Ciudad de Panamá, 12 oct (EFE).- Centenares de activistas y sindicalistas protestaron este jueves en Panamá en rechazo a un contrato entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, exigiendo el cierre de esta actividad.
Los manifestantes, convocados por la Alianza Pueblo Unido por la Vida, desestimaron las modificaciones realizadas por el Gobierno al proyecto de contrato ley con la empresa subsidiaria Minera Panamá luego de que el Parlamento suspendió su discusión y lo devolvió, para su revisión, al Ejecutivo que preside Laurentino Cortizo.
«Esas modificaciones no resuelven en nada el problema, hay unos 125 puntos que nosotros hemos planteado que dificultan ese contrato» el cual es «ilegal» y «viola la Constitución», declaró a EFE Marcos Andrade, secretario general de la Confederación de Unión Sindical (Conusi).
Andrade recordó que ya en 1997 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el primer contrato, afirmó que el actual convenio «tiene los mismos vicios», y abogó por un referéndum «para que el pueblo defina si quiere o no actividades mineras en nuestro país».
«Estamos planteando el cierre de esa actividad minera» y su «reconversión» por el bien del país», remarcó el líder sindical.
El Gobierno informó el lunes en un comunicado que entre los cambios está la eliminación de «las cláusulas de expropiación» de tierras y la condición que «permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo».
En cuanto al alcance de la concesión a Minera Panamá, subsidiaria de FQM, se «aclaró» que la empresa «sólo puede explorar, extraer, y explotar cobre y sus minerales asociados» en el área de explotación permitida en los distritos de Donoso y Omar Torrijos de la provincia de Colón (Caribe).
Se suprimió además la disposición que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno. «Mediante las modificaciones aprobadas, el contrato no autoriza ninguna otra concesión para Minera Panamá», señala la información oficial.
Otra de las rectificaciones elimina el derecho de la empresa de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido, y en cambio «se establece que esta información está sujeta a la ley general de Panamá».
Ante las objeciones del Parlamento, la empresa Minera Panamá dijo que aceptaba negociar nuevos términos contractuales, mientras que los grupos que rechazan la mina reiteraron que se debe anular y negociar otro con miras a poner fin a la actividad de la mina.
En marzo pasado, el Gobierno de Panamá y la minera alcanzaron un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina Cobre Panamá, que exporta el mineral desde 2019.
El acuerdo establece ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares al fisco, 10 veces más que el contrato ley previo – declarado inconstitucional por el Supremo panameño- y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
