La nueva ley de la Función Pública y del Servicio Civil, promulgada por el Ejecutivo, entrará en vigencia dentro de seis meses. La normativa unifica y regula la carrera de los funcionarios públicos, estableciendo un régimen claro para la progresión por mérito, aspecto que no estaba contemplado anteriormente.
Según Marco González, procurador general de la República, la normativa aplicará a los tres poderes del Estado, limitará los cargos de confianza a cuatro puestos clave y fortalecerá los derechos laborales de los contratados, quienes ahora deberán concursar para ingresar a la función pública.
Además, establece un sistema más transparente de estabilidad laboral, aunque los contratados alcanzarán esta condición solo después de 10 años. La normativa también reconoce la autonomía de los órganos constitucionales, permitiendo que sean ellos quienes regulen su aplicación en cada institución.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 7..445 de la Función Pública y del Servicio. Básicamente, la normativa fija disposiciones generales para ordenar el trabajo en el sector estatal y define competencias regulatorias tanto para las instituciones bajo el ámbito del Poder Ejecutivo como para las entidades públicas autónomas.
La ley reconoce la autonomía regulatoria de municipalidades, los poderes Judicial y Legislativo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Fiscalía General del Estado, universidades nacionales, la Contraloría General de la República, el Banco Central del Paraguay y otras entidades con normativas específicas. Además, otorga al Ministerio de Economía y Finanzas la responsabilidad de establecer la política de remuneraciones en el sector público.
La normativa tiene la finalidad de promover la profesionalización de los servidores públicos para lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en las instituciones públicas promoviendo el desarrollo de los servidores públicos que lo integran, con la misión de ofrecer servicios oportunos y de calidad respetando derechos laborales y principios administrativos.
Asigna al Ministerio de Economía y Finanzas COMO la autoridad en materia de política de remuneraciones, garantizando una gestión transparente y uniforme en el uso de los recursos públicos.
Entre otros aspectos clave, la Ley regula la carrera del servicio civil como un sistema residual para áreas no cubiertas por normativas específicas. Establece que el concurso público es la única vía de ingreso a la función pública, salvo los casos regulados de otra manera en la Constitución o en leyes especiales.
En entrevista con MarketData, el procurador general de la República, Marco González, explicó que la entrada en vigencia de la normativa será en julio, seis meses después de la promulgación. Aclaró que aunque no necesita reglamentación para implementarse, algunos aspectos específicos se complementarán con normas adicionales.
Entre las modificaciones más relevantes, González señaló que la nueva ley regula por primera vez el servicio civil, estableciendo un régimen de carrera para los funcionarios públicos. Esto incluye la progresión basada en méritos y la creación de un sistema de directivos públicos, algo que la legislación anterior no contemplaba.
Además, se reconoce la autonomía de los órganos constitucionales como el Banco Central, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Esta independencia, explicó González, elimina la obligación de estos entes de depender del reglamento de la Secretaría de la Función Pública, permitiéndoles regular internamente el cumplimiento de la ley.
El alto funcionario comentó también que la ley introduce cambios en el manejo del empleo público contratado, un sector, que según aseguró, anteriormente carecía de protección y regulación adecuada. A partir de ahora, la forma de ingresar a la función pública será a través de concursos públicos, y los contratados adquirirán estabilidad laboral después de 10 años, de manera similar al Código Laboral.
En cuanto a los cargos de confianza, la normativa reduce su número a sólo cuatro por institución: director jurídico, secretario general, jefe de Gabinete y director general de Administración y Finanzas. Esto, según el procurador, busca limitar el uso discrecional de este tipo de designaciones.
Para los funcionarios nombrados, González aclaró que la ley no modifica sus derechos fundamentales, como la estabilidad laboral a los dos años y los permisos reconocidos. En ciertos casos, incluso amplía beneficios al remitirse al Código Laboral en aspectos específicos.
González enfatizó que la aplicación de la normativa recaerá sobre el Viceministerio de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas para las instituciones del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en los órganos constitucionales autónomos, cada entidad será responsable de reglamentar su implementación.
