Santiago de Chile, 1 jul (EFE).- Con una ambiciosa reforma tributaria que incluye una regalía a la minería e impuesto a la riqueza, el presidente chileno, Gabriel Boric, busca acercar al país, uno de los más desiguales de Latinoamérica, a los estándares de la OCDE en materia tributaria.
El mandatario progresista presentó este viernes la que fue una de sus principales promesas de campaña: una inédita agenda que, en esencia, apunta a que los ricos contribuyan más en un país con una de las tasas más bajas de recaudación en proporción a su riqueza de todo el bloque de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Solo tres meses en el cargo valieron a este ex líder estudiantil para alinear a su heterogéneo gabinete -que incluye a la izquierda más radical y a la más moderada del país-, y construir, pese a la resistencia de la derecha, una política fiscal con la que busca financiar la amplia agenda de derechos sociales que trae bajo el brazo.
«Esto va más allá de un gobierno de turno (…) El objetivo de una reforma tributaria es precisamente avanzar hacia una mayor equidad, avanzar en mayor igualdad y cohesión social», afirmó el mandatario sobre una reforma a la que se ha resistido durante años los partidos políticos y los dueños del dinero, y que había causado críticas y enorme expectación.
RECAUDAR UN 4,1 % DEL PIB
La propuesta, a la que le espera un largo camino en el Parlamento, busca recaudar un 4,1 % del producto interno bruto (PIB), unos 12.000 millones de dólares, para “financiar cerca de la mitad del costo del programa de gobierno”, detalló el ministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel.
Para lograrlo, el Ejecutivo propone diferentes mecanismos, como elevar el aporte del 3 % de los contribuyentes de mayores ingresos para «avanzar hacia la justicia tributaria»; elevar la tasa por ganancia de capital de operaciones bursátiles del 10 % al 22 %, o un impuesto a la riqueza a quienes excedan los 5 millones de dólares de patrimonio.
Sobre el impuesto a la renta, la tasa marginal máxima se establecería en el 43 %, ubicándose en el promedio de los países de la OCDE, y “más del 97 % de los contribuyentes mantendría su carga tributaria actual”, destacó Marcel.
Según las proyecciones, la recaudación sería gradual: de un 0,6 % del PIB en 2023; del 1,8% en 2024; 3,1 % en 2025, y 4,1 % en 2026.
Otro de las grandes novedades es aumentar la tributación de la gran minería del cobre, del que Chile es principal productor mundial, a aquellos explotadores con más de 50.000 toneladas de producción anual.
La reforma propone transicionar de la actual regalía, del 3 % de las ventas totales, a una híbrida: con un componente sobre las ventas de entre un 1 % y un 4 %, y otra tasa de entre 2 % y 32 % sobre la rentabilidad operacional en función del precio del metal.
MÁS CAPACIDAD REDISTRIBUTIVA
Pese a ser uno de los países con mayor renta per cápita de América Latina, Chile es uno de los estados más desiguales y con menor capacidad redistributiva de la OCDE, teniendo en cuenta que los impuestos logran reducir la desigualdad en un 2,5 % frente al 10 % en promedio del grupo.
Así lo destacó hace unos días el organismo, que señaló que según la recaudación tributaria como porcentaje del PIB, la marca de Chile en 2020 (19,3 %) se encontraba muy por debajo del promedio del conglomerado (33,5%), solo por delante de México (17,9 %) y Colombia (18,7 %).
Pese a que ha habido varias reformas tributarias desde el retorno a la democracia, en 1990, «los ingresos operacionales se han mantenido prácticamente iguales en los últimos 30 años», señaló Marcel.
ENTRE CRÍTICAS Y ELOGIOS
«La reforma es bastante realista, flexible y apunta a afectar a aquellas personas que tienen más recursos o que tienen esta pésima práctica de la evasión», opinó el diputado socialista Jaime Naranjo.
Mientras que desde el oficialismo señalan que los cambios fiscales son imprescindibles para instalar la agenda de transformación y cambios sociales que prometió Boric, desde la derecha lo ven como una política demasiado ambiciosa e inconveniente, en momentos en que el país atraviesa una acuciante inflación que alcanzó el 11,5 % en mayo.
«Pensaba que el primer anuncio en materia económica del Gobierno iba a estar enfocada en cómo enfrentar la inflación», se quejó el senador derechista Juan Antonio Coloma (Unión Democrática Independiente).
El diputado Frank Sauerbaum (Renovación Nacional, derecha), agregó por su parte que «el Gobierno con esta reforma no se hace cargo de la realidad económica del país».
«Pareciera que no pasa nada, pero tenemos una recesión ad portas, un alto nivel de inflación, una devaluación de la moneda nacional muy importante (…)», lamentó.
