…como saben, la severidad de la pandemia demandó la aplicación de una política macroeconómica profundamente contracíclica, utilizando todo el capital reputacional acumulado a lo largo de varios años de construcción de institucionalidad económica. Eso posibilitó disminuir la tasa de política monetaria en 325 puntos básicos en sólo cuatro meses. Fuimos el primer país en tomar esa decisión y el que más lejos se animó a ir, sin afectar los fundamentos económicos. El fisco también aumentó el déficit y, por ende, la deuda externa, pero lo hizo dentro de restricciones razonables, aprovechando los espacios construidos con anterioridad y sin romper la institucionalidad. Las discrepancias, que tampoco son demasiado profundas, irían más bien por el timing de las decisiones iniciales y la velocidad en la convergencia.
En lo monetario, la magnitud de los desequilibrios entre la oferta/demanda mundial y el conflicto bélico introdujeron persistencia en la inflación y el riesgo de contagio a las expectativas, doblegando las previsiones iniciales de mayor transitoriedad. Ante este escenario, en nuestro país, al igual que en varias economías en el mundo, se tuvo que reaccionar probablemente con mayor agresividad que lo previsto inicialmente, con el objetivo de evitar que se desanclen las expectativas.
Por el lado fiscal, el debate pasa por la velocidad de la convergencia hacia el déficit previsto en la LRF (Ley de Responsabilidad Fiscal), aprovechando ese proceso, además, para realizar reformas que permitan mejorar la calidad del gasto. Este primer año ya no se lograría el objetivo. En principio, se estaría por fuera de la meta del 3% de déficit fiscal prevista en el proceso de convergencia, pero con una estructura de gasto aún peor, dada la irresponsabilidad de ustedes los políticos, que movidos por las tentaciones del ciclo electoral, han decidido privilegiar a su clientela en detrimento de la población más vulnerable. Si la divergencia con la meta de déficit no es aún mayor, paradójicamente, sería gracias a la inflación que licuaría parte de ese mayor déficit, lo que no es para festejar, ya que se trata de un mal versus otro mal, cuando debería ser parte de un esfuerzo consciente por mejorar la calidad de nuestro PGN.
En definitiva, los márgenes macroeconómicos ya no existen, y el futuro exige un esfuerzo importante para reacomodar los equilibrios y restaurar la confianza en la permanencia de la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, considero que habría que abordar al menos dos frentes de reformas económicas. Uno, de más corto plazo, vinculado a la coyuntura y las políticas macro; y otro, de carácter más estructural, que involucra a las instituciones.
En lo macro, por el lado de la política monetaria, ganar la batalla contra la inflación, restaurar los equilibrios en el balance monetario y converger gradualmente hacia la tasa neutral, en ese orden. Una vez restaurada la confianza y ancladas las expectativas de inflación, y considerando la trayectoria de la inflación antes del choque sanitario, evaluar bajar la meta a 3-3,5%.
Desde lo fiscal, cómo generar espacio con la actual estructura tributaria y la rigidez de gastos corrientes que arrastra el presupuesto público será uno de los grandes desafíos que pondrá a prueba la voluntad política, la credibilidad y la capacidad de construir consensos del próximo gobernante. En ese sentido, habría que pensar en un pacto político para hincarle el diente al escaso gasto público no rígido, redireccionando recursos hacia las verdaderas necesidades de la población más vulnerable; blindar los recursos extraordinarios de Itaipú creando un fondo para reformar la educación, salud y seguridad social, que sea administrado por el Ministerio de Hacienda y asignado en base a un plan acordado y monitoreado por consejos autónomos de expertos y académicos en dichas áreas, tal que trascienda los ciclos políticos.
Restar margen de decisión a los políticos, como en el BCP, ha sido una de las decisiones más eficientes. En esa línea, y pensando en el PGN (Presupuesto General de la Nación), algunas reformas podrían ser:
- Impulsar restricciones normativas para que el Congreso no pueda modificar la proyección de ingresos, ni tampoco aumentar gastos, es decir, que sus atribuciones se limiten a reasignar y disminuir justificadamente los gastos.
- Implementar el presupuesto quinquenal, acorde con las propuestas del gobierno votado por la ciudadanía.
- Avanzar hacia una definición más moderna de la responsabilidad fiscal, vinculado al concepto de déficit estructural, tal que los ciclos de corto plazo puedan ser atendidos más eficazmente por las ejecuciones anuales.
- Fortalecer el Consejo Asesor Fiscal, que sea conformado por notables.
- Generar más ingresos, fortaleciendo las áreas de control para disminuir la evasión fiscal.
- Formar un equipo técnico de alto nivel y autónomo para gestionar la deuda, etc.
En lo que refiere a cuestiones más micro, se deberían encarar reformas que faciliten la constitución de empresas, bajando la burocracia e incentivando el emprendedurismo y la formalización. Retomar el trabajo que se había iniciado hace algunos años, poniendo metas para mejorar los indicadores del clima de negocios en Paraguay, y acordar una política transversal para aumentar la competitividad y productividad en el país.
Las reformas estructurales, por su parte, implican avanzar en un combo que contemple justicia independiente, meritocracia en la función pública, incentivos para reducir la informalidad, aumento en la recaudación de ingresos fiscales, mejora sustancial en la salud y educación pública, es decir, pensar en un plan de reformas que trascienda el ciclo político y que eleve nuestro crecimiento potencial por lo menos en dos puntos porcentuales. En definitiva, crear las condiciones para aumentar el empleo formal.
Capítulo aparte para la reforma previsional. No se puede seguir teniendo un sistema con tan baja tasa de cobertura y con una tasa de reemplazo y de beneficios de las más altas de la región. Si a eso le agregamos el desorden y la fragmentación del sistema, configuramos un esquema de los más injustos y regresivos del mundo, donde unos pocos ciudadanos se jubilan con menos de 60 años financiados por la gran mayoría de los paraguayos que deberán trabajar hasta morir o morir por no poder trabajar. Esto es urgente, por la potencial crisis social y económica que conlleva. Las reservas de la caja fiscal se acaban en más o menos cuatro años, y la decisión allí es quién financiará el gigantesco déficit: las generaciones presentes, con mayores impuestos, o le cargaremos más deuda a las generaciones futuras, una bomba de alta intensidad. Este es el momento para encarar la reforma hacia un sistema universal, porque todavía tenemos la ventaja del bono demográfico y podemos financiar una transición, pero los privilegios deberían acabarse.
No obstante los enormes desafíos mencionados, preocupa que el show y la fantasía están instalados en la campaña electoral. Hay más de slogan, frases de cliché, descalificaciones personales, que debate de ideas y planes para abordar los problemas económicos y sociales del país. No deberíamos caer en ese facilismo político, sino en la exigencia ciudadana a los candidatos en el sentido que expliciten sus preferencias ideológicas, sus equipos económicos, sus conocimientos y experiencias en la gestión ejecutiva; de lo contrario, después, a llorar al cuartito.
