Por: Jazmín Báez, Mauricio Narváez y Romina Peralta, Club de Economía.
El subsidio al combustible en Paraguay presenta tanto beneficios potenciales como desafíos. Por un lado, podría aliviar la carga económica de los consumidores en un contexto de altos precios y estabilizar los costos del combustible, mejorando la competitividad de las empresas paraguayas.
Sin embargo, los costos asociados con la implementación de un subsidio son elevados y podrían reducir los fondos disponibles para otros servicios públicos esenciales como educación y salud. En un país donde los desafíos sociales son inmensos, resulta cuestionable que el gobierno priorice los autos sobre las aulas y los hospitales.
En el gráfico 1 se puede evidenciar que a nivel regional dentro de los países analizados, el precio del combustible regular en Paraguay es relativamente bajo, sin embargo la serie presenta una tendencia creciente en el tiempo, agudizada especialmente por la coyuntura internacional de la escalada en el continente europeo en el año 2022, afectando a la región en sí y consecuentemente a Paraguay.
Con estos datos, se puede observar que a nivel internacional, los precios del combustible varían significativamente demostrando que están sujetos a diversas fuerzas del mercado global, lo que hace que un subsidio interno en Paraguay sea difícil de sostener a largo plazo.
Aunque estos subsidios puedan contribuir a evitar la volatilidad de los precios y proteger a los consumidores de aumentos bruscos, no se traducen en mejoras en la calidad del transporte público. Las fluctuaciones de la tarifa técnica, derivadas del costo internacional del combustible, se cubren, pero perpetúan un sistema ineficiente.
Es fundamental considerar que los subsidios tienden a favorecer a los sectores de mayores ingresos, quienes consumen más combustible debido a que poseen vehículos más grandes o varios automóviles.
Esta mayor capacidad de gasto y el menor impacto relativo en sus presupuestos permite beneficiarse más de la subvención en comparación con los hogares de menores ingresos.
Ariel Yépez, jefe de la división de energía del Banco Interamericano de Desarrollo, subraya esta problemática al afirmar que quienes se benefician más con el apoyo financiero a la energía, en particular gasolina, son los hogares de mayores ingresos.
“Desde una perspectiva de eficiencia económica y justicia social, tiene sentido reducir esas ayudas y redistribuir los recursos a los hogares de menores ingresos, pero esto constituye un desafío político. Crear conciencia en la sociedad acerca de los impactos regresivos de estos apoyos presupuestarios es una precondición para realizar reformas exitosas”, enfatiza.
En el gráfico 2 se puede observar como el subsidio al transporte fue subiendo año tras año, siendo casi 5 veces más comparando los años 2020 y 2023, cuando alcanzó los USD 332.950,1 millones.
Esto demuestra que el gobierno gasta millones en subvenciones a los combustibles, mientras el transporte público sigue en un estado deplorable pese de estar subsidiado.
En lugar de perpetuar un modelo fallido, ¿por qué no se invierten esos recursos en una reforma real que mejore el transporte público y beneficie a la mayoría de la población?
Actualmente el gobierno centra la mayor parte de los subsidios al transporte público del área metropolitana de Asunción. Este se convirtió en uno de los pocos servicios, -si no el único- que cuenta con un apoyo financiero exclusivo integrado en el Presupuesto General de la Nación.
Desde la implementación del mismo, se generaron críticas por parte de la población debido a la correlación entre el gasto por el transporte público y la calidad del servicio.
Las ayudas financieras pueden generar dependencia, es decir, cuando la economía se ajusta a precios artificialmente bajos o cuando las personas no pueden subsistir sin la asistencia gubernamental, es fundamental conocer el costo, el fondo a ser utilizado como financiación, quiénes serán los beneficiarios y por cuánto tiempo.
Con un consumo de 250 millones de litros de combustible al mes, subvencionar cada litro con G. 1.000 implicaría un gasto mensual de USD 35 millones ¿Es sensato comprometerse a un gasto que el país no puede permitirse?
La viabilidad económica de este subsidio es insostenible. En un contexto global donde muchos países están eliminando los incentivos a los combustibles fósiles, Paraguay se arriesga a quedar atrapado en una política obsoleta.
Asimismo, es esencial que las políticas de apoyo económico contemplen en su diseño la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la protección del medio ambiente a largo plazo, no solo un “alivio” económico inmediato.
Una política más equilibrada podría centrarse en mejorar la eficiencia y calidad del transporte público subsidiado, beneficiando a una mayor proporción de la población y fomentando el uso de medios de transporte más sostenibles.
