El proyecto del Presupuesto General de la Nación (2024) está siendo analizado por la Comisión Bicameral que recibe a las diferentes autoridades que deben defender sus planes de gastos para el próximo año. Hasta el momento más de 20 entidades ya acudieron ante esta instancia legislativa.
Tras la presentación del presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Santiago Peña, había dado instrucciones a sus ministros de no solicitar ampliación presupuestaria. Sin embargo, desde la Bicameral informaron a MarketData que los pedidos de ampliaciones ya superan los USD 300 millones.
Concretamente, son cinco las entidades que han solicitado modificaciones en sus presupuestos que en su conjunto suman más G. 2,2 billones con fuente de financiamiento 10, es decir, con impuestos que paga la ciudadanía.
La Corte Suprema de Justicia pide G. 1,1 billones; el Ministerio Público G. 429. 435 millones; el Ministerio de Defensa Pública, G. 33.462 millones, la Universidad Nacional de Asunción (UNA), G. 718.530 millones y las Universidades Públicas del Interior G. 66.248 millones.
Es importante señalar que más de la mitad de las entidades y organismos del Estado aún no han acudido ante la Bicameral, y probablemente también solicitarán mayores recursos en sus presupuestos, es decir, los pedidos de ampliaciones continuarán en ascenso.
Los recursos son limitados
Oscar Lovera, viceministro de Administración Financiera y ministro sustituto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en comunicación con MarketData enfatizó que lo que han presentado al Congreso tiene incorporado la capacidad de recaudación que se tiene estimado para el 2024.
“La programación de gastos depende de la capacidad que tenga el Estado de recaudar los recursos que son estimados, porque el presupuesto, lo que incorpora es una estimación de ingresos”, explicó.
Resaltó que el ministro Carlos Fernández Valdovinos ya ha señalado en varias ocasiones que las asignaciones adicionales que se hagan al plan de gastos solamente van a significar una expectativa de mayores recursos sobre los cuales no se tiene la certeza de que se van a ser concretados.
«Del presupuesto financiado con impuestos, el 88% son gastos rígidos, es decir, salarios, servicios de la deuda que son básicamente intereses y lo que son los compromisos para los sectores pasivos que son jubilados y pensionados».
Oscar Lovera, viceministro de administración financiera.
Lovera detalló también que varios de los pedidos de incrementos van orientados a mayores salarios y creaciones de cargos, que finalmente concluirá en una mayor rigidez del presupuesto.
“Del presupuesto financiado con impuestos, el 88% son gastos rígidos, es decir, salarios, servicios de la deuda que son básicamente intereses y lo que son los compromisos para los sectores pasivos que son jubilados y pensionados”, acotó.
Añadió que en caso de que se incrementen los gastos rígidos, se tendrá menos recursos para destinar a aquellos sectores que también están en el presupuesto y que son obligaciones del Estado, por ejemplo, alimentos escolares, transferencias sociales a sectores como adultos mayores o familias en situación de vulnerabilidad.
“Nosotros mencionamos permanentemente que las cifras que están hoy en el proyecto presentado por el Ejecutivo son las que nosotros podemos comprometer para el financiamiento 2024, adicional a eso lo va a significar es que vamos a tener que priorizar, por una condición de rigidez del presupuesto, algunos pagos con respecto a aquello que no tengan el carácter rígido”, comentó.
En otro momento, el viceministro afirmó que la entidad económica sigue en proceso de revisión de algunas cuestiones que quedaron pendientes en el presupuesto, teniendo en cuenta el escaso tiempo que tuvo el nuevo Gobierno para la presentación del plan de gastos.
“Estamos analizando la remisión de una adenda al Congreso para ciertas adecuaciones que ya no pudieron ser hechas durante la presentación, para el cual teníamos un plazo constitucional que debíamos cumplir”, adelantó.
