ANÁLISIS
En conjunto con la consultora de asuntos económicos Mentu, la organización Pro Desarrollo publicó los resultados de su ya tradicional informe de Economía Subterránea en Paraguay. En el estudio se realiza una estimación de cuál es la proporción sobre el producto interno bruto (PIB) que representa el conjunto de actividades lucrativas fuera la formalidad, ya sean lícitas o directamente relacionadas con crímenes y delitos.
Según el documento publicado, se estima que la economía informal en nuestro país llegó a los USD 21.295 millones durante el año 2020, con un aumento del 3,1% sobre el 2019 y llegando a representar el 46,2% del PIB local. Esta cifra tiene como principal factor explicativo la pérdida de ingresos formales e informales debido a las restricciones implementadas para contener la pandemia del COVID-19.
Por otra parte, existen temas de fondo que persisten irresolutos en la economía paraguaya, como el limitado acceso a la seguridad social, mayores gastos de bolsillo para los hogares, baja capacidad de innovación y dificultades de acceso al financiamiento, que limitaron las actividades productivas de las empresas y fomentan la desigualdad entre los paraguayos, así como una mayor vulnerabilidad.
Atendiendo esta situación, se estima que este año la economía subterránea disminuirá levemente con respecto al 2020, al 45,7%, pero sin llegar al nivel del 2019, cuando la proporción era del 43,1% sobre el PIB. Este cálculo se realizó con base en los datos preliminares oficiales cerrados al primer semestre del año, y todavía faltaría la concreción de los datos cerrados para la confirmación.
El economista Hugo Royg, socio de la consultora Mentu, explicó que si bien en el 2020 nuestro país comenzó su proceso de recuperación económica, el mercado laboral se vio fuertemente afectado porque muchos sectores sintieron el impacto de la pandemia. De este modo, muchos empleos formales fueron eliminados de las nóminas, lo que implicó que muchas personas pasen a operar en la informalidad.
“Paraguay es uno de los países donde el impacto en el mercado laboral ha sido de los más elevados de Latinoamérica. Podemos hablar de un efecto rebote y una recuperación, pero no podemos hablar de que la pérdida del empleo generada por la crisis sanitaria y económica tuvo un impacto en la recuperación, y estamos dentro de los países en que el empleo informal es de los más elevados”, dijo.
La desigualdad es un fenómeno históricamente arraigado a la sociedad paraguaya, pero según Hugo Royg, la brecha preocupa de manera especial en el contexto actual por la crisis económica de la que salen el país y el mundo, ya que que resta las posibilidades de acceder a oportunidades que se generan dentro de la economía formal para volver a salir adelante.
Estimó que, en Paraguay, las personas que trabajan en pequeñas unidades del sector informal ganan en promedio hasta un 60% menos que los empleados del sector formal. De este modo, no sólo se excluye a personas de beneficios sociales como un seguro o una jubilación, sino que también tienen ingresos mucho menores.
En el contexto actual, esta vulnerabilidad que genera la desigualdad entre el sector formal y el informal toma especial relevancia, ya que la informalidad excluye de la posibilidad de acceso al crédito, que ha sido una de las principales herramientas para el soporte de las empresas y personas que sí pudieron contar con financiamiento.
¿Exclusión o expulsión?
El economista consideró que esto no se trata solamente de un tema tributario, si bien es evidente que una mayor formalidad generaría una mayor contribución al fisco para financiar proyectos. Dijo que la otra perspectiva de este problema es que el Estado debe gastar mejor, ya que la falta de eficiencia desalienta la formalización.
En este contexto, explicó que hay una diferencia entre quienes son expulsados a la fuerza del sistema formal, por una falta de oportunidades, y las personas y empresas que se “excluyen” de manera voluntaria, ya que no confían en el retorno que les pueda llegar a dar el Estado, con la pésima calidad de los servicios públicos.
Además de la falta de un retorno razonable de los servicios públicos, dijo que también es una realidad que la burocracia y la dificultad para acceder al sistema formal son factores importantes para que personas y empresas opten por permanecer en la informalidad, donde es más fácil seguir y tener ingresos de manera segura.
“Lo que tenemos que buscar es que la gente no se excluya del sistema porque es costoso, y que la gente no se escape del sistema formal porque la capacidad de oferta del sector público no es la adecuada. Entonces, tenemos que generar los recursos y exigir capacidad del sistema público, que sea fácil y rápido ser formal, y tenemos que exigir que tenga beneficios ser formal”, puntualizó.
Contrabando y acceso al crédito
La devaluación de la moneda argentina, junto con una falta de políticas públicas ordenadas y falta de castigos severos, ha generado en los últimos tiempos un importante fenómeno en torno al ingreso de mercaderías de contrabando. Hugo Royg recordó que el contrabando es un problema de larga data y la calificó como “otra pandemia” de la que el Paraguay no puede salir.
Apuntó que, sin lugar a dudas, el fenómeno del contrabando alimenta a la economía subterránea, con el impacto que esto supone sobre los sectores vulnerables que dependen del movimiento económico formal. Además, las personas que hacen contrabando son víctimas en muchos casos, ya que lo hacen por subsistencia, alejándose de los beneficios de la seguridad social.
Por su parte, Sebastián Acha, director ejecutivo de Pro Desarrollo, añadió que el enfoque represivo que se le está dando al contrabando es necesario, pero no suficiente. Así, hizo referencia a que si el contrabando existe, es porque tiene un mercado demandando sus productos a pesar de la falta de garantías en cuanto a las normas de mantenimiento y bioseguridad.
Expresó que el problema es complejo, ya que desde la informalidad es imposible acceder al crédito, salvo por la usura -también informal-, lo que reduce la posibilidad de consumo e inversiones para las personas que se desenvuelven en este ámbito.
“Esa demanda alta de contrabando quizás se deba a que la gente no tiene la capacidad económica suficiente para poder comprar dentro del mercado legal. El desafío nuevo que se nos presenta es tratar de desatar el acceso a créditos y microcréditos y, para eso, las personas tienen que ser formales porque lógicamente van a necesitar documentación”, aseveró.
De esta manera, la persona ingresa en una especie de “círculo vicioso”, en la que no puede avanzar por tener que pagar tasas de interés de la usura, pero que es a la vez su única opción para sostener el funcionamiento de su estructura de ingresos. En el contexto de la caída de la demanda durante la pandemia, esta situación fue un golpe particularmente fuerte para quienes se mueven en esta dinámica.
