Paraguay se encuentra inmerso en una controversia debido a los recientes cambios en los fondos educativos y de alimentación estudiantil. La propuesta de asignar más recursos al Fondo Nacional de Alimentación Estudiantil (FONAE) a expensas del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) ha generado interrogantes sobre el porvenir de la educación y la investigación en el país. A pesar de las promesas de implementar medidas para garantizar la transparencia en el uso de estos fondos, persiste la incertidumbre debido a anteriores irregularidades en la ejecución de programas escolares. La efectividad de estas acciones y la confianza en el gobierno están siendo rigurosamente examinadas.
En las últimas semanas (además de la problemática por la expulsión polémica de la ex senadora Kattya González y también el drama de los Nepomierdis) también estaba en el foco público el FONAE (Para aquellos que no lo conocen, les presento, el mismo es el Fondo Nacional de Alimentación Estudiantil), sin embargo, el dato que hace que se le levante la ceja a más de uno es la cantidad de dinero que piensan destinar a este proyecto adicionando a la eliminación del FONACIDE (que es el Fondo Nacional de inversión Pública y desarrollo junto con el Fondo para la Excelencia de la Educación y de la Investigación).
Dejando de lado una introducción que a más de uno le habrá dado algo de sueño, sigamos con lo que nos trae por aquí, el FONAE.
El Fondo Nacional de Alimentación Estudiantil es un patrimonio de afectación fiscal blindado, destinado exclusivamente al financiamiento de la Alimentación Escolar en Paraguay (Proyecto de Ley que universaliza equitativamente la alimentación escolar (“Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo”) y modifica y amplia la Ley N° 5210/2014 “De Alimentación Escolar y Control Sanitario” y sus Modificaciones, Artículo 1, Honorable Cámara de Senadores 2023).
Con una fuente APA más extensa que las negociaciones sobre el PGN (Para que luego no me acusen de plagio, ustedes me entenderán), así también son las preguntas que nacen sobre este más que sospechoso y poco agraciado proyecto.
Como toda cosa que proviene de fuentes inescrupulosas y políticos con cierta fama de tenerle un excesivo gusto a quedarse con el dinerillo del pueblo, también crece la desconfianza y el desconcierto sobre qué diantres pasará con el FONACIDE.
Pues la respuesta es clara, en el artículo 13 del susodicho proyecto propone la derogación de los artículos 1° al 8° de la Ley N° 4758/2012 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (En católico, adiós gran parte del FONACIDE y toda financiación destinada a la educación como el arancel cero en las universidades y los programas de investigación promovidos mediante el CONACYT).
Pero bien, ¿Qué monto adicional se iría a parar al FONAE? Estos montos a continuación se manejaban hasta la fecha:
Extraído de la versión beta del portal de datos abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas, 2024
Con esos números, se repartían a las 17 gobernaciones de los cuáles, 11 de las 17 gobernaciones ejecutaban entre el 50% o menos según datos de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, queda otra duda, ¿Qué hay de los demás proyectos que dependían del FONACIDE?
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas señala que la Ley de Arancel Cero y los fondos de salud serán financiados con recursos del Tesoro Público (Fuente 10) y que para el caso del Fondo de la Excelencia en la Educación e Investigación los proyectos en ejecución ya cuentan con recursos comprometidos para asegurar su culminación (Agencia de Información Paraguay, 2024).
Siguiendo con la narrativa y aliviando un poco al lector (más si usted es estudiante de la Universidad Nacional o si es investigador o becario), desde la Presidencia de la República a partir de lo mencionado por la vocera Paula Carro, que el FONAE tendrá un triple control sobre su ejecución (acompañando al CONAE los entes como la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) para así reforzar la transparencia y el uso óptimo de los recursos (o bien eso nos quieren hacer creer).
Aunque en un preludio, la Contraloría detalla las irregularidades en la ejecución para el almuerzo escolar en los años 2021 y 2022.
A todo esto, y con tantas piñas recibidas por el gobierno presente y sus muy honorables congresistas, pretendiendo tapar sus errores con intentos altruistas (claro, con dinero ajeno cualquiera es altruista) de hacer bien las cosas con la puesta en práctica del proyecto de hambre cero siguiendo los lineamientos del ODS 2 con el mismo nombre.
Solo el tiempo dirá si esto se vuelve un fracaso más o será una tenue luz en la penumbra de este gobierno incompetente.
