Asunción, 4 nov (EFE).- El Ejecutivo paraguayo anunció este miércoles la recuperación de unos cuatro millones de dólares de la constructora portuguesa Mota-Engil pagados como anticipo para el proyecto del Metrobús de Asunción, paralizado desde octubre de 2018.
Mota-Engil se retiró de los trabajos del Metrobús habiendo recibido 21 millones de dólares de un proyecto presupuestado en 47,5 millones de dólares, y cuya resolución está bajo arbitraje internacional.
«Tenemos la primera devolución de lo que era gran parte del anticipo de la obra, un cheque por más de tres millones de dólares y otro más de 8.000 millones de guaraníes (1,2 millones de dólares) que hoy recupera el Estado paraguayo», dijo en rueda de prensa el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens.
En la misma comparecencia, el procurador general, Sergio Coscia, dijo que la devolución se realizó tras varios meses de acciones conjuntas de ese ente y el Ministerio de Obras Públicas.
Añadió que la suma se destinará a otros proyectos de infraestructuras públicas.
Asimismo, Coscia refirió que la Procuraduría prosigue el trabajo para enfrentar a la demanda de Mota Engil, por 25 millones de dólares tras la paralización de las obras del Metrobús.
El Metrobús era un proyecto para transformar la movilidad entre Asunción y su área metropolitana mediante un sistema de transporte público basado en autobuses rápidos de alta capacidad para descongestionar el tráfico.
El comienzo de las obras, durante la Presidencia de Horacio Cartes (2013-2018), estuvo acompañado de polémica y quejas de los comerciantes y vecinos por los daños causados en las zonas cercanas.
En octubre de 2018, unos meses después de la llegada al poder de Mario Abdo Benítez, también del Partido Colorado, el Ministerio de Obras Públicas anunció que tomaría medidas legales y financieras contra la empresa portuguesa por abandonar las obras.
El Gobierno alegó en su denuncia que la constructora había retirado la maquinaria.
Meses antes, Mota-Engil avisó de una posible suspensión de los trabajos ante la imposibilidad de cumplir el plazo de ejecución de los dos primeros tramos del proyecto, que debían finalizarse en diciembre de 2018.
A ello siguió la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y Mota-Engil, aunque el entendimiento fue imposible y la resolución pasó al arbitraje internacional.
