El ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, anunció que el MIC aumentará el porcentaje obligatorio de la mezcla de biocombustibles apto para motores diésel, llevándolo al 5%, sin que esto influya en el precio final al consumidor.
Es importante recordar que el porcentaje de la mezcla dentro del territorio nacional actualmente es del 2%, el cual es modificado mediante decreto del Ministerio de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en la Ley 6389/19.
Según explicaron, esta decisión surge tras un detallado análisis llevado a cabo por las autoridades competentes, junto a los principales referentes técnicos e industriales del sector.
En este sentido, Giménez indicó que el cambio se realizará a partir de esta semana, y aseguró que la industria está preparada para doblar la producción. “Podemos llegar a tener una producción de biodiesel más barata y limpia», indicó.
Cabe mencionar que el biocombustible se realiza mediante aceite de maíz y aceite de soja que, al ser procesado en nuestro país, tiene un valor agregado mayor al obtenido mediante la exportación al natural, lo cual representa una importante meta para la Cartera Estatal.
De acuerdo al MIC, además, evita la capacidad ociosa de la industria, permite la permanencia de divisas, genera una importante cadena de valor en el agro, beneficiando a pequeños y medianos productores, servicios de flete, además del beneficio ambiental, y facilita el cumplimiento de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, para combatir el cambio climático e intensificar acciones necesarias para un futuro con bajas emisiones de carbono.
Celebración por parte del sector
Sobre este anuncio, el presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles (Biocap), Massimiliano Corsi, expresó a través de un comunicado su entusiasmo ante el aumento de la mezcla de biodiesel en el gasoil al 5%, dentro del territorio local.
Corsi destacó que esta decisión representa una reivindicación para la industria luego de años de reclamos, la cual se encuentra prácticamente paralizada hasta tanto la resolución anunciada sea efectivamente firmada, comprometiendo así el sustento de cientos de paraguayos que trabajan en este sector crucial.
“Este aumento en la mezcla de biodiesel conlleva múltiples beneficios para la economía paraguaya y el medio ambiente. Entre ellos se incluyen el ahorro de divisas mediante la sustitución de importaciones, la reducción de emisiones contaminantes, la generación de valor agregado en la cadena sojera”.
Massimiliano Corsi, presidente de Biocap
A su vez, resaltaron que el biodiesel, al ser un combustible renovable de la industria paraguaya, garantiza el suministro, promueve la independencia energética y reduce la vulnerabilidad ante las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo.
Asimismo, Biocap celebró este anuncio en términos de seguridad jurídica, ya que el cumplimiento de la Ley 6389/2019 fortalece la confianza necesaria para el crecimiento económico del país y la atracción de inversiones extranjeras.
“La llegada de empresas de primera línea al país, junto con las industrias locales, aseguran un biocombustible de alta calidad, lo que implica una capacidad instalada suficiente para abastecer no solo el 5% anunciado, sino incluso hasta el 15%, en caso de que se decida continuar apoyando a la industria”, añaden en el comunicado.
Actualización de la política energética
Por otra parte, autoridades del Poder Ejecutivo realizaron este lunes la instalación de la mesa energética nacional para actualizar el Plan Energético 2023-2050, con el fin de atender las necesidades de energía de la población y de todos los sectores productivos.
Según explicaron, nuestro país dispone de una política energética que fue lanzada en octubre del 2016, por lo que la actual administración tendrá como primera tarea actualizar dicha estrategia, pero con un “rediseño enfocado en el ciudadano”, adelantó la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.
Todas las instituciones que conforman el plan están llamadas a participar de la mencionada actualización y se espera tener los primeros resultados en unos 20 días, aseguró la ministra.
Por su parte, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, recordó que los ejes principales de esta iniciativa consisten en: garantizar la seguridad energética con criterios de autoabastecimiento, eficiencia, mínimo costo, con responsabilidad socio-ambiental, que acompañe el desarrollo productivo del país.
