Desde la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) comunicaron a la opinión pública su preocupación con relación a dos proyectos de ley que se encuentran en discusión actualmente en la Cámara de Diputados.
Por un lado, la propuesta “que suspende temporalmente la obligación de pago de regalías por eventos genéticos o biotecnológicos en soja protegidos por patentes de invención”, y por otro lado el proyecto “que prorroga el vencimiento por un año y prohíbe aplicación de multas y recargos a obligaciones derivadas de contratos de entrega de granos de la zafra 2021/2022”.
Según ambas organizaciones, estos proyectos legislativos pondrían “en jaque” los esquemas actuales de comercialización, que permiten el buen desempeño que ha conseguido la cadena de valor en estos últimos años.
“De materializarse estas iniciativas, pondrían en serio riesgo la credibilidad, confianza y el respeto que han construido todos los actores de la cadena agrícola y agroindustrial del país en factores claves para el gran crecimiento que ha tenido la producción de oleaginosas y cereales, como lo son, sin lugar a duda, el contrato para entrega a futuro de granos y el desarrollo y adopción de nueva tecnología”, reza el comunicado.
De acuerdo con el texto de las cámaras, gracias a estos contratos los productores han venido consiguiendo un financiamiento acorde a sus necesidades y se han asegurado la provisión de semillas, insumos y un asesoramiento técnico que colabora en sus esfuerzos para seguir produciendo y comercializando más y mejor.
Manifestaron que, en los últimos años, se han dado incluso unos pasos más, ya que a través de la Bolsa de Productos del Paraguay y la Cámara Arbitral, los representantes de los compradores (industrias, acopiadores, comercializadores y exportadores) y los representantes de los vendedores (productores agrícolas) se han unido y han prestado su consentimiento para homologar un modelo de contrato que represente la realidad del mercado y proteja a ambas partes.
Mala producción en el 2022
Cabe recordar que la cosecha de este año está entre las peores de la historia del país, pero incluso en este contexto tan negativo, más del 95% de todos los Contratos para Entrega a Futuro de Granos han podido ser honrados o renegociados con éxito entre las partes, conforme a los términos pactados en el propio contrato, lo que según las cámaras demuestra claramente que el sistema actual funciona.
Advirtieron que las intromisiones políticas o de terceros a este sistema podrían poner en riesgo todo lo bueno que se ha conseguido en el sector agrícola y agroindustrial nacional. “Ya que al restarle previsibilidad y confianza a las relaciones entre las partes, con cambios no negociados entre las mismas e impuestos, como los que se proponen en estos proyectos de leyes, se podría perder el dinamismo que tiene el mercado”, afirman en el comunicado.
En este sentido, tanto Capeco como Cappro alegan que esto a su vez obligaría a todos los participantes de la cadena a reconfigurar mecanismos de trabajo que son claves para toda la actividad.
“Esto es particularmente peligroso en un momento como el actual, donde todo el esfuerzo de la cadena se encuentra abocado en asegurar que los productores puedan finalizar de manera exitosa su esfuerzo de siembra de soja y esperar que la próxima cosecha pueda recomponer en alguna medida la salud del campo y que este pueda seguir siendo uno de los principales motores del crecimiento económico”, señalan.
