El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer la sexta edición del boletín elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) denominado “Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales”.
El documento presenta las prácticas, desafíos y obstáculos que existen en los países miembros del Gafilat sobre la disponibilidad y el acceso a información básica y de beneficiario final (BF).
Respecto a los beneficiarios finales, el informe menciona que desde el 2016 cada vez más países de la región están estableciendo un registro de BF o por lo menos requiriendo que los BF de todas las entidades relevantes sean declarados anualmente ante una autoridad gubernamental.
Señala que, desde abril de 2020, por lo menos diez países cuentan con una norma que requiere la declaración del beneficiario final, tales como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
En esta línea, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sugiere la aplicación de un umbral como forma de determinar una participación mayoritaria, estableciendo como ejemplo de umbral una tenencia “mayor al 25%” del capital.
“Este es uno de los análisis, pero no el único que debe realizarse, para determinar quién tiene el control efectivo sobre la entidad”, explica el organismo.
Añade que países de la Unión Europea vienen aplicando los umbrales sugeridos por el Gafi, ya sea “al menos 25%” o “más del 25%”, pero que algunos países de Gafilat vienen estableciendo umbrales menores.
En este punto citaron a Costa Rica y Uruguay, que aplican un umbral del 15%; Perú y Paraguay, del 10%; Colombia, el 5%; mientras que Argentina y Ecuador requieren la identificación de cualquier individuo que posea una acción para cubrir al 100% de la tenencia accionaria.
Desafíos
Por otra parte, en el informe se menciona que en relación con las evaluaciones sobre el sistema Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) realizadas por el Gafilat, Gafi y otros organismos evaluadores, se observa que si bien el marco legal de los países miembros de Gafilat suele estar a la par, o incluso mejor que el de los países miembros del Gafi, el cumplimiento efectivo suele ser en promedio más bajo que el de los países Gafi, y más similar al resto de los países.
Por este motivo, según el reporte, existen grandes desafíos para los países miembros del Gafilat. La organización intergubernamental clasificó a los desafíos en cuatro etapas correlativas.
El primero se refiere a la disponibilidad de Beneficiario Final sobre todos los vehículos relevantes. Los desafíos incluyen los riesgos de las acciones al portador, las definiciones que no incluyen el control efectivo por otros medios (diferentes a la titularidad de acciones), las cadenas de titularidad que terminan en paraísos fiscales, o la falta de sanciones efectivas.
Además de la falta de acceso a la información, en esta etapa los obstáculos incluyen la falta de digitalización o la falta de acceso por parte de todas las autoridades relevantes; así como la calidad de la información, donde se presentan desafíos sobre la falta de actualización o dificultad para cruzar información entre diferentes bases del Estado.
Por último, se menciona al uso efectivo de la información, lo que se puede ver afectado mayoritariamente por la falta de recursos tecnológicos, presupuestarios y de personal.
