Con un total de 49 votos a favor, y en medio de manifestaciones de campesinos e indígenas, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de Ley que pretende tipificar como crimen las invasiones de la propiedad privada y eleva las penas hasta a 10 años de cárcel. El documento pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Específicamente, el proyecto sancionado modifica el artículo 142 del Código Penal, y fue presentado por varios senadores.
Con la iniciativa, el citado artículo quedó redactado de la siguiente manera: “1° El que, individualmente o en concierto con otras personas, ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años”.
El 2° artículo dice que cuando la invasión en el sentido del numeral anterior se realizara con el objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, “la pena privativa de libertad será de hasta 10 años”.
Cabe señalar que el artículo 142 de la legislación actual establece que el ingreso “con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno” y la instalación en él será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.
En caso de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dé su visto bueno, el documento entrará en vigor al día siguiente de su promulgación y publicación.
Discusión en la plenaria
Al inicio del tratamiento de la iniciativa, el diputado liberal Celso Kennedy planteó el aplazamiento por 15 días, argumentando que el documento debía ser mejor analizado en las diferentes comisiones y que se debía pedir pareceres de distintos sectores.
Sin embargo, este pedido no fue apoyado por el plenario, por lo que se decidió analizar el proyecto en la sesión ordinaria.
Durante la discusión sobre la iniciativa, varios parlamentarios de la oposición se mostraron en contra, asegurando que elevar la pena no solucionará el problema de fondo. En este sentido, el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA) calificó al proyecto de “populista e hipócrita” y aseguró que lo único que se logrará es agravar la situación
“Elevando las penas no se va a solucionar el complejo problema social. Esta cuestión, sin haberse analizado las causas y las posibles consecuencias, es una propuesta realmente populista porque no vamos a resolver el problema de fondo, vamos a enviarles a las cárceles a los campesinos por pretender una tierra, consagrada en nuestra Constitución Nacional, aumentaremos el hacinamiento, eso es lo que vamos a lograr, lejos de buscar y lograr la paz social”, afirmó.
Asimismo, su colega Eusebio Alvarenga Martínez (PLRA) señaló que la solución pasa por una distribución equitativa de los recursos y comentó que existen más de 8 millones de hectáreas malhabidas. “Es un problema social grave, el problema de la tenencia y de la repartija de tierras, y no vamos a solucionar elevando las penas”, comentó.
En esta misma línea también se pronunciaron los legisladores Edgar Acosta Alcaráz, Emilio Pavon, Kattya Gonzalez, Eusebio Alvarenga, Jorge Britez, entre otros.
En contrapartida, varios diputados colorados y algunos de otros movimientos se mostraron a favor y votaron por la aprobación. En este sentido, los parlamentarios colorados expresaron acuerdo al mencionar la fundamental importancia de la seguridad jurídica, lo cual constituye un escenario propicio para alentar inversiones e impulsar el desarrollo integral del país.
Para el diputado Basilio Núñez (ANR), la propiedad privada es un precepto constitucional inviolable. “Nadie puede ser despojado de su tierra sin una sentencia judicial. Existen casi mil invasiones de propiedad privada en la Región Oriental, en un 50% se trata de invasiones en áreas urbanas. Es el momento de dar tranquilidad al campo, a quienes labran la tierra y a quienes la producen”, aseveró.
El diputado Raúl Latorre (ANR), por su parte, sostuvo que las invasiones no son el camino y que esto pondría en peligro las inversiones y el desarrollo de nuestro país.
Así también, la parlamentaria Celeste Amarilla (PLRA) refirió que la invasión de la propiedad privada es igual a un hecho punible de robo y despojo. “Aquí no estamos discutiendo sobre la invasión de la propiedad privada. Estamos discutiendo el aumento de penas por la invasión de la propiedad privada. Ocupar un inmueble ajeno es robar, es lo mismo que robar un auto ajeno”, enfatizó.
Manifestación en contra del proyecto
Cabe mencionar también que los campesinos e indígenas se manifestaron hoy en inmediaciones del Congreso Nacional exigiendo el rechazo al citado proyecto de Ley.
La manifestación derivó inclusive en la quema de vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones del legislativo y enfrentamientos con la Policía, según informó la prensa local.
