Bogotá, 13 jun (EFE).- La plenaria del Senado colombiano aprobó este martes un proyecto de acto legislativo que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, que hace parte de la implementación del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.
La iniciativa, presentada por el Gobierno, fue aprobada con 76 votos a favor tras una negociación en la que se llegó a un acuerdo con las bancadas de diversos partidos y con las altas cortes del país, detalló la Presidencia en un comunicado.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, aseguró que esta jurisdicción permitirá «que la paz llegue al campo con una vía judicial por la cual se puedan tramitar todas las diferencias» que hay sobre «los derechos a la tierra, a los baldíos y los bienes de uso público».
En ese sentido, explicó la Presidencia, se decidió «no crear una nueva corte como órgano de cierre para esta jurisdicción, sino que esa función la tenga la Corte Suprema de Justicia para unos asuntos y el Consejo de Estado para otros».
“Es el momento de tramitar nuestras diferencias por vía de la Justicia, de manera que logremos cumplir con el acuerdo de paz y lograr garantizar seguridad jurídica a todos los colombianos”, dijo Mojica.
La Jurisdicción Agraria y Rural está contemplada en el primer punto del acuerdo de paz y, según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, «solucionará de modo pacífico, en derecho, con justicia, todos esos conflictos que surgen en el mundo rural».
Eso, añadió el alto funcionario, es «algo que había sido un olvido histórico de nuestra sociedad» y hoy «es reconocido por este Congreso».
Durante la jornada, la Cámara de Representantes también aprobó en último debate otro proyecto de acto legislativo que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos y de especial protección con 149 votos por el sí y ninguno por el no.
«Gracias a las organizaciones, al movimiento campesino y a la resistencia campesina que dieron este resultado después de mucho trajinar y de tanto trabajar por esto. Es un reconocimiento a los líderes y lideresas», dijo la ministra Mojica.
Con esta iniciativa se modificó el artículo 64 de la Constitución Política, con lo que, según el Gobierno, se corrige una «exclusión histórica» desde que se promulgó la carta magna en 1991.
