Al cierre del noveno mes de este año, la Administración Central destinó un total de G. 14,09 billones de guaraníes para el pago de salarios de los funcionarios del sector público. Este monto representa un crecimiento del 8,3% con relación al mismo periodo pero del año pasado.
Cabe explicar que el gasto público tiene varios componentes, tales como las remuneraciones, uso de bienes y servicios, intereses, donaciones, prestaciones sociales y otros gastos. El que se lleva la mayor parte de los recursos son los salarios para los empleados públicos. (Ver gráfico)
Los gastos en este concepto crecen año a año, lo cual, en parte, es explicado por leyes que establecen que algunos sectores como los policías deban recibir reajustes salariales según el porcentaje de aumento que se dé en el salario mínimo.
Sin embargo, también en el Congreso se aprueban aumentos salariales o creaciones de nuevos cargos que hacen que los salarios públicos se lleven un porcentaje mayor de los ingresos tributarios que paga la ciudadanía y, además esto deja poco margen para inversiones en infraestructura o sociales.
De acuerdo al informe de la Situación Financiera de la Administración Central, correspondiente al mes de septiembre, los resultados anualizados de las remuneraciones a los empleados representan el 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB), el porcentaje más alto en relación con los demás componentes que también son gastos rígidos del Estado, es decir, los que son de cumplimiento obligatorio. (Ver gráfico).
Rolando Sapriza, director de Política Macro Fiscal del Ministerio de Economía, durante la presentación del Situfin detalló que existe una rigidez importante en los gastos que tiene el Estado, ya que el 74% de los ingresos totales se destinan a este fin.
“Tres componentes representan este gasto rígido: las remuneraciones, jubilaciones y el pago de intereses. Remuneraciones están representando el 6,3% del PIB; jubilaciones y programas sociales, 2,7% del PIB; y el otro componente, que es intereses, representa actualmente el 1,5% del PIB”, indicó.
También señaló que, a septiembre, el 66% de los ingresos tributarios se destinan al pago de salarios de los funcionarios del sector público: 25% se lleva el sector de educación; salud, el 12%; policía y militares, 14%; y el restante 15% corresponde al personal administrativo.
Inversiones públicas
Por otra parte, en lo que respecta a las inversiones públicas, el anualizado representa el 2,3% del PIB, mucho menor que el porcentaje destinado para el pago de salarios.
En el informe se muestra cómo se financian las inversiones: la mayor parte (1,88% del PIB) corresponde a crédito público, el 0,34% del PIB proviene de recursos institucionales y tan solo 0,07 del PIB fue financiado mediante los impuestos. (Ver gráfico)
De esta manera se puede observar la necesidad de que Paraguay siga apostando por diversificar su fuente de financiamiento con participación del sector privado o aunar esfuerzos para recaudar más y gastar mejor; para, de esa manera, destinar mayores recursos a las obras de infraestructura que el país aún necesita.
En esta línea, cabe señalar que el nivel de inversión de la Administración Central al mes de septiembre de este año es de USD 592,2 millones (1,35% PIB), 19,3% por debajo del monto ejecutado entre enero y septiembre del 2022.
Sobre este punto, Felipe González Soley, director de Gobierno Abierto, manifestó que la desaceleración de la inversión pública se debe a que la actividad económica de Paraguay se encuentra en una fase de recuperación.
“Hay que tener en cuenta que estamos viniendo de años en donde la economía mostró una sucesión de choques que requirieron una respuesta, tanto por parte de la política fiscal como de la política monetaria. La política fiscal está volviendo a una inversión más consistente, con un nivel de crecimiento de la actividad económica que está cercano a sus niveles de crecimiento potencial”, aseguró.
Además, también se debe tener en cuenta que este menor nivel de inversión continuaría el próximo año, teniendo en cuenta el plan de convergencia fiscal que está llevando adelante el Gobierno Nacional para retornar en el 2026 al tope de 1,5% del PIB de déficit fiscal establecido por Ley.
También, la rigidez seguiría, ya que durante la presentación del Presupuesto General de la Nación 2024, el titular de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, había enfatizó que el plan de gastos tiene incorporada una gran rigidez, especialmente en lo que hace a salarios y servicios de la deuda pública.
El alto funcionario había asegurado que solamente queda un 13% para destinar a otro tipo de gastos. “Los salarios no se van a poder cortar porque, si no, vas a entrar en un problema legal. Es el margen en donde tenemos que movernos para priorizar las cosas”, había advertido.
Déficit fiscal
Por otra parte, el informe de Situfin muestra que a septiembre de este año se registró un déficit fiscal anualizado de 3,25% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa una reducción en comparación con los registros de los últimos cinco meses del año.
En lo que respecta al resultado fiscal acumulado al noveno mes, fue de -1,85% del PIB, equivalente a unos USD 813 millones.
Por otra parte, el resultado operativo (Ingresos totales menos Gastos totales, excluyendo a la inversión) muestra un resultado de -0,50% del PIB (USD 220,8 millones).
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