Luego de que culminase la audiencia con los representantes de las diferentes instituciones públicas y la serie de sesiones de deliberativas, la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBI) emitió un dictamen sobre el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año y remitió el documento a la Cámara de Diputados.
La mesa legislativa asesora recomendó la aprobación con modificaciones del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Según señaló el diputado Arnaldo Samaniego, presidente de la Bicameral, dieron su visto bueno para que se aumente el déficit fiscal al 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y respetaron los topes de gastos establecidos, pero realizaron reasignaciones y aceptaron algunas creaciones de cargos.
«Sabemos que el déficit fiscal para el periodo vigente es del 3% (del PIB) y el planteamiento de Hacienda es que vaya gradualmente descendiendo de manera a llegar a lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, del 1,5% del PIB», explicó el legislador.
Detalló que la Comisión Bicameral recepcionó pedidos adicionales de las diferentes Entidades del Estado, por un monto total de USD 450 millones, los cuales, de ser aprobados, implicaría un aumento del déficit fiscal a 3,2% del PIB.
En esta línea, resaltó que no aprobaron los pedidos de aumentos salariales a funcionarios públicos. No obstante, crearon un fondo para atender las necesidades de diferentes instituciones, por un total de USD 50 millones aproximadamente.
El parlamentario explicó que el citado fondo será financiado de la siguiente manera: Cambio de Fuente de Financiamiento de proyectos de inversión del Ministerio de Obras Públicas; disminución de créditos presupuestarios dentro del Ministerio de Hacienda; cambio de fuente de financiamiento de subsidio al transporte público; del 3,5% de los recursos del FONACIDE correspondiente a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), se destina al Ministerio de Salud Pública; y aumento de las transferencias consolidables de la Dirección Nacional de Aduanas al Tesoro Nacional.
El mencionado fondo permitirá realizar reasignaciones, entre las cuales se destacan las siguientes: para el Ministerio de Defensa, destinado a la Fuerza Aérea, se prevé el mantenimiento de aeronaves y adquisición de combustibles. También en el Ministerio de Salud, se destina a la aplicación del escalafón de funcionarios administrativos, a ser aplicado en 4 años y financiado con la supresión de cargos vacantes.
Se prevé, además, para el SENASA (Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental), la construcción de sistemas de agua potable en comunidades rurales. En el Ministerio de Justicia, será destinado al pago de ayuda alimentaria, como así también ajuste en los montos de los contratos de guardiacárceles.
Asimismo, se prevé la nivelación salarial para oficiales del Registro Civil y dar cumplimiento a la carrera de enfermería del personal de blanco que presta servicio en las penitenciarías.
Otras entidades como el Ministerio de Agricultura y Ganadería; SENADIS (Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad); SENABICO (Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados); INDI (Instituto Paraguayo del Indígena); UNA (Universidad Nacional de Asunción) y Universidades Públicas del interior también se verán beneficiados con el fondo.
Samaniego comentó que la Bicameral también contempló los créditos presupuestarios necesarios para dar cumplimiento a las Leyes recientemente sancionadas que afectan a las siguientes Entidades: Poder Legislativo, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Ministerio de Desarrollo Social (Comedores Comunitarios), entre otros.
Abogan por aprobación de préstamos
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda abogó ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados por la aprobación de dos préstamos para el financiamiento de los Bonos Soberanos emitidos en el año 2013 y para el sostenimiento del Programa Nacional de Becas en el Exterior Don Carlos Antonio López (BECAL).
Tras la reunión mantenida en la mañana de este martes en la Cámara de Baja, el viceministro de Economía, Iván Haas, explicó que uno de los créditos consiste en USD 240 millones otorgados por el Banco Mundial (BM), cuyos recursos pretenden financiar el remanente de los Bonos emitidos en el 2013 y que vence en el mes de enero del próximo año.
El viceministro sostuvo que el Bono mencionado llegó a tener un volumen de USD 700 millones en su momento y que la herramienta con que cuenta el Ministerio de Hacienda, la Ley de Administración de Pasivos, ha venido administrando el vencimiento de este Bono con dos operaciones anteriores.
