La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) emitió una postura de rechazo al veto del Ejecutivo sobre el artículo 103 de la Ley de Servicios de Confianza, que busca instalar la obligatoriedad del uso de estándares elevados de seguridad para la identificación de usuarios de servicios financieros digitales. La propuesta deberá volver al Poder Legislativo para su revisión final.
De hecho, el gremio mostró su apoyo hacia la versión aprobada por el Congreso, durante la discusión legislativa.
Bajo recomendaciones del Banco Central, el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de la Competencia, el Ejecutivo decidió vetar parcialmente el proyecto argumentando que este no tiene en cuenta la gradualidad del riesgo en los parámetros según las operaciones en particular.
Los operadores de telefonía móvil, y en general las personas que se opusieron a este proyecto, sostienen que la versión aprobada en el Parlamento afectaría el acceso de miles de paraguayos a servicios de giros por celular. Apuntaron en reiteradas ocasiones que se encarecería el proceso, yendo en contra de la inclusión financiera.
Sin embargo, los agentes bancarios aseguran que el servicio debe asegurar la identificación de los usuarios por medio de validaciones más complejas, de modo a poder generar la interconexión entre todos los sistemas.
“Los bancos consideramos que el Ejecutivo comete un grave error de valoración sobre el impacto de dicho artículo en el negocio de los giros de las empresas de telefonía a través de sus EMPES (Empresas de Medios de Pago Electrónicos). Lamentamos que el Ejecutivo priorice el interés de una empresa en particular, poniendo en riesgo a la población, pasando por alto los más actuales y modernos estándares en los servicios digitales”, reza la nota.
En la óptica de Asoban, el Ejecutivo pasó por alto argumentos y evidencias documentales de publicaciones realizadas por organismos internacionales y experiencias de países de la región, que fueron presentados por el gremio en su momento.
“Los giros de las telefónicas seguirán como siempre, de existir algún costo adicional, no tienen por qué trasladarse estos costos al usuario, y tampoco debe implicar trámites adicionales”, se afirma en el comunicado. Al mismo tiempo, se insiste en que la seguridad alta ayudará a reducir la criminalidad en este ámbito.
Finalmente, adelantan que desde Asoban seguirán insistiendo al Congreso, tanto a diputados como a senadores, para el rechazo del veto. Agregan que la seguridad alta será beneficiosa para los usuarios y los ciudadanos, lo que no implica que el negocio de giros sea afectado.
