Santiago de Chile, 14 abr (EFE).- El Gobierno y el Parlamento de Chile anunciaron este viernes un acuerdo para agilizar la tramitación de 31 proyectos sobre seguridad en pleno repunte de la violencia y la delincuencia en el país.
«Es un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también un acuerdo entre representantes del oficialismo y representantes de la oposición», indicó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
«Es un acuerdo que da prueba que entendemos que es necesario construir unidad para enfrentar el desafío del crimen violento», agregó Tohá en una rueda de prensa junto al presidente del Senado, el opositor Juan Antonio Coloma, y el de la Cámara de Diputados, el oficialista Vlado Mirosevic.
Las iniciativas legislativas, que fueron presentadas tanto por el oficialismo como por la oposición, incluyen desde la prohibición del porte de combustible en manifestaciones o la obligatoriedad de cámaras corporales en procedimientos policiales hasta el fortalecimiento de las competencias preventivas de municipalidades.
También contemplan la simplificación de los procesos para la construcción de cárceles, la tipificación del delito de tenencia de elementos tecnológicos en las cárceles o el mejoramiento en la persecución de la ruta del dinero de las organizaciones criminales, entre otros temas.
«Esto va a significar que tengamos que convocar a sesiones extraordinarias, donde el Congreso va a tener que votar más leyes y más rápido», explicó Mirosevic, del oficialista Partido Liberal (PL).
«Es exigente, pero hay que hacerlo. Chile lo necesita», indicó por su parte Coloma, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), quien explicó que los proyectos se aprobarán en 75, 150 o 365 días.
Chile, uno de los países más seguros de la región, vive un aumento de la violencia, que en el último mes ha dejado tres agentes muertos en distintos procedimientos.
De acuerdo a la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 se registraron 934 homicidios, lo que supone un aumento del 34,33 % con respecto al año anterior, cuando hubo 695 homicidios.
Los asesinatos de los tres policías aceleraron la aprobación la semana pasada de la polémica ley «Naín-Retamal», que establece que en caso de que un policía o militar utilice sus armas de servicio se presumirá que han sido «correctamente empleadas» cuando actúen en defensa propia.
La norma, impulsada por la oposición y bautizada por sus detractores como «ley de gatillo fácil», fue criticada por expertos penalistas y por Naciones Unidas.
Los crímenes también empujaron al Gobierno chileno a tomar una serie de medidas para combatir la delincuencia, como la intervención de los 30 municipios con mayor número de homicidios.
