Río de Janeiro, 18 may (EFE).- Una jueza federal brasileña condenó a Coelba, una de las distribuidoras de la eléctrica Neoenergia, filial del grupo español Iberdrola en Brasil, a pagar una indemnización por los daños que causó al haber tendido una línea de transmisión en territorio de una comunidad indígena.
La sentencia por daños materiales y morales fue dictada en abril por la jueza primera federal civil de Feira de Santana, municipio del estado de Bahía (nordeste), ante una demanda presentada por el Ministerio Público Federal en favor de la comunidad tuxá, informó este organismo en un comunicado divulgado este jueves.
Neoenergía Coelba, en una nota enviada a EFE, señaló que respeta la decisión del juzgado de primera instancia pero que la apelará. «El departamento jurídico está analizando el contenido de la sentencia y presentará un recurso en el momento oportuno, por considerar que no provocó daños de orden material, moral o cultural al pueblo tuxá», aseguró la empresa.
La sentencia determinó que Coelba le pague a la comunidad tuxá una indemnización por daños materiales equivalente al doble del valor de la tierra por donde pasa su línea de transmisión dentro del territorio indígena, que aún tendrá que ser calculado por peritos.
La distribuidora también fue condenada al pago de una indemnización de un millón de reales (unos 200.000 dólares) por los daños morales colectivos causados a los indígenas.
En la misma sentencia, la jueza prohibió a los empleados de Coelba ingresar en el territorio de los tuxá, ubicado en el municipio de Benzaé, sin la previa autorización de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y de la propia comunidad.
«La Justicia reconoció que la instalación de la línea de transmisión provocó serias consecuencias de orden económico no sólo en el valor de la tierra sino también en la productividad y los rendimientos originarios de las actividades desarrolladas por los indígenas», según el comunicado del Ministerio Público.
La comunidad beneficiada es uno de los siete grupos en que fue dividida la población de la etnia tuxá cuando el Gobierno brasileño construyó una hidroeléctrica en su territorio, en el estado de Bahía, en la década de 1980 y los reubicó en otras regiones.
El grupo destinado a Benzaé fue instalado en 2008 en un territorio de 409 hectáreas adquirido por la Funai.
Pese al alegato de Coelba de que la línea fue construida en 1969 -antes de la llegada de los indígenas- y de que el territorio no puede ser considerado una reserva por haber sido creado tras la Constitución de 1988, la jueza consideró que los derechos de los tuxá al territorio que ocupan son «preexistentes».
