En su cuarto trámite constitucional, fue sancionada la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023. Este martes, la Cámara de Senadores se ratificó en su versión inicial. El plan de gastos para el próximo año asciende así a G. 105,3 billones.
En general, el documento que se remite al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, contempla varias de las solicitudes realizadas por el Poder Ejecutivo, tales como la ampliación del déficit al 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB), las emisiones de bonos, etc.
No obstante, en el Congreso, tanto en el Senado como en Diputados, se introdujeron varias modificaciones como el aumento de la estimación de la recaudación tributaria, creación de alrededor de 2.000 nuevos cargos, aumentos salariales. Es decir, el plan de gastos del próximo año será más rígido.
El monto total del PGN 2023 sancionado asciende a alrededor de G. 105,3 billones, lo que representa un aumento de G. 28.224 millones en comparación con la versión con media sanción de la Cámara Baja.
Del monto total, G. 15,6 billones provendrán de recursos del crédito público; G. 36,2 billones, de recursos del Tesoro -con un incremento de G. 27.668 millones frente a la versión de Diputados-; y G. 53,4 billones, de recursos institucionales, que también se aumentó en G. 556 millones.
Breve debate
Los senadores adelantaron como punto uno al estudio del PGN 2023 y, tras un breve debate, sancionaron el documento. Casi todas las comisiones asesoras de la Cámara Alta recomendaban la sanción del documento en versión Senado.
El senador Stephan Rasmussen fue el único que manifestó que optaba por la aprobación del documento en la versión de Diputados. “En líneas generales, porque tiene menos ampliaciones en cuanto a gastos corrientes y específicamente en cuanto al aumento de G. 20.000 millones que se da en equiparaciones salariales y en gastos de financiamiento e inversión en el Congreso Nacional y en la Cámara de Senadores, y también el aumento de casi G. 30.000 millones que se da en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)”, explicó.
El legislador Pedro Santa Cruz, por su parte, se refirió sobre la posición de las autoridades del Ministerio de Hacienda, quienes habían denunciado que lo aprobado en el Congreso podría propiciar problemas al Tesoro Público. Al respecto, el parlamentario dijo que el Ejecutivo ya remitió un presupuesto con un crecimiento importante y que, por tanto, el Congreso no sería el único responsable si se llega a tener problemas de financiamiento.
Por último, enfatizó en que el PGN “se encuentra sustentado principalmente en ingresos no tributarios”.
“Recaudamos muy poco con impuestos y lo que ingresa proviene de los que menos tienen, de la clase media y media baja, nuestros ingresos provenientes de tributo son inequitativos al sostenerse fundamentalmente en impuestos indirectos, es decir, aquellos que gravan la comercialización de bienes y servicios, ejemplo: Impuesto al Valor Agregado (IVA), que representa casi tres cuarto de los ingresos tributarios”, manifestó.
La Presidencia de la República tiene tiempo hasta enero para promulgar o vetar la Ley de PGN 2023
Ampliación Mades
Por otra parte, en su sesión extraordinaria y con 34 votos a favor, el Senado rechazó la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley Nº 7.012 “Que modifica y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por Ley Nº 6.873, de fecha 4 de enero de 2022 – Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”, presentado por varios diputados.
Por el dictamen de aceptar la objeción del Poder Ejecutivo, el senador Stephan Rasmussen argumentó que este proyecto es una ampliación para sueldos de cerca de G. 3.000 millones, para aproximadamente 300 funcionarios.
“Sin hacer ninguna evaluación y desempeño en sus cargos. Esto está previsto solamente para los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año, y tendrá un impacto en el presupuesto del próximo año”, puntualizó.
A su turno, el senador Pedro Santa Cruz, presidente de la Comisión de Cuentas y Control, expuso que el pedido de la ampliación contempla la recategorización de salarios de funcionarios y que “cree que corresponde reconocer el trabajo de los guardaparques”, que son los funcionarios más desprotegidos, con bajo salarios, y realizan un trabajo indispensable.
De esta manera, el documento quedó sancionado y se remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación.
