En una apresurada y sorpresiva sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Por el cual se reglamenta el rol supervisor del estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución de la República”. El documento fue remitido a Diputados para su posterior estudio. Cabe recordar que esta iniciativa está entre las ideas de reforma del Estado que impulsa el actual gobierno, junto con otras como la Superintendencia de Valores y las contrataciones públicas, que ya están en plena vigencia.
En principio, la Cámara Alta estaba desarrollando una sesión extraordinaria en la cual no figuraba el mencionado proyecto, pero horas antes se dio a conocer la convocatoria a otra sesión para analizar como único punto la creación de la Superintendencia de Jubilaciones.
Minutos después de desarrollarse la sesión extraordinaria, los senadores pertenecientes a Honor Colorado (movimiento del presidente de la República, Santiago Peña, y el ex presidente Horacio Cartes), dejaron sin quórum la sesión para que de esa manera se pudiera llevar adelante el análisis del mencionado proyecto impulsado por el Ejecutivo en una segunda sesión extraordinaria.
El documento fue aprobado en general de manera apresurada, casi sin discusión, y luego fue estudiada en particular por capítulos en donde se introdujeron algunas modificaciones propuestas por la Comisión de Legislación de la Cámara Alta.
Las modificaciones
Algunos de los artículos modificados hacen referencia al capítulo III de la iniciativa, referente a los préstamos, inversiones y auditorías. En este punto, se señala que las Entidades de Jubilaciones y Pensiones (EJP) pueden otorgar préstamos a sus afiliados, jubilados, pensionados y funcionarios, conforme con sus respectivas cartas orgánicas y estatutos sociales, si está previsto (…) en ellas, en condiciones que garanticen una adecuada gestión de los riesgos crediticios y con sujeción a la regulación emitida por la Superintendencia.
También se modificó cierta parte del contenido del capítulo VII, del secreto de las actuaciones-deber de reserva. En este punto, específicamente en el artículo 31, se estableció que las acciones de los funcionarios de la Superintendencia y los interventores podrán ser objeto de revisión judicial con posterioridad a la culminación de la intervención, por la eventual omisión o desviación en el cumplimiento de las mismas.
“Ningún funcionario estará exento de responsabilidad, por su acción u omisión en el desempeño de sus funciones”, estipularon.
En el proyecto original del Ejecutivo se señalaba que “ni los funcionarios de la Superintendencia ni los interventores podrán ser sometidos a juicio por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones legales. Estas acciones podrán ser objeto de revisión judicial con posterioridad a la culminación de dichas funciones, por la eventual omisión o desviación en el cumplimiento de las mismas”.
Es importante mencionar que el texto final de lo aprobado recién se dará a conocer una vez sea autorizada por las secretarías encargadas de “pasar en limpio” las modificaciones planteadas y aprobadas en el pleno.
Sesión en Diputados
La Cámara Baja es la encargada de continuar con el estudio de la iniciativa. En caso de aprobar la versión del Senado, el proyecto ya pasará al Ejecutivo para su promulgación o veto; en caso de introducir modificaciones, volverá a la Cámara Alta.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, aclaró a través de su cuenta de X que no está convocada sesión extraordinaria alguna para el tratamiento de esta iniciativa y el proyecto tampoco figura en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles.
Uno de los principales puntos de discusión que hay sobre el proyecto de ley consiste en si la reforma habilita o no al Estado a acceder a los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS). Sobre esto, autoridades del Poder Ejecutivo afirman que es imposible y que el Estado no podrá tocar dichos fondos, que son propiedad exclusiva de los aportantes a la previsional.
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, aclaró recientemente que no es cierto que esta ley ponga en riesgo los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), y que el Estado no podrá acceder a ellos. En este contexto, manifestó que nunca existió intención alguna de modificar la ley orgánica de la previsional, que impide que la institución otorgue préstamos al Estado.
“Está blindado el IPS, no va a poder acceder el Estado, tampoco las municipalidades o entes descentralizados podrán acceder a los fondos del IPS, y el IPS va a tener que hacer su propio plan financiero sin incluir los bonos; eso está explícitamente incluido en esta ley”.
Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas
Aclaró que este proyecto establece en dónde se pueden invertir los fondos de las cajas de jubilaciones, pero que no se obliga a ninguna de ellas cómo invertirlos. “Limita para que sean inversiones más razonables, más conocidas y prudenciales, pero no dice ‘acá tenés que invertir’”, aseguró el ministro, en una entrevista realizada esta mañana por una radio local.
Explicó que el manejo de la Superintendencia será ejercido por el Consejo de Seguridad Social, conformado por tres representantes del Gobierno: los ministros de Economía y Trabajo, y el presidente del Banco Central del Paraguay; más tres representantes de los sectores afectados: empresarios, jubilados y sindicatos reconocidos oficialmente. Aclaró que el rol del superintendente será velar por el cumplimiento de lo establecido por el Consejo de Seguridad Social.
El sector empresarial también apoya este proyecto de ley. Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), consideró que el trabajo ha sido intenso en lo que respecta a consensuar la norma. Dijo que si bien la ley ha tenido errores de forma en su proceso, con las debidas correcciones será provechosa.
Con respecto a la imposibilidad de que el IPS preste dinero al Estado, dijo que de hecho estaba bien clara la redacción del proyecto, y dijo que desde su perspectiva también es correcto sostener esta prohibición por el bien del sistema de jubilaciones.
“El diálogo se dio con todos los sectores y fueron más de cuatro semanas de trabajo y de diálogo, en donde incluso desde el sector empresarial hemos tenido que tomar posiciones que le incomodaban al sector de obreros y jubilados, porque este tipo de leyes tienen que ser consensuados, sobre todo cuando pretende defender todos los ingresos futuros de todos”.
Enrique Duarte, presidente de la UIP
Cabe apuntar que, recientemente, la calificadora internacional de riesgo Moody’s dio una opinión sobre el proyecto de reforma para las jubilaciones en Paraguay. En este contexto, se incluye la reforma de pensiones como una de las que, de ser instalada y aplicada correctamente, podría generar una mejora de la calificación de riesgo para la deuda del gobierno.
Según explica Moody’s, una correcta aplicación de la reforma de pensiones podría reducir el déficit público como consecuencia de las jubilaciones, que se han organizado sin prever los cambios estructurales a lo largo del tiempo.
Sin embargo, representantes del sector sindical consideran que el proyecto de ley ha sido aprobado por el Senado sin un estudio lo suficientemente amplio, y temen que los fondos del IPS puedan ser utilizados para arreglar el problema que tiene actualmente la Caja Fiscal.
En consecuencia, se registraron manifestaciones en los alrededores del Congreso. Desde el sindicato de trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), amenazaron incluso con una huelga general y cortes del suministro de electricidad. También se han denunciado fuertes represiones e incluso privaciones ilegales de la libertad de los manifestantes, según reportaron medios de comunicación locales.
