La anulación de las licitaciones para la compra de insumos con que se debía equipar al sistema de salud y enfrentar así la propagación del COVID-19 en el país fue celebrada por el Gobierno como una acción con la que se evitó un daño económico. Una conclusión sumamente autocomplaciente que no contempla ni remotamente el efecto de la corrupción en la siempre sufrida población paraguaya.
El argumento de la Comisión Especial de Supervisión y Control (CESC) consiste en que la detección de los sobreprecios en que iba a incurrir el Ministerio de Salud Pública (MSP) desembocó en la suspensión de los procesos y en que no se realizaran contraprestaciones, es decir, no se llegó a pagar por los insumos con los que se iban a cometer casos de corrupción.
Sin embargo, este freno a las compras de productos como mascarillas, protectores faciales y oculares, trajes de protección y camas manuales coincidió con que se ejecutara apenas el 4% de los fondos de emergencia destinados a salud, hasta mediados de junio pasado y a más de tres meses de iniciada la cuarentena impuesta para detener el contagio del nuevo coronavirus en el país.
Este mensaje genera en la economía un desfasaje entre la oferta y la demanda, con el avance de las fases de la cuarentena inteligente, y enlentece la reactivación de un mercado cuya depresión tocó en abril de 2020 el fondo de una caída de 12% de su actividad. Si bien se permitió la reapertura de comercios, bares y restaurantes, con un mensaje que pasó de “Quedate en casa” a “Nos cuidamos entre todos”, la concurrencia de los clientes y consumidores no respondió con la intensidad que debería ya desembocar en un mayor dinamismo económico.
La población paraguaya sigue con miedo al contagio y prefiere salir lo menos posible, al constatar que el sistema de salud no se fortaleció en el nivel que se esperaba. Los establecimientos sufren los efectos de una clientela que todavía está lejos de mostrar el ritmo de demanda de productos y servicios previos a la pandemia. En consecuencia, se ven obligados a mantener los precios bajos, con un resultado de deflación por tercer mes consecutivo en junio de 2020.
Estas menores ventas, a menores precios, también repercutirán en que las recaudaciones tributarias no se incrementen con la fuerza que podrían hacerlo con un sistema de salud que genere la confianza de la gente, un daño a las arcas de un Estado que debe encontrar la forma de seguir apoyando a los actores económicos pero previendo ya la recomposición del orden fiscal.
La detección del negociado que se estaba “cocinando” con la compra de insumos médicos es un innegable avance de la administración pública. Ahora se debe garantizar que los procesos de licitación tomen la agilidad que se necesita, pero con la transparencia y la eficiencia que requieren los actuales tiempos de fragilidad económica y social.
La aparente distancia entre la política y la economía – que se instaló en el imaginario colectivo mediante la fortaleza macroeconómica que se logró a pesar de los vicios que persisten en la política como herencia de la dictadura – se diluye con los efectos que observamos desde un Gobierno que aún tiene mucho por hacer para inspirar confianza.
La reactivación económica de Paraguay pende de un hilo y es momento de que el Gobierno responda con la misma responsabilidad que le exige a la gente. Así como nos acostumbrarnos a lavarnos las manos, se debe instalar también la costumbre de erradicar a la corrupción y garantizar el bienestar de todo el país, para que podamos salir verdaderamente triunfantes y seamos realmente un ejemplo para la región y el mundo.
