En la mañana de este martes, el senador Jorge Querey, titular de la Comisión Bicameral que investiga el lavado de dinero en nuestro país, adelantó que el 60% del informe que presentan hoy en la sesión del Senado está compuesto por casos conocidos y que el resto son datos nuevos que permitirán tener nuevas perspectivas sobre delitos conexos.
“Tenemos claro que acá hay una ruta que utiliza el narcotráfico, con el tráfico de cigarrillos, con el tráfico de armas, y tienen el mismo corredor logístico», adelantó en conferencia de prensa. Con respecto a algunos de los hallazgos, sobresale que parte de la Armada Paraguaya y en especial los destacamentos navales se han convertido en aliados de los contrabandistas de cigarrillos.
De acuerdo con informaciones a las que accedió la CBI, algunos militares garantizarían la seguridad de la ruta del contrabando de cigarrillos a cambio de beneficios económicos. «En este documento no existen opiniones personales ni titulares de los medios. Existen documentos revisados por todos los componentes de la Comisión», dijo Querey.
La CBI accedió también a informaciones que dan detalles de la existencia de una ruta interna por donde se transporta el contrabando de cigarrillos desde la salida de los depósitos, y viaja por las diferentes carreteras con destinos a la frontera seca o por agua.
«Hemos recibido todas las respuestas. Hemos tenido dificultades con las entidades de control financiero, Banco Central, Banco de Fomento y Tributación (SET), en el sentido de una comprensión extensiva», explicó el legislador, también pre-candidato a la vicepresidencia de la República por el Frente Guasú.
En el documento compartido a la prensa se señala que el viceministro de Tributación, Óscar Orué, afirmó en una entrevista radial que “no existe ninguna evasión al realizar contrabando hacia el Brasil” e insistió en que “no hay daño patrimonial al Estado”, con relación al contrabando de cigarrillos. Sin embargo, desde la CBI sostienen que el Estado pierde millones en cada cierre de ejercicio fiscal por el contrabando de cigarrillos.
Esto último, teniendo en cuenta que las empresas o personas que realizan el comercio ilícito fuera de la zona primaria carecen de documentos de exportación y, por ende, posteriormente no pueden declarar el impuesto a la renta empresarial (IRE) que se liquida en cada cierre del ejercicio fiscal.
Además de perder la trazabilidad de la renta producida por el comprador local encargado del envío de contrabando al mercado brasileño, también violan la ley 2422 del código aduanero. «Creemos que la institución de la Armada, Aduanas, la Policía, deberán ser investigadas. Parte de instituciones forman parte del esquema de protección de estos sistemas», dijo Querey.
El legislador también mencionó que se ha dificultado de sobremanera el trabajo. “Estas instituciones de control (BNF, BCP, SET), por lo menos, en este aspecto, han fracasado. El Dr. Manuel Ochipinti (titular del BNF) nos ha negado información que pudiera ser pertinente. Pudimos avanzar en base a otras documentaciones, pero no por la colaboración del Dr. Ochipinti en el Banco Nacional de Fomento», indicó.
Para la CBI, hay algunas instituciones que deben ser replanteadas en el marco legislativo. «No hemos podido tener mayor información relevante con el viceministro Óscar Orué, porque ha invocado el deber de secreto, excepto por los informes de Inteligencia Financiera a los que accedimos», refirió.
Explicó que la CBI recurrió a mecanismo internacionales para acceder a documentos que tengan relación con el corredor logístico en el que se ha convertido Paraguay para estos delitos precedentes del lavado de dinero. «Estamos hablando de un corredor logístico que es el corredor logístico de la criminalidad internacional. Resulta muy relevante lo que la Fiscalía y el Poder Judicial pudieran hacer, declarar culpables a los que son culpables», recalcó.
Finalmente, alegó que muchas de las cosas que muestran se saben y se han explicado muchas veces. No obstante, “hoy tenemos base documental. Va a ser público. Todo esto va a ser público», puntualizó.
Por su parte, el diputado Basilio Núñez, integrante de la CBI, expresó su disconformidad con el informe final presentado por la Comisión porque considera que es una inquisición contra el movimiento Honor Colorado. “El informe está contaminado por cuestiones políticas» aseguró.
