El riesgo país o riesgo soberano es la exposición a pérdida financiera a consecuencia de problemas macroeconómicos y/o políticos acaecidos en un país receptor de la inversión, resultado de evaluaciones realizadas por agencias calificadoras.
Concretamente, los mercados financieros tienen la necesidad de condensar en un número el riesgo país para tomar decisiones. Entre mayor sea el riesgo país, mayor será la probabilidad de incumplimiento soberano y mayor será el costo de financiamiento nacional o internacional de las empresas al interior del país.
Es decir, un mayor riesgo país implica principalmente mayor especulación y menos incentivos para la inversión directa.
Además, el riesgo país también se define como el grado de estabilidad económica y política de una nación. En los mercados financieros se le suele definir como la sobretasa a pagar por un país entre el diferencial (EMBI – spread) de una canasta de bonos del país en cuestión y el bono del Tesoro Americano (T‐Bond).
En palabras sencillas, el Emerging Markets Bonds Index (EMBI) es la diferencia entre las tasas de interés que pagan los bonos denominados en dólares emitidos por los países emergentes y los bonos del tesoro de Estados Unidos, por lo que es una aproximación del riesgo país, dado que refleja la evaluación que hacen los inversores sobre la capacidad de los países para hacer frente a los compromisos financieros asumidos.
En este punto cabe mencionar que Paraguay arrancó el 2024, posicionándose como uno de los países que demuestra menor nivel de riesgo para los inversionistas, dentro de una región donde el promedio disimula la estabilidad en unos casos y la alta incertidumbre en otros países.
Mientras la vecina Argentina demuestra un nivel de riesgo cercano a los 20 puntos, Paraguay se posiciona en 1,97, siendo uno de los cuatro países con menores niveles de riesgo de la región, según un cálculo realizado a inicios de enero por JPMorgan Chase.
En el indicador, Paraguay se posiciona como el cuarto país con menor nivel de riesgo y capacidad de cumplir con sus obligaciones, por detrás de Uruguay, Chile y Perú.
Institucionalidad
Por otra parte, la institucionalidad se refiere al conjunto de instituciones, normas, leyes, prácticas y procesos que organizan y regulan la vida política, social y económica de una sociedad.
Es importante mencionar que estas instituciones pueden incluir el gobierno, el sistema legal, los organismos reguladores, las fuerzas armadas, las organizaciones no gubernamentales, entre otros.
Un alto nivel de institucionalidad implica que estas instituciones son fuertes, transparentes, confiables y capaces de cumplir con sus funciones y responsabilidades de manera consistente. En contrapartida, un bajo nivel de institucionalidad indica debilidades en estas áreas, como corrupción, falta de transparencia, ineficiencia o inestabilidad política.
Además, la calidad de la institucionalidad puede variar considerablemente entre diferentes países y regiones, y también puede cambiar con el tiempo debido a factores como cambios políticos, reformas institucionales, eventos históricos y presiones sociales.
Cuidar la institucionalidad de un país es crucial por varias razones fundamentales:
Estado de derecho: La institucionalidad garantiza que el Estado funcione bajo el imperio de la ley, asegurando que todos los ciudadanos sean tratados de manera justa y equitativa ante la ley. Esto proporciona estabilidad y previsibilidad en la sociedad.
Democracia: Las instituciones democráticas, como el parlamento, el poder judicial y los sistemas electorales, son pilares fundamentales de la democracia. Proteger su integridad es esencial para mantener la democracia representativa y participativa.
Respeto a los derechos humanos: Las instituciones suelen ser los principales garantes de los derechos humanos. Proteger la institucionalidad implica asegurar que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sean respetados y protegidos.
Desarrollo económico y social: Un entorno institucional sólido es crucial para fomentar la inversión, el comercio y el desarrollo económico sostenible. Las instituciones transparentes, eficientes y justas crean un ambiente propicio para el crecimiento económico y la prosperidad.
