Ayer se confirmaba la vigencia del arancel cero para la admisión a universidades públicas y otras instituciones similares, con la publicación del decreto reglamentario del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, los condicionamientos para el acceso a este beneficio, como el de ser egresado de un colegio público o subvencionado, despertaron críticas en redes sociales.
Ante esta situación, la viceministra de Economía, Carmen Marín, habló con medios radiales locales para ratificar la postura del Ministerio de Hacienda sobre el asunto y sostuvo que el arancel cero busca premiar la excelencia, cuidando el uso de los recursos públicos.
Refirió que la reglamentación busca cuidar el gasto público y anunció que para este año se tienen preparados unos G. 101.000 millones para este efecto, teniendo en cuenta una base de 44.000 estudiantes matriculados en el año 2020.
Con esto, hizo referencia a que el beneficio apunta solo a los estudiantes que necesitan este impulso para poder iniciar su vida universitaria.
En primer lugar, se estableció en un artículo que se podrá continuar con el beneficio durante dos años más después del periodo académico. Por otra parte, también que el egresado de la Educación Media tiene 5 años para acceder al cupo de admisión. “Estos son básicamente los dos puntos más importantes”, aseguró Marín.
Sin embargo, es importante destacar que fueron justamente estos los puntos de la reglamentación que generaron controversia, ya que los mismos fueron considerados como “limitaciones” para el acceso al beneficio por una parte de la ciudadanía que manifestó su opinión por medio de redes sociales.
Marín mencionó que estos aspectos fueron discutidos en una mesa de trabajo con la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y otras entidades involucradas.
Recordó además que, según estadísticas, el 80% de los ingresantes tienen entre 18 y 23 años, es decir, en su mayoría van directo de la secundaria a la universidad. Así también, recalcó que de cada 10 ingresantes, 7 terminan la carrera en el periodo establecido.
Otra de las justificaciones que realizó la subsecretaría fue la intención de usar el criterio de vulnerabilidad que trataron de incorporar en la norma, de manera a establecer un registro social de hogar para los estudiantes egresados de la Educación Media del sector privado, para intentar evitar que quienes puedan pagar la matrícula se acojan a esta reglamentación.
Cuestión de fondo
Por su parte, el economista Jorge Garicoche apuntó la necesidad de una buena inversión en la educación pública como inversión para el futuro, ya que esto genera retribuciones económicas en el largo plazo.
Además, consideró que si bien la eliminación total o parcial del costo de ingreso a las universidades puede formar parte de la solución, existe un problema de fondo que debe ser resuelto con premura.
Con esto, hizo referencia a la formación con la que llegan los estudiantes provenientes de escuelas y colegios públicos, y que esa es la cuestión de fondo que se debería revisar para comenzar a solucionar el déficit educacional que existe en nuestro país desde hace mucho tiempo.
Además, planteó la pregunta de por qué la mayoría de los estudiantes con menos recursos opta por estudiar en universidades privadas y una de las hipótesis para responder a esta pregunta es que los horarios en la mayoría de las carreras en la UNA no dejan espacio para ningún tipo de empleo, ni siquiera de medio tiempo.
“El debate del Arancel Cero debe ser profundizado y analizar el sistema educativo total. Universitarios con menores ingresos estudian en instituciones privadas, el 97% de estudiantes con menos ingresos asisten a universidades privadas. ¿por qué?”, exclamó el economista.
