La Cámara de Senadores analizó ayer, por segunda vez, el proyecto de Ley que establece medidas transitorias de Consolidación Económica y de Contención Social para mitigar el impacto de la pandemia del COVID -19 o coronavirus.
Los legisladores aceptaron algunos cambios introducidos por Diputados y en algunos puntos se ratificaron en su versión, por lo que el documento vuelve a la Cámara Baja.
Los senadores aceptaron la principal modificación que había realizado la Cámara de Diputados respecto al aumento salarial para docentes y personal de blanco que presta servicios en los organismos y entidades del Estado.
Aprobaron los cambios en el artículo 4º, en el inciso d) que suspende la implementación de la política de desprecarización laboral del personal contratado que realiza funciones en relación de dependencia, en la función pública, exceptuando al personal dependiente del Instituto de Previsión Social (IPS) y el personal de salud que presta servicios en organismos y entidades del Estado.
Así también, en el inciso e) exceptuaron a docentes y personal de blanco de la prohibición de aumentos salariales.
De esta manera, en el último trimestre de este año los docentes podrán contar con un aumento salarial. Si se registra una variación positiva de los ingresos tributarios superior al 10%, los educadores podrán contar con un reajuste de hasta el 8% y si el aumento de la recaudación es superior al 15%, el incremento salarial podrá ser de hasta el 16%.
Otras modificaciones
Por otra parte, los senadores se ratificaron en su versión en el artículo 20º para que se destine USD 5 millones para apoyo y asistencia a ollas populares. En el inciso c) del citado artículo se estipula que se destinará USD 2 millones a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), para la adquisición de medicamentos e insumos médicos para el tratamiento de personas con diagnóstico de COVID-19.
También avanzó en la versión del Senado el artículo 22, donde se establece que, excepcionalmente y mientras dure la declaración de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) podrá financiar el “Programa de Alimentación Escolar del Paraguay (PAEP)”.
No obstante, aceptaron la decisión de los diputados de testar el artículo 38, que autorizaba al Poder Ejecutivo a reasignar una porción, o el total, de los saldos no comprometidos de los contratos de préstamos que hayan sido aprobados por ley.
Así también, dieron su visto bueno respecto a la obligatoriedad de una rendición de cuentas trimestral por parte del Ejecutivo, que deberá ser remitida al Congreso y a la Contraloría General de la República, conteniendo el detalle de las acciones presupuestarias y modificaciones que le autoriza esta Ley.
Iniciativa
Cabe recordar que el citado proyecto prevé la utilización de USD 365 millones, que serán financiados con tres diferentes tipos de fondos: USD 90 millones con reasignación de recursos, USD 25 millones con emisión de bonos del Tesoro a través de la Agencia Financiera de Desarrollo, y USD 250 con aporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante un Derecho Especial de Giro (DEG).
Del monto total, USD 262 millones serán destinados a gastos en salud y programas sociales; USD 23 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS); USD 10 millones para exoneración de servicios básicos y subsidios a trabajadores independientes.
Así también, se contemplan USD 20 millones en fondos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y cuentapropistas; USD 25 millones para el Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy); USD 10 millones para distintas instituciones y USD 15 millones para el Ministerio de Urbanismo, Viviendas y Hábitat, para contrucción de viviendas.
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Camioneros continúan movilizados
Por otra parte, el sector de transporte de carga continúa movilizándose en los diferentes puntos del país, reclamando la aprobación de la Ley que establece el costo operativo del flete.
Días atrás, el Poder Ejecutivo había emitido un decreto por el cual creó un Comité Técnico de Transporte de Cargas para atender la problemática del sector de los camioneros; sin embargo, los manifestantes insisten en la aprobación de la Ley.
En esta línea, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, en el programa El Péndulo de Unicanal, mencionó que la base del problema de los camioneros es la informalidad. Aseguró que en la institución tienen registrados unos 13.200 camioneros aproximadamente, pero que desde el sector aseguran que son más de 60.000.
“El Gobierno siempre apostó a la mediación y el diálogo. Se hizo un trabajo técnico para la elaboración del decreto que es favorable para las partes y soluciona mayormente el problema”, indicó el viceministro
Campesinos e indígenas levantaron medida de protesta
Tras una reunión entre las autoridades nacionales y los representantes de los grupos campesinos e indígenas que se encontraban movilizados en la capital del país, se acordó ayer levantar las medidas de fuerza y proseguir con las negociaciones para una solución definitiva a la problemática planteada.
Durante el encuentro, se ratificó el acuerdo firmado el 27 de enero del año en curso, donde se estableció dar tratamiento prioritario a los proyectos productivos presentados por las organizaciones, asociaciones y comités integrantes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina Indígena y Popular (ACIP).
Los proyectos deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas, garantizando la transparencia y la información pública.
