y de telecomunicaciones, equipamiento profesional y herramientas, incluido su mantenimiento; vestimenta acorde al ejercicio de la profesión u oficio, como ser: trajes, guardapolvos, calzados especiales, protectores de seguridad.
Así también, se incluye la contratación de servicios de publicidad y marketing; subcontratación de servicios profesionales destinados para la prestación del servicio gravado; repuestos, lubricantes, mantenimientos, reparaciones y seguros de los auto-vehículos destinados a la prestación del servicio.
Equilibrio entre capacidad del fisco y apoyo a sectores económicos
“Con esto creamos un equilibrio entre la capacidad que pueda tener el Fisco y el impacto que pueda tener en recaudación y, por el otro lado, seguir acompañando este proceso de recuperación para que la economía avance hacia un proceso de formalización”, agregó el titular del fisco.
Llamosas lamentó que haya sido aprobada la versión de la Cámara de Diputados, que permite la deducibilidad del IVA para los productos de la canasta básica en un 100%, incluso después de haber acordado un punto intermedio en la versión del Senado para llegar a una deducción del 30%. Adelantó que recomendarán al Poder Ejecutivo el veto de la ley.
Afirmó que de concretarse la iniciativa parlamentaria, se perderá la esencia del tributo y, a la vez, se estaría cometiendo una injusticia social, al permitir que algunos sectores queden exentos del pago.
A criterio del presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, esta nueva herramienta será clave para avanzar en la formalización de la economía. Aseguró que están conformes con la deducibilidad del IVA en hasta un 30%.
Indicó que en la actualidad unos 270.000 trabajadores operan de manera independiente, de los cuales unos 60.000 lo hacen de manera legal. “Esto va ayudar a mejorar todo el esquema formalizador en el país”, agregó.
En esa misma línea, remarcó la visión del sector privado de no aumentar impuestos y reducir ingresos tributarios. “Queremos que el país logre el grado de inversión, volver hacia la responsabilidad fiscal y seguir disfrutando los frutos de tener una disciplina fiscal”, añadió.
Por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky, afirmó que esto va ayudar, sobre todo la deducibilidad del rubro de alimentos y otros productos que anteriormente no estaban contemplados.
“Esperamos que haya una migración de la informalidad hacia la formalidad. Es un día que tenemos que celebrar, ya que se llegó a un consenso donde el gran ganador es la formalización, es un ganar-ganar tanto para el sector privado como el Estado”, alegó.
Finalmente, el ministro de Hacienda comunicó que continuarán evaluando los alcances del decreto, mediante el intercambio de informaciones con el sector privado para ir tomando las mejores decisiones en beneficio de los contribuyentes y la formalidad.
Aprueban préstamos para salud y obras públicas
Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores la semana pasada, fue aprobado con modificaciones el proyecto legislativo de contrato de préstamo de US$ 45.000.000, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de Atención de la Red de Servicios de Salud de los Departamentos de Concepción, San Pedro, Caazapá y Alto Paraná, a cargo de la cartera sanitaria.
Asimismo, fue aprobado con modificaciones el proyecto de ley que aprueba los contratos de préstamos entre el MOPC y el BID por un monto total de hasta USD 115 millones y con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por un monto de hasta USD 82 millones para el Financiamiento del proyecto de agua potable y saneamiento para el área metropolitana de Ciudad del Este, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Por último, fue sancionado el proyecto de ley que amplía por un año, el período de mandato de las autoridades municipales electas en los comicios del año 2021, presentado por varios diputados. El senador Enrique Bacchetta, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que, decidieron aconsejar aprobar extender el plazo por un año, que corresponde a los intendentes porque entienden que el periodo de una intendencia fue siempre de cinco años.
“Los intendentes no podrán terminar sus objetivos trazados en su campaña y lo lógico es que tengan el mismo periodo que todos los intendentes”, argumentó. En la misma línea, la senadora Hermelinda Alvarenga, expresó que existe una desigualdad perjudicial en el equilibrio democrático del tiempo de duración del mandato y a la vez agregó que, este proyecto hace una reivindicación legítima al reclamo hecho por las autoridades municipales para la restitución del año del mandato del que fueron privados.