Prevención del abuso de poder: Las instituciones actúan como contrapeso al poder, limitando el riesgo de abuso por parte de los gobernantes o de cualquier actor poderoso en la sociedad. Esto es esencial para evitar la corrupción y el autoritarismo.
Por tanto, la calidad y fortaleza de las instituciones de un país son factores fundamentales que influyen en el riesgo país. Los inversores evalúan cuidadosamente estos aspectos antes de decidir dónde asignar sus recursos, y los países con instituciones sólidas tienden a tener un menor riesgo país y, por lo tanto, atraen más inversión.
Grado de inversión
Cabe mencionar que Paraguay se encuentra muy cerca del grado de inversión y recientemente la calificadora S&P elevó la calificación crediticia soberana de Paraguay a ‘BB+’ desde ‘BB’.
También, revisó al alza la transferencia y evaluación de convertibilidad (T&C) a ‘BBB-‘, con lo que esta nota ya se encuentra en nivel de grado de inversión, al igual que el Country Ceiling analizado por Fitch.
Comunicado de los gremios
En este contexto, la semana pasada en el Senado se dio la expulsión de la parlamentaria Kattya González, sin respetar el debido proceso y el uso del reglamento aprobado por el mismo colegiado. Este hecho hizo que diferentes gremios se mostraron preocupados por la seguridad jurídica de nuestro país.
En este sentido, desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) se mostraron preocupados por lo que está sucediendo en el ámbito parlamentario nacional e hicieron un llamado a la cordura y a la construcción de un país basado en instituciones respetables.
“El orden constitucional, el debido proceso, las garantías procesales, el derecho a la defensa, la aplicación justa y oportuna de reglamentos y leyes, la igualdad ante la ley, constituyen la base fundamental de la seguridad jurídica en la convivencia democrática”, afirmaron.
En el mismo sentido, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), en un comunicado aseguró que lo sucedido en el Senado genera dudas sobre la seguridad jurídica y presenta las debilidades de nuestra democracia.
“Nuestro país necesita avanzar hacía el grado de inversión y aumentar la inversión extranjera y lo acontecido empaña este proceso. Los tres poderes del estado deben alinear sus objetivos hacía el bienestar de nuestra gente”, manifestaron.
También, La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), sostuvo que los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben volver a enfocarse en lo importante: el bienestar de toda la ciudadanía.
“Para que el sector privado y la economía funcionen es fundamental que haya estabilidad política. Por eso, llamamos a la clase política a dejar de lado el circo y sus intereses mezquinos. No pueden olvidar que tienen un mandato, son administradores de la cosa pública y deben dar cuenta de ello”, indicaron.
Impacto de los problemas políticos en la calificación país
El economista Jorge Garicoche opinó respecto a si estos problemas políticos podrían impactar en el camino hacia el grado de inversión. El mismo dijo que es importante recordar que este proceso se basa en la evaluación de diversos factores, incluyendo la capacidad de pago y el riesgo crediticio.
Afirmó que los conflictos políticos afectan a la producción, la inversión y los niveles de recaudación, y estos podrían influir en la percepción de los inversionistas sobre la estabilidad económica del país.
Sin embargo, resaltó la capacidad de pago de Paraguay, la cual ha sido históricamente sólida, a pesar de los desafíos políticos. Puso de ejemplo a otros países, como Perú, que ha mantenido su grado de inversión a pesar de enfrentar conflictos políticos similares, lo que sugiere que si bien los problemas políticos pueden afectar la percepción de riesgo, no necesariamente determinan el resultado final en términos de calificación crediticia.
Por su parte, el economista Manuel Ferreira sostuvo que los conflictos políticos y los cambios en el marco legal pueden socavar esa percepción de estabilidad y confianza en el país. Dijo, por ejemplo, si hay cambios frecuentes en las leyes o si se cuestiona la independencia del sistema judicial, los inversionistas pueden volverse más cautelosos y reacios a invertir en el país. Esto, a su vez, podría alejar al país de alcanzar el grado de inversión, ya que se necesitan condiciones estables y predecibles para mantener esa calificación.
