Uno de los principales ejes de la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, es la reforma agraria, con un énfasis en la regularización de tierras. Desde el 15 de agosto hasta enero de este año, se han entregado 8.000 títulos de propiedad a pequeños productores, marcando un avance significativo en un proceso que ha sido históricamente lento y burocrático.
Impactos en los beneficiarios
Seguridad jurídica: La entrega de títulos de propiedad reduce la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra, evitando conflictos y desalojos. Con un documento que respalda la propiedad, los campesinos pueden invertir con mayor seguridad. El Gobierno ha destinado más de 425 millones de dólares en este proceso hasta la fecha.
Acceso al crédito: Uno de los principales beneficios de contar con un título de propiedad es la posibilidad de acceder a financiamiento en mejores condiciones. Con esta garantía, los pequeños productores pueden obtener préstamos con tasas de interés hasta un 50% menores que los otorgados sin aval, algo clave en un país donde los créditos a sola firma son limitados.
Mayor inversión productiva: La regularización de tierras facilita la inversión en infraestructura y tecnología en el sector agrícola. Tener acceso a financiamiento permite mejorar la maquinaria y ampliar la producción, lo que contribuye al crecimiento del sector. Sin embargo, aún persisten desafíos en la cobertura y en la capacidad de los productores para aprovechar estos créditos.
Formalización y recaudación fiscal: La regularización de la propiedad también tiene un impacto en la recaudación de impuestos y en el desarrollo territorial. Actualmente, muchos campesinos operan en la informalidad, lo que limita su acceso a programas de apoyo y reduce la contribución fiscal del sector.
Un desafío a largo plazo
El Gobierno ha planteado como meta entregar 50.000 títulos de propiedad para agosto de 2028, lo que representaría un crecimiento del 1.000% en comparación con el promedio histórico de 927 títulos anuales hasta 2023. Para ello, se necesitaría mantener un ritmo de distribución de 10.000 títulos por año, con una inversión total estimada en 2.660 millones de dólares.
Si bien el avance en la entrega de títulos es significativo, la reforma agraria en Paraguay sigue enfrentando retos como la burocracia en la regularización de tierras, la desigualdad en la distribución de la propiedad y la necesidad de mejorar las condiciones de acceso a financiamiento para los pequeños productores
