Quito, 3 sep (EFE).- El Gobierno ecuatoriano prevé recaudar unos 300 millones de dólares por el pago anticipado del Impuesto a la Renta (IR) con cargo al ejercicio fiscal de 2020, que se aplicará a un reducido porcentaje de los contribuyentes, una decisión que rechazan gremios del sector productivo.
La medida se aplicará exclusivamente a cerca del 0,02 % de los contribuyentes, es decir 1.068 grandes contribuyentes de un universo de 5,5 millones, «que no se vieron afectados por la pandemia y generaron utilidades durante estos meses», según un decreto suscrito por el jefe de Estado, Lenín Moreno, anunciado este jueves.
La Presidencia ha aclarado que la medida dispuesta no es un nuevo impuesto, sino una retención adelantada del valor que estos contribuyentes deberán pagar en 2021.
La decisión permitirá una recaudación aproximada de 300 millones de dólares que se destinará a «cubrir los principales valores de pago al sector salud, así como a cubrir las principales necesidades sanitarias para la pandemia COVID-19», indica el decreto.
GOBIERNO NECESITA LIQUIDEZ
Esto permitirá saldar las obligaciones pendientes con la Cruz Roja, entre otros prestamistas, así como la adquisición de medicamentos, dispositivos e insumos médicos, y el mantenimiento preventivo de la maquinaria sanitaria de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Asimismo, la adquisición de sangre, hemocomponentes y derivados; la contratación de mantenimiento preventivo, y otros gastos relacionados con ambulancias del MSP, entre otros rubros en salud.
Los contribuyentes que, por decreto, están obligados al pago anticipado son aquellos que obtengan ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto los que tengan relación de dependencia; y quienes en el ejercicio fiscal 2019 hayan percibido ingresos superiores a los 5 millones de dólares y obtenido beneficios de enero a julio de 2020.
El pago al Servicio de Rentas Internas (SRI) lo deberán realizar hasta el 11 de septiembre.
Mientras que -según el decreto- no estarán obligados al pago micro, pequeñas o medianas empresas; o cuya totalidad de ingresos respecto al ejercicio fiscal 2020 esté exenta de pago del IR de conformidad con la ley.
Tampoco los contribuyentes que tengan su domicilio tributario principal en el archipiélago de Galápagos; o que su actividad económica corresponda a la operación de líneas aéreas, a las actividades turísticas de alojamiento y/o comidas; al sector agrícola; a exportadores habituales de bienes, y a las actividades relacionadas con el sector acuícola.
«QUITARLE OXIGENO A UN ENFERMO DE COVID»
Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, criticó la decisión de Moreno al considerar que se trata de una forma «de quitarle liquidez al sector productivo para seguir cubriendo el gasto ineficiente del Estado».
«No alcanza el dinero que va a llegar del Fondo Monetario Internacional (FMI) porque nunca ajustaron el gasto y ahora tratan de quitarle la liquidez que no tiene el sector productivo», se quejó Alarcón en declaraciones a Efe.
Se refería a un acuerdo técnico que Ecuador alcanzó a finales de agosto con el FMI para acceder a 6.500 millones de dólares.
«Anuncian que ya tienen un acuerdo con el Fondo e insisten en cobrar impuestos. A mi no me queda claro… ¿No es que fue muy exitosa la negociación y que iban a dar un alivio al país?», se preguntó.
Tras tildar de «grave error» la decisión respecto al anticipo del IR, señaló que hay «muchas» empresas que facturan cinco millones de dólares al año pero que «no necesariamente disponen de caja».
Y en una analogía apuntó que la decisión de Moreno es «básicamente como quitarle oxígeno a un enfermo de COVID».
Por ello, no descartó una solicitud de acción de protección ante la Corte Constitucional, que el mes pasado declaró inconstitucional un primer intento del Ejecutivo de aplicar el pago anticipado, pues consideró que no estaba lo suficientemente claro el destino que se daría a los fondos.
«Lamentablemente lo que han hecho esta vez es comprar tiempo porque exigen que el pago se haga hasta el 11 de septiembre; entonces no le dan tiempo a nadie ni para pagar ni para presentar un recurso legal. Todo es mal hecho y con mala intención», opinó Alarcón.
Por ello, presume que se generarán multas para el que no pague y «habrán empresas que se verán afectadas y que, lamentablemente, no tendrán para pagar roles porque el Estado les está exigiendo que anticipen los impuestos».
