Asunción, 31 jul (EFE).- El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, se declaró este lunes «súper preocupado» por la situación de un buque de bandera paraguaya bajo una orden de embargo e interdicción por el cobro de un peaje impuesto por Argentina en un tramo de la hidrovía Paraguay-Paraná que atraviesa su territorio.
Además, el asunto fue motivo de un encuentro este lunes entre los futuros ministros paraguayos de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, e Industria y Comercio, Javier Giménez, con representantes de los gremios de armadores y el embajador de Argentina en Asunción, Domingo Peppo.
«Estamos muy preocupados, es un tema central de nuestra agenda», declaró Peña a periodistas tras una visita al Congreso.
Peña, quien jurará al cargo el próximo 15 de agosto, admitió que aunque aún no han asumido el Ejecutivo, ya están «tomando cartas en el asunto».
En la misma tónica se pronunció Ramírez, quien consideró que se trata de una «cuestión prioritaria para los intereses nacionales».
«Consideramos una situación grave las medidas adoptadas por la justicia argentina, amparada sobre la base de una medida administrativa interna de ese país que colisiona con el tratado internacional de la Cuenca del Plata, el Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná, los tratados de libre navegación», explicó el diplomático.
Agregó que han expresado su «reclamo más firme para que el Gobierno argentino revise esta decisión adoptada, en consecuencia de que ya existe una discusión en los ámbitos técnicos».
«Esto es para Paraguay inaceptable y en esos términos hemos dialogado y hemos solicitado al embajador de la República Argentina que transmita esta posición del Gobierno de la República del Paraguay y del presidente electo Santiago Peña», sostuvo Ramírez, quien anticipó que buscarán una solución «en los ámbitos que sean necesarios».
Medios locales han señalado que un juzgado argentino ordenó el viernes el embargo e interdicción de un buque remolcador con bandera paraguaya de la empresa HB GRUS que llegó al vecino país a descargar soja brasileña.
La embarcación, según las versiones periodísticas, adeudaría unos 4.232 dólares (unos 3.840 euros).
Este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller paraguayo, Julio César Arriola, convocó al embajador argentino, «para tratar la situación planteada con la retención de las embarcaciones en aguas del río Paraná».
Por su parte, la bancada Fuerza Republicana del gobernante Partido Colorado repudió en un comunicado «tan lamentable accionar de las autoridades argentinas» y reclamó «la inmediata liberación de la embarcación guaraní, garantizándose el soberano derecho de libre tránsito de las embarcaciones paraguayas».
También la Unión Industrial Paraguaya (UIP) señaló que rechaza «de forma enérgica semejante atropello a la soberanía y a la libre navegación garantizada por tratados y acuerdos».
En una nota con fecha 30 de julio y difundida este lunes a la prensa, el gremio solicitó al Gobierno de Paraguay iniciar los trámites «para anular esta arbitrariedad» y llamó a evitar que «una escalada de situaciones similares desde ambas partes» destruya lo que ambos países han «venido construyendo a lo largo de 200 años de historia conjunta».
