La reciente derogación por parte de la Junta Municipal de Asunción de la ordenanza 128/17, que promueve la construcción sostenible, es motivo de preocupación para la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), según un comunicado emitido por el gremio.
La citada cámara explica que al referirse a la construcción sostenible, no se hace mención solo a la implementación de mejores prácticas en proyectos de desarrollo urbano, sino de una necesidad imperativa que tiene Asunción para mitigar los impactos negativos del cambio climático y promover la resiliencia a largo plazo.
Capaco asegura que varios estudios demuestran que los incentivos para el desarrollo de edificaciones sostenibles no pueden analizarse solo desde el punto de vista financiero o económico, “como lo hizo la junta municipal de Asunción”.
Añade que este tipo de construcciones contribuyen de forma significativa a la salud y a la calidad de vida de las personas.
Según el gremio, los reportes de Paraguay Green Building Council dan cuenta que estas obras permiten un 50% de ahorro en energía eléctrica y el 90% de los residuos sólidos de construcción no van a vertederos, mejorando notablemente la gestión de residuos y fomentando herramientas de reciclaje y reutilización.
Asimismo, como una medida para disminuir el impacto de las tormentas, estos edificios no lanzan aguas pluviales a los raudales.
La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, insta en su comunicado al intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, a rechazar esta decisión de la Junta Municipal y trabajar en conjunto con expertos del sector y la sociedad civil para seguir impulsando políticas y proyectos que fomenten un desarrollo urbano sostenible y resiliente.
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN
Además, la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons) también se pronunció respecto a la decisión de la Junta Municipal de Asunción.
“En el seno de Aprocons, inmediatamente nos informamos y estudiamos el dictamen que se hizo para fundamentar la derogación. Este plantea un problema de recaudación y de entidad de fiscalización de cumplimiento de los estándares sustentables, mencionándolos de manera muy vaga y en lugar de buscar soluciones a los supuestos problemas, se propone la derogación de dicha ordenanza”, dicta el comunicado.
En este punto manifiestan que, primeramente, no coinciden con lo planteado, pues la Municipalidad debe enfocarse en aumentar recaudación combatiendo la evasión de los impuestos y mejorando el gasto comunal, no suprimiendo incentivos que buscan una mejor ciudad a través de construcciones sostenibles.
Por otro lado, “se tienen varias obras en ejecución, proyectos en trámite y planes de inversión que tienen foco en lo sostenible, y que están trabajando en base a los incentivos de la ordenanza. Suprimir la ordenanza sería un ataque a la previsibilidad y seguridad jurídica para estas inversiones”, advierten.
Añaden que consideran que, de consumarse la derogación con la promulgación por el Ejecutivo municipal, representará un enorme retroceso y una pésima señal para la ciudadanía, proyectistas, constructores e inversores.