También se busca asegurar el acceso a energía de calidad para toda la población, con atención a los derechos del consumidor, además del fomento intensivo a la exploración de hidrocarburos, como recursos estratégicos para reducir la dependencia externa e incrementar la generación de mayor valor agregado nacional.
Asimismo, se pretende consolidar la posición del Paraguay como eje de la integración energética regional con base en el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y su estratégica localización geográfica.
Finalmente, se anunció que la idea es propiciar, en la población, la comprensión sobre la importancia de la energía y su uso sostenible como factor de desarrollo integral.
Temas pendientes con Argentina
Por otra parte, en una nueva edición del programa Plaza Pública Dende, abordaron sobre el caso de la hidrovía Paraguay – Paraná, con la participación del ex canciller Eladio Loizaga, el expresidente de la ANDE y actual consejero de Yacyretá, Angel Maria Recalde, con la moderación de Yan Speranza.
El ex canciller Eladio Loizaga señaló que, como país pequeño, en materia numérica y de extensión, Paraguay puede ampararse en el derecho y exigir el cumplimiento del Tratado de Libre Navegación, a través de un arbitraje internacional en el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná, ya que las instancias de discusión se agotaron.
Comentó que, de optarse por esta vía, una vez constituidos los árbitros, tienen un plazo de 60 días para dar su laudo. Agregó que el problema no deviene solamente de una voluntad política, porque hoy puede haber voluntad política para solucionar el tema, pero mañana puede venir un cambio de gobierno con otra visión sobre el conflicto.
Sobre la hidroeléctrica Yacyretá, el excanciller recordó que tuvo altibajos durante todo el proceso de construcción y las obras fueron suspendidas durante un tiempo por falta de dinero. Posteriormente, Argentina aportó para continuar la construcción e intentó que ese aporte del Tesoro sea reconocido como préstamo.
El Anexo C establece que, a los 40 años de la vigencia del Tratado, se debía hacer una revisión. En el año 2014, Paraguay dirigió una nota al entonces canciller argentino Héctor Timerman en la cual se le señaló que se cumplió el plazo y que nuestro país solicitaba iniciar la revisión del anexo en el que se establecen las bases financieras de la hidroeléctrica.
Esta revisión se inició bajo el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández, pero fue con Mauricio Macri con quien se firmó el acuerdo.
Loizaga explicó que la Nota Reversal del 2017, resultante del acuerdo entre el expresidente paraguayo Horacio Cartes y Macri, no solo contiene lo relacionado con el tema tarifario, sino también incorpora otras conquistas para nuestro país como, por ejemplo, la definición sobre el porcentaje de territorio inundado, donde se consagra que el 80% del territorio afectado es paraguayo y 20% es del territorio argentino.
El acuerdo fue aprobado por el Congreso paraguayo y promulgado por Cartes en agosto de 2018, pero nunca fue analizado en el Congreso argentino. El diplomático lamentó que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez no se hayan realizado las gestiones ante el legislativo del vecino país para que el acuerdo sea aprobado.
Por su lado, el actual consejero de la EBY, Ángel María Recalde, refirió que inicialmente en el Anexo C del Tratado de Yacyretá, al igual que en Itaipú, se había establecido que la tarifa debía ser el monto equivalente a cubrir el costo operativo de la central hidroeléctrica, más la amortización de la deuda y el pago de resarcimientos a la ANDE y a los estados por territorio inundado.
Sin embargo, dos años y medio antes de la puesta en operación de la primera máquina, Argentina planteó que se debía modificar el Anexo C y que la tarifa debía estar acorde con el precio de la energía eléctrica en el mercado argentino, que se vaya ajustando de acuerdo a la inflación mundial y que tenga una duración de 52 años, modificando así lo establecido en el Tratado. Este planteo, que se oficializó en la Nota Reversal de 1992, fue rechazado por el Congreso paraguayo en 1995.
Pese a ello, este instrumento se sigue aplicando en la EBY hasta ahora, sin que en estos años se haya atendido el servicio de la deuda ni la compensación por territorio inundado, excepto un pago de USD 100 millones que recibió Paraguay, indicó Recalde.
