El proyecto de ley “Que limita las comisiones cobradas por las operaciones comerciales a través de medios de pago electrónico” se encuentra a disposición del Poder Ejecutivo para entrar en vigencia. La propuesta tiene como objetivo “facilitar el comercio, proteger los derechos del consumidor y la defensa de la libre concurrencia” y se aplicará mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19, según reza el documento recientemente aprobado por la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa – que dispone un límite de 3% sobre el valor de las operaciones para el cobro de comisiones a comercios adheridos por el servicio de intermediación de pago a través de tarjetas de crédito y débito, así como por medios electrónicos – genera posiciones encontradas entre el sector empresarial y el principal órgano regulador del negocio financiero en el país.
El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) celebra la intención de topear estas comisiones, con el argumento de que el proyecto de ley en cuestión busca incentivar las transacciones bancarias, lo que asegura que generará una mayor formalización de la economía y un apoyo a la reactivación de la producción nacional.
“Es sabido que, tanto los altos niveles de comisión comerciales de tarjeta de crédito y débito sumado a los costos adicionales por alquiler de equipos, cobrado mensualmente de forma adicional por el uso del sistema, desalientan la expansión de este por parte de los pequeños comercios. A estos costos, se suman los de las transferencias digitales, que ni siquiera tienen riesgo crediticio, y los costos de delivery, lo cual desalientan notablemente el comercio online que es de tanta utilidad para el control de la pandemia”, sostiene el gremio, en un comunicado.
Actualmente, las comisiones aplicadas a pagos con tarjetas de débito tienen un límite de 3%, mientras que las aplicadas a tarjetas de crédito están en un tope de 5%.
El CIP también manifiesta su conformidad con la propuesta de fijación de 1% de comisión al depósito de dinero en efectivo denominado en moneda extranjera, en el sistema financiero. Al respecto, recuerda que estas tarifas se encuentran hoy en día a 4% o 5%, un nivel que consideran “excesivo”. “Obviamente, esta situación actual no solo afecta fuertemente a las empresas sino también encarece operaciones de cualquier ciudadano que recurra a dichos servicios”, agrega.
Divergencia. El Banco Central del Paraguay (BCP), por su parte, mantiene una postura distinta y advierte que la fijación de precios en el mercado genera distorsiones en la economía, que se acompañan de una “mala asignación de recursos”. Miguel Mora, economista jefe del BCP, dice que esto también desincentiva la inversión y atenta contra la calidad del producto, al tiempo que va en contra del libre comercio, un precepto que recuerda está consagrado en las normas vigentes.
“La imposición de precios máximos, fijación de precios, como se realiza muchas veces por debajo de aquellos precios que equilibran la oferta y la demanda, pueden no permitir cubrir adecuadamente los costos de servicio. Esto, en general, tiende a disminuir los incentivos de las entidades a seguir brindando el servicio; o si es que lo quieren brindar, a costa de una menor calidad”, recalca Miguel Mora, economista jefe del BCP.
Agrega que este tipo de medidas alientan la aparición de mercados informales, donde el incentivo no es solo para el aumento de precios desde los productores, sino también para el consumidor a pagar un mayor precio a fin de acceder a un mejor servicio o por la escasez que generan las fijaciones de precios.
A modo de ejemplo se refiere a los efectos de la ley de topeo a las tasas de interés de tarjetas de crédito. “Esta ley lo que hizo fue dejar sin un instrumento de pago principalmente a las personas de más bajo ingreso, produjo una expulsión de ese segmento y prácticamente, hoy en día, estas personas están siendo financiadas en mercados informales, a tasas de interés mucho más altas de las que se observaron en el sistema financiero formal”, asevera.
