En febrero del 2022, en un análisis denominado “El desafío de asegurarnos una jubilación en Paraguay”, publicábamos en MarketData Revista el parecer de diversos analistas sobre este tema y advertíamos la necesidad de revisar el sistema de pensiones de nuestro país para garantizar una tercera edad digna a quienes atravesaron por toda una vida de aportes a la sociedad.
En la ocasión, los expertos consultados brindaron posibles soluciones como, por ejemplo, la posibilidad de optar por un sistema de capitalización individual o mixta.
El nuevo Gobierno incluyó la problemática del desorden que impera en los regímenes jubilatorios vigentes en Paraguay y esta semana anunció el acuerdo al que llegó con las centrales sindicales, gremios empresariales y sector de jubilados y pensionados, para llevar adelante la reforma del sistema de jubilaciones y la creación de la Superintendencia de Pensiones.
El objetivo, según explicaron, es garantizar un sistema de seguridad social sostenible y equitativo. Además, anunciaron que presentarán ante el Congreso un proyecto de Ley para reglamentar el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones.
En la nota que publicamos desde MarketData hace ya casi dos años se destacaba que si bien todas las cajas de jubilaciones cuentan con su propia legislación y carta orgánica, tienen varias cosas en común y la principal es que funcionan bajo un esquema de financiamiento sobre la marcha; por tanto, cuentan con serios problemas de sostenibilidad en el tiempo.
Entre las falencias se encuentran: baja cobertura, déficit actuariales de diferente magnitud, graves deficiencias en cuanto a regulación y control, falta de normas de inversión estándares para todo el sistema y marcada heterogeneidad de parámetros.
Todo esto, además de no contar con un regulador/supervisor y de normas adecuadas de inversión, que en el pasado ha ocasionado la pérdida de recursos de los asegurados en inversiones de alto riesgo o han obtenido rendimientos muy bajos.
¿Cómo se avanzará en el proceso de reforma?
Primeramente, según el acuerdo firmado entre las autoridades nacionales y los diferentes sectores del sector privado, las partes se comprometen a iniciar el proceso de reforma del sistema de seguridad social con el fin de garantizar un acceso equitativo a pensiones de calidad y servicios de salud, promoviendo la sostenibilidad financiera y la solidaridad entre los ciudadanos.
Aclaran que las reformas se llevarán a cabo de conformidad con los principios de
solidaridad, equidad, transparencia, sostenibilidad financiera y participación ciudadana
En este sentido, se implementarán medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, incluyendo la revisión periódica y sin discriminaciones negativas de la edad de jubilación y la contribución de los trabajadores.
También, se fortalecerá la protección social de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, incluyendo medidas para garantizar pensiones dignas y accesibles.
En el capítulo III del acuerdo, las Partes se comprometen a trabajar en la expansión del acceso universal a servicios de salud de calidad, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a atención médica esencial sin importar su situación económica.
Para ello, se promoverá la mejora de la calidad de los servicios de salud, incluyendo la capacitación del personal médico, la infraestructura de salud y la disponibilidad de medicamentos.
Proyecto de Ley
En el acuerdo también el Poder Ejecutivo se comprometió a presentar, en un plazo de 30 días, el proyecto de Ley «por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución de la República», cuya redacción es el resultado del consenso alcanzado entre las Partes firmantes.
En el documento, se destaca que se promoverá la participación activa de los sectores firmantes en la definición y seguimiento de las reformas de seguridad social, a través del Consejo Nacional de Seguridad Social, instancia que será de carácter paritario y tripartito, y actuará como Autoridad de Aplicación de la Ley citada en el párrafo anterior.
También, esta instancia hará de articulador social a todos los sectores de la sociedad y ahí se negociará la presentación bajo consenso de un Proyecto de Ley para la formación de un sistema integral de seguridad social.
Por otra parte, también el Poder Ejecutivo se comprometió a evaluar la inclusión del aporte estatal del 1,5% previsto en las leyes pertinentes del Instituto de Previsión Social (IPS) en los próximos ejercicios fiscales conforme a la disponibilidad presupuestaria.