En otro momento, explicó que el remanente de la deuda se encuentra en torno a los USD 238 millones, los cuales se saldarían con el préstamo del Banco Mundial.
“Dadas las condiciones del mercado, el Ministerio de Hacienda decidió no usar la Ley de Administración de Pasivos debido a que una nueva emisión saldría más caro que un préstamo multilateral al cual se recurrió. Vinimos a poner a consideración del Congreso Nacional, esto ya tuvo aprobación en la Cámara de Senadores y venimos a abogar por su aprobación en la Cámara Baja”, explicó el viceministro.
El segundo préstamo es de unos USD 30 millones del BID que pretende dar continuidad al Programa BECAL, tanto en el financiamiento como en el desarrollo de nuevas herramientas previstas en el programa.
Al respecto, el viceministro Haas señaló que con estos recursos se crea un fondo de garantía de tal manera a que el sector privado pueda cofinanciar las becas. “Estamos hablando de modalidades, por ejemplo, el Estado financiaría el 70% de las becas y el resto quedaría para un financiamiento privado y respaldado por un fondo de garantías”, señaló.
Por su parte, la coordinadora general de BECAL, Andrea Picaso, señaló que las becas llevan más de 90 convocatorias desde su creación, con casi 3.000 beneficiarios. Con este nuevo financiamiento, el objetivo del programa es alcanzar a otras 2.000 personas para que puedan acceder a Programas de Excelencia Académica.
“Otro de los objetivos es traer más programas de doctorados al país para que más paraguayos, de cualquier lugar del territorio nacional, puedan tener acceso a estos planes de capacitaciones que tiene BECAL. La meta es seguir fortaleciendo el proyecto para la formación de miles de compatriotas en las mejores universidades del mundo”, remarcó.
Dialogaron sobre proyecto que busca compensar a extrabajadores de Itaipú
El lunes, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado llevó adelante una audiencia pública donde se debatió la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de Ley N° 6970/22.
El documento objetado por el Ejecutivo es el que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a los extrabajadores constructores de la usina, montaje y puesta en servicio de las unidades generadoras de Itaipú, contratados directos de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación de la margen derecha.
La audiencia inició con la presentación de Fernando Fernández, representante de la Unión Nacional de extrabajadores de la Itaipú Binacional – Margen Derecha (UNETIB-MD).
Fernández recordó que llevan esa lucha desde el año 1989, por lo que instó a promulgar la Ley 6970/2022 que establece el marco legal solicitado por la propia Itaipú Binacional, a los efectos de contar con una herramienta válida para habilitar a la entidad a cumplir la deuda, fundado en la reserva de derecho establecido en el propio artículo 18 del Tratado.
“No se debe dejar de considerar que nuestro reclamo significaría un ingreso de divisas al país y también al Estado, en cada una de las familias beneficiadas, reactivando la economía sin comprometer el dinero público en préstamos ni en bonos soberanos”, acotó.
Agregó que, si no se instala una mesa negociadora, recurrirán a una instancia internacional para mediar por esta causa que viola derechos humanos inalienables e imprescriptibles.
Posición de Itaipú
En otro momento, intervino Manuel María Cáceres, director general paraguayo de la Itaipú, quien acotó que “así como está sancionada la Ley, se tiene la dificultad de cumplir porque no creemos que una Ley esté por arriba del Tratado”.
Asimismo, refirió que las decisiones no se toman unilateralmente, se toman de manera consensuada a través de votos en el Directorio como en el Consejo de Administración.
“Creemos que una Ley que obliga a la Itaipú de cualquiera de los dos países -es un precedente muy peligroso- y que puede traer aparejada otras concesiones unilaterales. Se habla de montos muy elevados y se deben ajustar”, señaló.
No obstante, el director de la binacional dijo que están abiertos al diálogo, que no pueden salir del procedimiento y se deben cuidar las reglas e instrumentos que tienen internamente.
Finalmente, el senador Miguel Fulgencio Rodríguez destacó que la audiencia se realizó para transparentar lo que se hace en la Comisión de Hacienda del Senado y donde todos los afectados pudieron hacer uso de la palabra para manifestar sus inquietudes. “Esta Ley debe ser llevada como si fuera un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Paraguay y Brasil”, expresó.
