En sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados concedió media sanción al proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas”.
Durante el tratamiento de la iniciativa, la diputada Cristina Villalba (ANR), presidenta de la Comisión de Presupuesto, refirió que en agosto de 2019 se aprobó la Ley 6.365, a fin de declarar en situación de emergencia, a todos los establecimientos penitenciarios dependientes del Ministerio de Justicia, por un plazo de un año.
Sostuvo que la vigencia de dicha declaración de emergencia fue extendida en varias ocasiones, siendo la Ley 7057/23 la última aprobada, por la cual se ampliaba la emergencia por 120 días más.
Según informó, con el citado proyecto, el Ministerio de Justicia podrá contratar nuevos agentes penitenciarios para las cárceles que serán habilitadas próximamente, donde también se adquirirán equipamiento y tecnología.
“Este proyecto de ley tiene como objeto declarar en emergencia, por el plazo de 365 días, a todas las penitenciarías del país; autoriza, por otro lado, a reglamentar el plan de seguridad con el concurso de las fuerzas públicas, la vigilancia y seguridad de todos los establecimientos penitenciarios de la República”, detalló la parlamentaria.
Añadió que la idea es fortalecer la seguridad perimetral e interna de los centros penitenciarios y mejorar el sistema de seguridad de los mismos.
Sobre el punto, el legislador Miguel Martínez, felicitó a los intervinientes del operativo “Veneratio” desarrollado, con total éxito, en la cárcel de Tacumbú y extendió, al mismo tiempo, sus condolencias a los familiares del efectivo policial fallecido durante el operativo.
“Creo que las FF.AA. deben seguir ayudando en temas que hacen a la seguridad del país, aunque muchos crean que es inconstitucional; los delincuentes ponen en peligro nuestra soberanía, por lo que la intervención de los militares no está tan en contra de la Constitución Nacional”, apuntó.
Recordemos que el pasado lunes, la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que estuvo encabezada por el diputado Carlos María Arrechea, junto con líderes de diferentes bancadas que componen la institución, recibió al ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, quien explicó la necesidad de ampliar la emergencia en los centros penitenciarios dependientes de este ministerio.
“Solicitamos extender la emergencia penitenciaria porque necesitamos tomar el control de lo que quedó de Tacumbú y también dejar un legado con los nuevos funcionarios penitenciarios, que deben ser disciplinados; no deliberantes; ir ascendiendo con cursos y especializaciones”, había manifestado el secretario de Estado, al tiempo de agradecer el compromiso demostrado por los diputados al dar el apoyo institucional a la iniciativa.
Finalmente, el pleno de la Cámara Baja aprobó el referido proyecto de ley, y la Presidencia dispuso su inmediata remisión a la Cámara de Senadores, para su estudio correspondiente.
Luego, ese mismo día la Cámara Alta analizó y sancionó la iniciativa. Ahora el documento se encuentra en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación.
Sobre la iniciativa, el senador Derlis Maidana, por la Comisión de Legislación, resaltó que son impostergables las intervenciones que permitan un adecuado mantenimiento y restauración de Ia infraestructura, indispensables para Ia observancia de estándares y exigencias internacionales, constitucionales y legales, oficialmente requeridas.
Destacó, además, que es innegable que el Estado paraguayo, a través del Ministerio de Justicia, enfrenta numerosos desafíos para el cumplimiento efectivo de Ias exigencias constitucionales, legales y los compromisos internacionales asumidos en cuanto al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, buscando alcanzar no sólo el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos, sino Ia excelencia dentro del cumplimiento a Ia política de esta administración.
Por su parte, el senador Rafael Filizzola, mencionó que gran parte de lo establecido en este documento pasa por lo presupuestario, ya que, para la adquisición de herramientas de tecnología o recursos humanos, son necesarias las inversiones.
También, la senadora Yolanda Paredes expresó que esta Ley, de ser aprobada, debe ser sostenida en el tiempo y dar respuestas favorables a la ciudadanía; mencionó que los funcionarios deben estar preparados técnica, moral y físicamente, con el objetivo de afrontar los casos que les sean presentados.
