La cadena de supermercados francesa Carrefour anunció recientemente que dejará de vender carne bovina proveniente de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Esta decisión busca apoyar a los productores locales europeos, quienes manifestaron su rechazo al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Según estos sectores, el pacto facilitaría una entrada masiva de productos sudamericanos al mercado europeo, incluyendo alrededor de 100.000 toneladas de carne, lo que generaría preocupación sobre la competitividad local.
El director general de Carrefour, Alexandre Bompard, indicó que quiere actuar junto al sector agrícola, por lo que se tomó esta decisión. “Esperamos inspirar a otros actores del sector agroalimentario e impulsar un movimiento de solidaridad más amplio”, había mencionado.
La respuesta a esta medida no tardó en llegar y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado manifestando su preocupación. Según la ARP, la decisión de Carrefour se basa en argumentos carentes de fundamentos técnicos y atenta contra un sector clave para la seguridad alimentaria global.
La ARP subrayó que la producción ganadera del Mercosur abastece a más de 100 países con carne de alta calidad, contribuyendo a garantizar proteínas esenciales para millones de personas. Además, destacó los esfuerzos realizados por los productores de la región en la implementación de sistemas sostenibles, como el uso de tecnologías de trazabilidad y prácticas silvopastoriles, que minimizan el impacto ambiental de la actividad.
El comunicado también enfatizó en el impacto social y económico de la ganadería, que genera empleo directo e indirecto para millones de personas, dinamizando las economías rurales y sosteniendo comunidades enteras.
En este sentido, el gremio señaló que la medida de Carrefour no solo afecta a los productores ganaderos, sino también a trabajadores, pequeños empresarios y familias cuya subsistencia depende de esta industria.
Es así que esta situación fue calificada como un “acto de proteccionismo encubierto” que amenaza el comercio justo y la reputación de un sector que cumple con altos estándares internacionales en sostenibilidad y bienestar animal. “Decisiones como esta ponen en riesgo la estabilidad del suministro global de alimentos y obstaculizan el desarrollo económico regional”, advierten.