Hernán Colmán, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), conversó con MarketData sobre la importancia de regular el financiamiento político y recordó que las instituciones supervisadas por ellos, los bancos, son actores claves en este proceso.
“La ley de financiamiento político les da a ellos un rol casi hasta mandatorio: ustedes tienen que ser quienes abran las cuentas y a través de ustedes se va a tener la trazabilidad”, explicó, en referencia a lo que dispone la normativa para las entidades bancarias.
Sin embargo, aclaró que la autoridad responsable de controlar a los partidos políticos es el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y adelantó que esta entidad ha conformado un equipo de cumplimiento.
“Ellos tienen una especie de Seprelad dentro del TSJE, así como tienen sus unidades de cumplimiento los bancos, y son los que están controlando a los partidos políticos”, precisó el superintendente.
Colmán aseguró que se encuentran trabajando de cerca con Justicia Electoral, porque tienen su sistema de plataforma electrónico a través del cual tanto los políticos como los partidos hacen sus inscripciones y rendiciones de cuenta a los bancos, que también participan en ese proceso de diligencia.
“Lo que queremos es que se cree un medio ambiente virtuoso, que desde la Justicia Electoral se pueda tener trazabilidad y que el trabajo de diligencia, de hacer seguimiento y monitorear las transacciones, sea también cruzado con la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación), con la Dirección Nacional de Personas, estructura jurídica y beneficiarios finales, que ahí al final es lo que nos tiene que decir si hay o no conflicto de intereses o si la declaración está bien, las relaciones comerciales o no que tenga un político, y que estén todos bien identificados”.
Hernán Colmán, superintendente de Bancos.
Colaboración entre instituciones
Colman afirmó que para incrementar la eficiencia en los controles, es necesario unir sus bases de datos para un mejor y mayor el control, y que ya se encuentran trabajando en esa sincronización.
“Hoy el TSJE tiene una base de datos que incluso creo que tiene un link para que el público pueda hacer seguimiento. Lo que tenemos que darle es para que todos los sujetos obligados puedan acceder y de esa manera automática puedan hacer filtros, controles de lista, si (el donante) está o no en más de una transacción, si tiene vínculos políticos, si están o no bien identificados. Y uniendo todas esas bases de datos (es) donde vamos a encontrar un mayor control y evitar cualquier potencial lavado de dinero que pueda haber ahí”, argumentó Hernán Colmán.
El analista político Sebastián Acha mencionó que las recientes campañas de los distintos candidatos a cargos en el Poder Ejecutivo, Legislativo y gobernaciones han sido bastante inusuales, desde el punto de vista de lo que se ha visto en publicidad de calle, en comparación con otras campañas. Explicó que hubo mucho menos presencia en material visual, esto solamente por cartelería y afines.
“Es difícil determinar si esto fue como consecuencia de la Ley de financiamiento político, pero sí pondría un punto ahí como para poder seguir investigando, ya que este tipo de publicidad se hace por medios formales, es decir, las empresas que tienen hoy en día presencia en vía pública son empresas que facturan legal”, precisó, en comunicación con MarketData.
Sostuvo que se podría llegar a pensar que al recibir dinero que no es trazable o al recibir pagos que sean en efectivo, declinaron esa posibilidad para tratar de utilizarlos en otros momentos de la campaña.
“Creo que cualquier reglamentación o regulación del Banco Central y la Seprelad para los partidos políticos que facilite la inscripción de cuentas al efecto de rendición de campañas electorales va a seguir ayudando a esto”.
Sebastián Acha, analista político.
En efecto, Acha sostuvo que será necesario implementar cuentas básicas o cuentas que tengan hasta cierto monto cuentas destinadas exclusivamente a determinado pago de servicios, son propuestas que sí pueden llegar a tener un costo, a su criterio. Sin embargo, ese costo también se debería incluir como costo de campaña, porque un costo de transparencia finalmente ayuda a que los candidatos sean elegidos con recursos que vengan de fuentes lícitas y no ilícitas.
Necesidad de más detalle
En cuanto a la delimitación de los montos destinados a campañas, o acciones para mitigar el ingreso de recursos ilícitos, el experto sostuvo que es muy importante tener un panorama amplio de los donantes, que si bien hoy en día existe, forma parte de las declaraciones juradas que presentan los candidatos. “Lógicamente hay que hacer un examen de correspondencia posterior que hoy en día es muy difícil de conseguir, entre el patrimonio del donante y el dinero que presta para cada campaña”, agregó.
“No me extrañaría encontrar que se haya acercado, en algunas rendiciones de cuenta, la identidad de personas que no son solventes o que tienen nulo o escaso patrimonio. Entonces, ese examen de correspondencia se debe hacer con herramientas tecnológicas que tienen la posibilidad de acceso a una serie de bases de datos, principalmente del Ministerio de Trabajo e IPS, a fin de determinar cuál es el estado patrimonial de la persona donante”, recalcó.
Acha aseguró que eso colaboraría con la transparencia por lo menos en lo que respecta al “ex post”, ya que de esta manera se podrá saber quiénes son las personas que recibieron fondos de fuentes no lícitas o que hayan mentido en su declaración de presentación de donantes.
