“Lo que tenemos que acabar acá es (con) IPS invirtiendo el dinero que es de los trabajadores en entidades financieras que finalmente quiebran y terminan perdiendo plata”.
Con estas palabras, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, advertía esta mañana los riesgos presentes hoy en día en la inversión de fondos jubilatorios que se pretenden enfrentar con la creación de la Superintendencia de Pensiones.
El titular del MEF, junto con la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, se reunió con miembros de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Cámara de Senadores a fin de analizar el proyecto de Ley remitido por el Ejecutivo vía Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): “Por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución de la República”.
Al término de la reunión, el titular de la cartera económica insistió en que lo que se busca es determinar dónde se puede y no se puede invertir. “Lo que tenemos que acabar es con los venezolanos que vienen acá, llevan la plata de los jubilados; lo que tenemos que acabar acá es con el IPS dando plata a los transportistas”, citó el ministro, en cuanto a otros escenarios de riesgo para la inversión de estos fondos.
En este punto, es importante señalar que el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene invertidos sus recursos en los distintos bancos que operan en nuestro país.
Según se puede observar en el boletín mensual de la Dirección de Inversiones, al mes de agosto de este año, el IPS tiene invertidos en Visión Banco, por ejemplo, unos USD 13 millones, con un rendimiento promedio ponderado de 6,88%.
Esta entidad bancaria, reportó pérdidas por G. 6.820 millones al cierre del mes de octubre, según consta en el boletín estadístico de la Superintendencia de Bancos.
No obstante, es uno de los bancos que mejor paga al IPS y donde la institución tiene un monto mayor en comparación con otros bancos que ostentan una mejor calificación de riesgo, lo que evidencia que la previsional prioriza más bien la rentabilidad en lugar de la seguridad.
El ministro de Economía explicó que con la iniciativa en curso se busca determinar dónde puede y no puede invertir una caja de jubilaciones. “Acá no se le obliga a nadie ubicar en tal o cual lugar (…); si el IPS dice que no quiere invertir en tal o cual activo, pues no lo invierte; y si ellos tienen un resquemor y quieren poner una modificación donde diga ´el IPS no va a invertir en bonos del Tesoro`, pues que presenten las modificaciones”, añadió.
Consenso, pero sin unanimidad
Carlos Fernández destacó que el proyecto de creación de la Superintendencia de Pensiones cuenta con un alto grado de consenso, pero sin una completa unanimidad.
“Estuvimos historiando cómo se llegó a este proyecto de ley, que tiene un alto grado de consenso. No tiene unanimidad, lógicamente, porque no va a haber siempre gente que esté de acuerdo”, indicó el ministro Fernández Valdovinos.
Añadió que, durante la reunión con los sectores involucrados, se había determinado que las propias centrales obreras, junto con los empresarios, elaborarían el primer borrador de esta norma. Una vez que contara con ese primer borrador, el Poder Ejecutivo emitiría sus comentarios a las modificaciones que se sugieran en el tratamiento legislativo.
En la misma línea, el titular de la cartera económica señaló que los sectores en desacuerdo con esta medida son libres de presentar sus reivindicaciones o modificaciones para que se pueda analizar su viabilidad.
“Ellos (los sectores en desacuerdo) tienen todo el derecho también de presentar sus reivindicaciones o sus modificaciones al proyecto de ley y ojalá que lo hagan, o sea, para qué manifestarse si podés mandar un documento diciendo exactamente qué querés cambiar y con eso vemos nosotros la viabilidad de incorporar o no”, sostuvo, al ser consultado sobre la manifestación en contra del proyecto que está prevista para este 28 de noviembre.
Por último, el secretario de Estado recalcó que esto comenzó como una reacción de las centrales obreras y empresarios, y en última instancia intervino el Ejecutivo. Dijo que las personas que estén en contra de esta ley o de algún artículo pueden presentar una alternativa y argumentar por qué se oponen.
Es importante señalar que los integrantes de la Comisión de Legislación resolvieron postergar la emisión del dictamen a fin de aguardar los informes correspondientes sobre el proyecto y consensuar un texto final.
