En el informe denominado “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2022: desafíos de la política fiscal para un desarrollo sostenible e inclusivo”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se puede observar que nuestro país sigue teniendo la menor deuda pública de la región.
De acuerdo al informe, la relación entre la deuda pública bruta de los gobiernos centrales de América Latina y su Producto Interno Bruto (PIB) registró una leve caída en el año 2021 y cerró en 53,7% del PIB, tras el 59,5% experimentado en el 2020.
En el caso de nuestro país, el compromiso del gobierno central representó el 30,1% del PIB el año pasado, siendo esta cifra la más baja en comparación con los demás países de la región.
Además, en el 2020, año en que Paraguay tomó varios empréstitos de organismos multilaterales y emitió bonos por más de USD 1.000 millones, la deuda pública bruta del gobierno central se ubicó en 29,5% del PIB, cerrando también ese año como la más baja de la región. Con estos niveles, también está por debajo del promedio regional.
No obstante, en el reporte de Cepal se puede observar que nuestro país, junto a Colombia, fueron los únicos que el año pasado registraron un crecimiento en la deuda pública bruta del gobierno central, frente al 2020. (Ver gráfico)
Países como Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, México, entre otros, lograron reducir el nivel de su deuda. “A pesar de esta mejora, la deuda pública bruta se mantiene en un nivel históricamente alto y supera los niveles observados en los 20 años previos a la pandemia”, advierte Cepal.
Además, explica que en la dinámica de 2021 incidió en gran medida el dinamismo del PIB nominal de algunos países. “La reducción de la deuda pública bruta de la Argentina se debió al rápido crecimiento del PIB nominal en un contexto inflacionario, crecimiento que compensó el aumento del saldo y las variaciones del tipo de cambio”, específica Cepal en su informe.
En el caso de Brasil, la reducción de la deuda pública bruta (-8,3 puntos porcentuales del PIB) se explica “por la interacción de los distintos componentes subyacentes de la dinámica de la deuda, entre los que destaca el aporte del crecimiento del producto nominal, que generó una reducción que compensó con creces los aumentos de otros componentes, principalmente los intereses devengados”.
La mencionada Comisión menciona también en su reporte que el 89,7% de los compromisos del gobierno central son en moneda extranjera y el restante, en guaraníes. En este punto también señala que las condiciones de la deuda pública con acreedores internacionales también empeoraron el año pasado.
“Entre los factores que explican la dinámica observada destacan la depreciación de las monedas, que empezó a ejercer presión sobre el pago de los intereses de la deuda en moneda extranjera. En este sentido, resaltan los casos de la Argentina, el Ecuador, Panamá, el Paraguay y la República Dominicana, donde la deuda denominada en moneda extranjera, sobre todo en dólares, representa más del 70% de la deuda total”, dice Cepal.
Así también, el organismo indica que el aumento progresivo de la tasa de política monetaria de Estados Unidos tuvo incidencia en el costo del servicio de la deuda cuando los países emitieron deuda nueva o cuando en el pasivo se contemplaba en tasas variables.
Déficit Fiscal
El informe también habla sobre el déficit fiscal de nuestro país y la Ley de Responsabilidad Fiscal -cuyas reglas fueron suspendidas en el 2020 y el saldo rojo del Estado terminó en 6,2%-. Además, el nivel alto continuó en el 2021, año en el que se fijó un tope de déficit al 4% del PIB.
“Aun con cifras preliminares, al cerrar el año 2021, el desequilibrio fiscal habría rondado un 3,8% del PIB con una estabilización del nivel de endeudamiento del gobierno central (un 30,6% del PIB) y del sector público total (un 34,9% del PIB), según la información oficial del Ministerio de Hacienda”, relata Cepal.
Sin embargo, destaca que con ese resultado, más lo previsto para este año, se continúa con el proceso de convergencia fiscal apuntando a lograr, de manera paulatina, el restablecimiento de la regla de balance contenida en la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente: la meta de déficit máximo sería del 3% del PIB para 2022 y del 2,3% del PIB para 2023, hasta retornar al 1,5% del PIB en el año fiscal 2024.
Iniciativas de leyes pueden dejar sin margen al Fisco
El ministro sustituto de Hacienda y viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, manifestó su preocupación por los proyectos de leyes que se encuentran actualmente en tratamiento en el Congreso Nacional, los cuales, según aseguró, podrían dejar sin margen de maniobra a la Cartera Económica, debido al recorte de sus ingresos.
En entrevista concedida a un medio de prensa radial, Elizeche explicó que todas las medidas que se encuentran en tratamiento en el Congreso, como la que plantea la ampliación de la deducibilidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y también del IVA a los alimentos de la canasta básica familiar, terminarían por dejar sin financiamiento a varios sectores vulnerables.
“Recordemos que la mayoría de los sectores sociales, como también los gastos sensibles del Estado, se financian con Recursos del Tesoro, y todas estas medidas tendrían un impacto global de cerca de USD 400 millones, en caso de ser aprobadas”.
Marco Elizeche, ministro sustituto de Hacienda y viceministro de Administración Financiera
Para que se tenga una idea de lo que implica este impacto, el ministro sustituto de Hacienda mencionó que el Programa de Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad social asciende a USD 250 millones, monto al que se suman unos USD 500 millones en concepto de intereses de la deuda, además de los salarios en los diferentes sectores, que contemplan una cifra similar.
En esta misma línea, puntualizó finalmente que la aprobación de medidas como la que propone la eliminación del IVA a los alimentos, que es del 5%, no necesariamente tendrá un impacto favorable en el bolsillo de la gente.
“Si eliminamos el 5% al pan, la yerba, el azúcar o la leche, no significa que tales productos van a registrar mañana una reducción en sus precios. No tenemos ninguna garantía de que las empresas no absorban ese 5% y se lo dejen a la gente”, concluyó.
