El uso del fondo de emergencia sanitaria de USD 1.600 millones, creado en el marco de la pandemia de COVID-19, estuvo caracterizado por una elevada ejecución de los recursos para el funcionamiento del Estado, pero con baja utilización del monto presupuestado para el fortalecimiento del sistema de salud pública.
En los cuatros meses de vigencia del fondo – abril a julio del 2020 –, la ejecución de los USD 1.600 millones previstos en el paquete global llegó al 54,8% (USD 877 millones), pero con un monto total asignado (transferido a las instituciones) de USD 1.338 millones. Así lo dieron a conocer autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud Pública durante la segunda rendición de cuentas sobre el uso de los fondos.
El informe sostiene que de los USD 494 millones designados al fortalecimiento de la salud, el Ministerio de Hacienda transfirió USD 253 millones a Salud Pública, pero el monto total utilizado por la cartera sanitaria fue de apenas USD 37 millones, llegando a una ejecución de 7,4%. En tanto, USD 131 millones están atados a procesos de licitación para la compra de insumos médicos.
El Ministerio de Hacienda aclaró que el presupuesto inicial designado a Salud Pública fue de USD 514 millones, pero este quedó en USD 494 millones tras la reasignación de USD 20 millones al programa Pytyvõ 2.0. Esto, para dar una rápida respuesta a los trabajadores fronterizos, ante el retroceso de fase en la cuarentena inteligente dictado para el departamento de Alto Paraná.
Por otro lado, los recursos disponibilizados para los gastos sociales y funcionamiento del Estado – donde se encuentran los programas de Adultos Mayores, Tekoporã, pago de jubilaciones, pago de salario público, servicio de la deuda, etc. – presentan una ejecución de 94,5%. De los USD 534 millones autorizados, se llegó a gastar USD 505 millones.
Asimismo, los fondos direccionados a la capitalización de la banca estatal – Banco Nacional de Fomento (BNF), Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Fondo Ganadero y Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) – y al Fondo de Garantías para las mipymes (Fogapy) fueron utilizados en 81,2%. El dinero para el subsidio de los servicios básicos (ANDE y Essap) fueron ejecutados en 24,1%; mientras que los recursos autorizados para los programas Pytyvõ, Pytyvõ 2.0, IPS y Ñangareko acumulan un uso de 5,8%.
Desde la cartera económica adelantaron que los saldos no utilizados en servicios sociales y compromisos del Estado, mipymes y capitalización, serán destinados al financiamiento de la prórroga de las exoneraciones establecidas hasta agosto en el pago de las facturas emitidas por la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) y la Essap (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay), prevista por decreto N° 3.770.
