El Observatorio del Gasto de la organización Desarrollo en Democracia (Dende) presentó su quinto informe sobre la situación del sistema previsional paraguayo. En esta oportunidad, aborda algunas posibles opciones de financiamiento de la Caja Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), evaluando su factibilidad y analizando los resultados obtenidos.
Dende reitera que todo el sistema previsional del Paraguay presenta preocupantes desequilibrios, aunque en variada medida. Por ejemplo, relata que el Fondo de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) “se salva” hasta el momento, al contar en promedio con 16 cotizantes activos por cada jubilado; en contraste con la Caja Fiscal, cuyo promedio es de 3,3 cotizantes por cada jubilado.
La organización cita algunos escenarios y posibles opciones de financiamiento que tiene la Caja Fiscal, entre las que se encuentran el aumento de la tasa de contribución, inclusión de los funcionarios contratados, extensión del periodo de aportes y ampliación del periodo de ingresos promedio.
Aumento de la tasa de contribución
Suponiendo el salario base promedio de G. 7.242.075 de los aportantes de la Caja Fiscal, un aumento de 1 punto porcentual de la tasa de contribución actual a 17% (G. 72.421 más de aportes mensuales) significaría un incremento de G. 16.780 millones mensuales y G. 201.365 millones anuales, según datos del año 2022.
De esta manera, el aumento de la tasa de contribución ayudaría a disminuir el 0,07% déficit de la Caja Fiscal, asegura Dende.
Inclusión de los funcionarios contratados a la Caja Fiscal
“Ante el gran déficit de cobertura del régimen previsional, una alternativa, en nuestra opinión válida, sería que los contratados realicen aportes al régimen de seguridad social y así ir conformando el fondo para su futura jubilación”, agregan en otra parte de su informe.
En esta línea explican que, considerando que todos los funcionarios contratados aporten también el 17% de sus ingresos mensuales a la Caja Fiscal, con un salario mínimo como base imponible, se espera que esta logre incrementar sus fondos y mejore su sostenibilidad.
Para el cierre del año 2022, se registraron 40.949 funcionarios contratados que prestaban servicio en alguno de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) de la Administración Central, con los que se podrían obtener G. 223.908 millones anuales, reduciendo de esta forma cerca del 0,08% del déficit anual como proporción del PIB del total de la Caja Fiscal.
Extensión del periodo de aportes
Aumentar el tiempo de aportes requerido a 64 años y 11 meses podría ayudar a reducir la presión financiera de la Caja Fiscal en el mediano, e incluso en el largo plazo.
De acuerdo con un informe publicado por Aranco, N., et al. (2022) del BID, a pesar de que la edad promedio de jubilación mínima en América Latina y el Caribe es de también 60 años, el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 64 años, los que incluso cuentan con una tasa de aporte mayor, de 18,4%.
En base a esto, el informe afirma que, si los parámetros y la proporción de adultos mayores con derecho a percibir una pensión no varían, los cambios en el gasto en jubilaciones serán netamente el resultado de las variaciones en la población, con lo que el gasto en función del producto interno (PIB) crecería hasta dos o tres veces más de los niveles actuales, asumiendo que los ingresos se mantengan estables en las próximas décadas.
Con relación al Sector del Magisterio Nacional, se sugiere que los maestros continúen activos y accedan a la jubilación a los 65 años, es decir, seguirían aportando 20 años más considerando las condiciones económicas muy favorables con que cuentan en la actualidad.
Los recursos adicionales para la Caja Fiscal en concepto de un incremento en la cantidad de años de vida laboral activa son equivalentes a G. 1.017.552 millones anuales para el Sector.
Ampliación del periodo de ingresos promedio
Dentro de la Caja Fiscal, el sector Civil considera como base el promedio de los últimos 60 meses (36 meses para los profesionales médicos, odontólogos y bioquímicos), mientras que el sector No Civil tiene en cuenta tan solo el último sueldo recibido.
La ampliación y unificación del periodo de ingresos promedio a 120 meses (10 años) para el cálculo del beneficio sería recomendable, principalmente para asegurar la sostenibilidad de los recursos y evitar incurrir en más déficit.
En el límite, señala Dende, incluso se debería considerar el promedio de toda la vida laboral del aportante, actualizando los salarios históricos según el índice de precios del consumidor, la tasa de incremento salarial, o una combinación de estos, atendiendo a la experiencia de los países miembros de la OCDE.
En resumen, se observa que los siguientes números, aunque preliminares, dan cuenta de que existen varias medidas que podrían permitir “salvar” el déficit del corto plazo de la Caja Fiscal.
“No obstante, sería recomendable aplicar medidas conjuntas para evitar la persistencia de la inequidad al tiempo de continuar potenciando la desigualdad de todo el sistema previsional del Paraguay”, se indica en el informe.
Para finalizar, este Observatorio considera que la mejor estrategia que ayude a mejorar la situación actual de la Caja Fiscal será aquella que permita unificar o equiparar los requisitos necesarios de todos los sectores para acceder a los beneficios de la jubilación, permitiendo de esa forma una mayor sostenibilidad del fondo.
Agrega que la reforma deberá, además, buscar responder los objetivos y criterios esperados, permitir una gestión transparente, eficiente y equitativa, y garantizar la capacidad financiera del sistema en el largo plazo, teniendo presente el cambio demográfico esperado para el próximo septenio. Con ello se minimizarían los ajustes sin un orden lógico y sistémico en la modificación de los requisitos, sostiene.
Recursos por inversiones realizadas
Por su parte, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que percibió G. 23.536 millones, equivalente a USD 3,2 millones, en concepto de pagos de intereses correspondientes al mes de septiembre.
Desde la entidad resaltaron, además, que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones ha percibido la suma de G. 982.679 millones (USD 135 millones) en concepto de intereses generados por las inversiones que se realizaron desde el año 2013 hasta la fecha.
