El documento elaborado por varias entidades fue presentado la semana pasada al Congreso Nacional y las autoridades del Poder Ejecutivo esperan que se analice lo antes posible con el fin de que se pueda implementar lo estipulado en la nueva Ley de Compras públicas.
En el mensaje del proyecto, se menciona que según estudios de organismos internacionales, una mejora del procedimiento de compras públicas podría redundar en una mayor eficiencia del gasto público y generar ahorros importantes. Esta estimación también acompañan los analistas locales.
Innovaciones que plantea la propuesta
Primeramente, el proyecto plantea la modernización de los principios y conceptos del Suministro Público, incorporando los principios de:
- Capacidad fiscal.
- Imparcialidad.
- Integración.
- Primacía del interés general.
- Predictibilidad.
- Ética
- Razonabilidad.
- Rendición de cuentas.
- Valor por dinero.
- Sostenibilidad.
Sin duda, una de las mayores innovaciones que presenta el Ejecutivo en la citada iniciativa hace referencia a la implementación de una Unidad de Compras para realizar adquisiciones conjuntas obligatorias y la estandarización de bienes y servicios, que aseguran permitirán lograr mejores precios.
En este punto, el Ministerio de Hacienda, en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Suministro Público, a partir del análisis del programa anual de contrataciones de cada una de las instituciones públicas y previa evaluación de conveniencia y viabilidad, identificará los bienes y servicios que serán objeto de estas compras.
Así también, otra novedad es la instalación del sistema digital 100% transaccional, para todos los procesos realizados ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Para esto se tiende a un sistema informático totalmente transaccional e integral, superando la publicación solo de bases concursales para incorporar datos relativos incluso a los pagos efectuados a los proveedores, consultores y contratistas, así como las retenciones practicadas. De esta manera se fomenta la transparencia y accesibilidad de la información gubernamental.
Cambio de enfoque
Con la Ley se pretende cambiar el enfoque de la compra pública hacia el basado en tres conceptos: economía, eficacia y eficiencia. Esto significa que no solo se tendrá en cuenta el precio.
El proyecto prevé una visión integral de las compras públicas, ya que incorpora disposiciones y principios generales que regirán en las diferentes etapas de la cadena integrada de suministro público.
Esto abarca:
- La planificación de necesidad.
- La programación presupuestaria.
- La gestión de las contrataciones.
- La administración de bienes, servicios, consultorías y obras públicas que incluyen el almacenamiento, distribución, mantenimiento y disposición final
- La evaluación de las metas programadas y efectivamente cumplidas a través del presupuesto por resultados.
Otra de las innovaciones que se introduce es que realiza un ajuste en la institucionalidad del sistema nacional de suministro público, se reorganiza la gobernanza actual, estableciéndose claramente los roles del Ministerio de Hacienda y la DNCP, correspondiendo al primero las facultades de definición de la Política del Sistema Nacional, y delegando al segundo los aspectos específicos referidos a los procedimientos de contrataciones públicas.
Identificación de participantes
La nueva Ley de compras públicas prevé también la creación del registro de Compradores públicos, como base de datos para la identificación del personal público que participa en las diversas etapas de los procedimientos de contratación de las instituciones públicas a efectos de facilitar su profesionalización y participación en la dinámica del sistema nacional de contrataciones públicas.
Asimismo, incorpora el análisis de riesgo. En la etapa de planificación del procedimiento de contratación se incluye como presupuesto el análisis de riesgos, consistente en la identificación y valoración de los riesgos previsibles de cada contrato a fin de que estas contingencias sean mitigadas, controladas, prevenidas y tratadas de manera oportuna y previsible.
El proyecto también establece que, en caso de incumplimientos de contrato, las sanciones serán dispuestas a todos los actores de la sociedad o empresa. Asimismo, estipula que ante situaciones de emergencia declaradas por el Congreso Nacional, las compras tendrán un tratamiento diferente y oportuno.
Cabe mencionar que este proyecto se suma a las otras iniciativas que también ya fueron presentadas al Legislativo, como la Ley del Servicio Civil y de la Función Pública, así como la normativa que plantea la actualización de la Ley de Responsabilidad Fiscal con miras a la reforma estructural del Estado.
