En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, resaltó la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica y, sobre todo, los riesgos que podrían representar para el país los aumentos desmedidos planteados en el Congreso, lo que impactará el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023.
“Nuestra sostenibilidad macroeconómica enfrentó en los últimos dos años situaciones y choques realmente muy difíciles a causa de la pandemia, los eventos climáticos y del conflicto bélico (Rusia-Ucrania) que puso a prueba esta sostenibilidad, lo cual nos lleva a tener un manejo más prudente que nunca de las finanzas públicas”, explicó.
En este sentido, resaltó la “oportunidad histórica” que tiene el Paraguay para alcanzar el grado de inversión, con lo cual mejoraría su carta de presentación ante el mundo, mostrándose como un país amigable, pujante y en pleno desarrollo. “Estamos a pasos del grado de inversión y tenemos que tener un comportamiento prudente, sensato y razonable”, remarcó Huttemann.
A su vez, el ministro sustituto de Hacienda, Marco Elizeche, expresó su preocupación acerca de las propuestas legislativas que, por un lado, incrementan los gastos rígidos y, por el otro, disminuyen los ingresos tributarios. Señaló que, juntando todos los pedidos de aumentos, entre iniciativas parlamentarias y los ministerios, alcanzan aproximadamente USD 1.800 millones con los que el Estado no cuenta.
“Con ello, echaríamos por tierra toda posibilidad de volver a la senda del equilibrio y a la meta que en el 2024 retornemos al límite del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Todo eso lo hablamos con el sector privado y de acciones en el sentido de seguir comunicando a la ciudadanía de la importancia de evitar estos aumentos”, detalló.
El PGN para el ejercicio fiscal 2023 asciende a G. 102,6 billones, unos USD 14.450 millones, que comparado con el Plan de Gastos de este año representa un aumento del 6%.
Elizeche recordó que el Paraguay está en pleno proceso de recuperación tras dos años de pandemia y, en caso de aprobarse los proyectos, irían en sentido contrario y con ello, dificultaría el avance hacia la senda del desarrollo.
Ponen en riesgo la competitividad país
Por su parte, Enrique Duarte, presidente de de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), manifestó que este no es un tema nuevo, ya que desde hace meses vienen expresando su preocupación respecto a una serie de aumentos para el presupuesto. “Sostenemos que de aplicarse estas iniciativas, afectarían directamente a la competitividad país y también a la generación de empleo”, añadió.
Aseguró que lograr el grado de inversión es clave para el desarrollo del país, atendiendo a que contribuirá a la empleabilidad, principalmente de la población juvenil. “Hemos visto con mucho beneplácito que independientemente que dentro del Gobierno están en pugna política, sin embargo, anteponen al país por encima de los intereses particulares, es la visión que necesitamos”, consideró.
En ese aspecto, apeló a la responsabilidad de la clase política de modo a que prioricen la estabilidad de la Nación. “Necesitamos alejar a la economía del electoralismo político. Es importante buscar votos, pero mucho más importante es preservar el futuro de nuestros hijos y nietos”, dijo.
Duro golpe al PGN 2023
Indicó que el sector privado comparte la preocupación del Equipo Económico y del Presidente de la República sobre distintos temas que tienen un impacto muy sustancial en los gastos públicos.
Advirtió que el Paraguay está caminando sobre la cornisa, tratando de recuperar lo que consideró como el pilar fundamental, haciendo alusión al equilibrio fiscal, base de la previsibilidad macroeconómica.
Por otro lado, el ministro Huttemann anunció que el Poder Ejecutivo seguirá haciendo uso de las herramientas jurídicas y políticas, además de conversar con los diferentes sectores del Congreso sobre los proyectos de leyes que contemplan aumentos para el año entrante. “Apelar al diálogo y generar conciencia sobre los posibles riesgos es la consigna del Gobierno”, puntualizó.
Feprinco se suma a pedido de los gremios
Desde la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), emitieron un comunicado en el que manifestaban también su preocupación ante la presentación de dos proyectos de leyes que responden a una directa injerencia política en la dinámica del sector de la agroindustria, hecho que rechazaron de forma rotunda.
“En el primer caso, se trata del proyecto ‘que prorroga vencimiento por un año y prohíbe aplicación de multas y recargos a obligaciones derivadas de contratos de entrega de granos de la zafra 2021/2022’, y en el segundo, el proyecto ‘que suspende temporalmente la obligación de pago de regalías por eventos genéticos o biotecnológicos en soja protegidos por patentes de invención’”, reza el comunicado.
En ambos la Feprinco, se opone a lo que consideran como una intromisión a las relaciones contractuales que están regidas por el derecho privado. Recordaron que el sector de la agroindustria está igualmente afectado, como el de la producción de granos, y que estos proyectos, además de la referida intromisión, representarán una desventaja desmedida para el sector que industrializa la materia prima, y cuyo desempeño se debería precautelar.
“Exhortamos a los legisladores a rechazar ambos proyectos, que, como ya manifestamos, afectan relaciones contractuales de carácter privado, interfiriendo incluso en los derechos de propiedad intelectual de una de las partes, afectando la seguridad jurídica y el clima de negocios, muy necesarios para la recuperación económica del país”, manifestaron.
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Ingresos de soja se redujeron en 20%
El ingreso de divisas generado por las exportaciones de aceite, harina, cascarilla y granos de soja en estado natural alcanzó al mes de agosto más de USD 2.083 millones, una reducción de más de USD 1.000 millones en la comparación interanual.
Este valor conseguido equivale al 31% de todas las exportaciones registradas en el país en ese periodo, 20% menos de participación con respecto a agosto del 2021, con lo cual se convierte en el peor dato para este periodo desde el año 2009, por debajo incluso de lo que se consiguió durante la sequía del 2012.
Según el último informe de la Cappro, lo anterior se da incluso en el contexto de mejora en los precios internacionales (tanto en soja en estado natural como en sus derivados industrializados) con relación a años anteriores, ya que la caída en volumen de cosecha se encuentra en torno al 60% con relación al potencial de producción de soja en nuestro país.
