Santiago de Chile, 5 ago (EFE).- El décimo aniversario del derrumbe de la mina San José, un viejo yacimiento en el norte de Chile donde 33 mineros quedaron atrapados durante 69 días, pasó prácticamente desapercibido en un país que ha estado meses asfixiado por la pandemia y que parece empezar a ver la luz.
Sin actos oficiales en la capital chilena ni en el lugar del accidente, en el desierto de Atacama, el Gobierno solo ha organizado un seminario online para repasar las medidas de seguridad que se tomaron desde entonces en la poderosa minería chilena.
«Quiero enviarles mi agradecimiento por el trabajo que muchos han hecho para que la minería chilena, que ha cambiado tanto desde entonces, mejorara y hubiera una verdadera cultura de la seguridad en la gran, mediana y pequeña minería», dijo a Efe el ministro de Minería, Baldo Prokurica, la autoridad de mayor rango que participó en el coloquio digital.
Ni siquiera el propio presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, recordó el aniversario en las redes sociales y eso que hacía unos meses que acababa de asumir el poder para su primer mandato cuando ocurrió el accidente, en 2010.
Tampoco los medios locales, muy enfocados en las últimas noticias sobre el nuevo coronavirus y la crisis socioeconómica, han hecho una gran cobertura del décimo aniversario.
Con 364.723 infectados y 9.792 muertos confirmados con PCR, Chile es el octavo país del mundo con más contagios, según la Universidad Johns Hopkins.
Pese a que la pandemia ha hecho estragos en el país, de apenas 19 millones de habitantes, los nuevos casos llevan semanas disminuyendo y Santiago, que durante meses fue el principal foco, se encuentra en plena fase de desconfinamiento.
«No se va a hacer nada conmemorativo por temor al contagio y porque hay que cuidarse, yo lo entiendo, pero sí le diría al presidente que se acuerde de los mineros», indicó a Efe el superviviente Jorge Galleguillos.
CÓCTEL DE NEGLIGENCIAS
El derrumbe de Atacama fue producto de un cóctel de negligencias por parte de la empresa dueña del yacimiento, que salió absuelta en el proceso, y de una falta de fiscalización de las autoridades, que para 2010 solo realizaron 2.400 controles en todo Chile, el principal productor de cobre del mundo.
En los últimos años el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha ido aumentando su capacidad y para 2019 contó con más de 60 agentes y efectuó 10.500 fiscalizaciones.
«El Gobierno del presidente Piñera, las autoridades, las empresas, los trabajadores y los propios mineros que estaban encerrados a 700 metros de profundidad hicieron posible un milagro», apuntó el ministro.
Con el mundo entero en vilo, los 33 hombres fueron sacados sanos y salvos de las entrañas de la tierra en un rescate faraónico, que despertó el orgullo de todo un país y fue seguido en internet por más de mil millones de personas.
Los mineros se convirtieron en una suerte de héroes nacionales por su resiliencia y su trabajo en equipo y viajaron por todo el mundo contando su hazaña.
Hoy, su realidad es muy distinta: la gran mayoría no ha vuelto a trabajar en la minería y sobreviven gracias a una pensión estatal que ronda los 400.000 pesos, cerca de 520 dólares al cambio actual, la mitad de lo que cobraban en el yacimiento.
«Hay otros compañeros que están con problemas psicológicos todavía, que no pueden colocarse en ningún tipo de trabajo», lamentó a Efe Omar Reygadas, otro de los mineros.
El Estado chileno fue condenado en 2018 a pagar más de 100.000 dólares a 31 de los 33 mineros, pero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló la sentencia al considerar que ya habían sido compensados con pensiones vitalicias y aún está pendiente el fallo.
«Nosotros no fuimos héroes, fuimos víctimas», aclaró en declaraciones a Efe el minero Claudio Yáñez, que tiene tres hijos y lleva diez años sin trabajo formal.
María M.Mur
