«Condenamos y rechazamos los actos de terrorismo por parte de organizaciones criminales, que predican el odio y traen el luto a las familias paraguayas, sin distinción de posición económica o social». Así inicia el comunicado del sector empresarial, firmado por un total de 81 gremios, en el cual manifiestan su rotundo rechazo al grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Esto, tras el secuestro del ex vicepresidente de la República, Óscar Denis, y su peón Adelio Mendoza, perpetrado por el EPP el pasado miércoles.
Los gremios empresariales sostienen que la vigencia del Estado de Derecho es un principio innegociable y el uso de la fuerza es monopolio del Estado, por lo que instan a las instituciones de seguridad a realizar todo el esfuerzo posible y utilizando todos los recursos disponibles, para someter a la justicia a estos criminales.
«Nos preocupa que en momentos donde todos los ciudadanos debemos estar unidos ante esta amenaza, oportunistas irresponsables, con intereses mezquinos traten de obtener réditos sobre la angustia y desesperación de las familias afectadas», critican los gremios
Por último, instan a todos los actores de la sociedad paraguaya, sobre todo, a las instituciones del Estado, a encarar un proceso de cambio y reestructuración real, para construir el Estado moderno y eficiente que se necesita, desterrando definitivamente las prácticas viciosas de la corrupción e impunidad.
Luego de unos días de haberse concretado el secuestro de ambas personas, el EPP contactó con la familia del ex vicemandatario a través de un panfleto, que fue dejado a unos kilómetros del lugar donde ocurrió el rapto.
En el sitio también se dejó un pendrive con algunas condiciones impuestas por el grupo criminal a la familia Denis, para la liberación de los ciudadanos. El grupo criminal exige la entrega de alimentos para 40 comunidades indígenas, por un valor de USD 2 millones; además de la liberación de Carmen Villalba y Alcides Oviedo -plazo que venció ayer-, dos miembros del EPP que actualmente se encuentran condenados a 17 y 23 años de cárcel, por ser hallados culpables de querer asesinar a tres policías en julio del 2004.
