El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dio a conocer su informe completo de la Evaluación Mutua de la República de Paraguay, a través del cual evaluó el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del país.
Si bien nuestro país no ingresó a la “lista gris”, está siendo monitoreado de manera intensificada. En el documento final de 350 páginas se detallan todas las acciones que se han emprendido en este sentido y también el organismo internacional brinda una serie de sugerencias que Paraguay debe llevar adelante.
En el informe se señala que la ubicación geográfica y orografía de Paraguay, las fronteras porosas terrestres con Argentina, Bolivia y Brasil, así como el extenso sistema fluvial del país, incluido el río Paraguay, que pasa por la mitad del país, de norte a sur, son factores que aunado a la creciente economía e inversión, el gran porcentaje de economía informal y algunas amenazas y vulnerabilidades, hacen de Paraguay un país de riesgo.
Entre las amenazas y vulnerabilidades cita al narcotráfico, crimen organizado, contrabando, la corrupción, controles transfronterizos débiles y la falta de la implementación de políticas para realizar investigaciones financieras paralelas.
El documento recuerda que como resultado de la ENR (Evaluación Nacional de Riesgos) del año 2016 y su actualización de 2018, las principales amenazas detectadas y vertidas por el Estado paraguayo fueron: el tráfico ilícito de estupefacientes; contrabando y piratería; transporte transfronterizo de efectivo por fronteras, tráfico de personas y corrupción.
Agrega que en el análisis de la magnitud de las amenazas expuestas, Paraguay consideró la variación e incidencia de las mismas con relación a las diversas áreas geográficas de mayor riesgo tales como, las zonas fronterizas de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Encarnación.
Gafilat dice que, sin embargo, no se identifican los análisis económicos de los delitos y, en específico, del contrabando, la corrupción, el tráfico de armas y la trata de personas como generadores de activos ilícitos; ni del vínculo del nivel de riesgo asignado a los mismos por sectores, actividades, productos, servicios o canales de entrega.
Por lo que corresponde a la detección, investigación y persecución del lavado de activos, el Equipo Evaluador tuvo evidencia sobre las acciones realizadas por las autoridades competentes encaminadas a abordar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
“Sin embargo, es evidente que en este proceso los recursos y esfuerzos están mayormente orientados a los riesgos que derivan de la amenaza del narcotráfico, por lo que falta dedicar más atención a algunas amenazas importantes en el contexto de Paraguay como los riesgos de lavado de activo, derivados del contrabando y la corrupción”, indica el reporte de Gafilat.
En este sentido, faltan esfuerzos para la asignación estratégica de recursos a autoridades clave como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Se debe seguir implementando una serie de ajustes
Carlos Arregui, titular de la Seprelad, sostuvo en conferencia de prensa que nuestro país obtuvo una calificación baja en lo que refiere el resultado inmediato 7, que tiene que ver con la investigación y procesamiento del delito de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
“Hay que seguir implementando una serie de ajustes y sobre todo vinculada a la investigación patrimonial que pueda hacer el órgano investigador (Fiscalía). Lo que se reclama básicamente es eso y que se puedan hacer los comisos, eso es lo que hoy los organismos internacionales hacen énfasis en este informe que fue plasmado”.
Carlos Arregui, ministro de Seprelad
El alto funcionario dijo que, básicamente, no es suficiente la cantidad de sentencias condenatorias y también de investigaciones complejas relacionadas con el lavado de activos. Además, hacen referencia a la desproporcionalidad en cuanto a la cantidad de informes de inteligencia financiera y estratégica enviados al Ministerio Público y la cantidad concreta de investigaciones que ellos han iniciado.
“Lo que se pide es que se puedan aumentar el número de investigaciones, de procesamiento y sobre todo de los comisos que se puedan obtener de esos procesamientos”, citó.
Al ser consultado sobre si consideran que Paraguay está en uno de sus mejores momentos en la persecución al lavado de activo, el ministro aseguró que es un momento de reflexión, de no relajarse, y sobre todo de seguir trabajando, y que es categórico que a partir del 2018 el combate a estos flagelos ha sido una política pública de Estado.
“Pero es fundamental que sigamos haciendo los trabajos, y más allá de las personas, de los gobiernos, tiene que ser una política de Estado, tiene que trascender a los gobiernos, a las personas”, enfatizó.
